Monotributistas: primeros criterios para calificar al crédito a tasa 0%

La puesta en práctica del crédito a tasa 0% que el Gobierno diseñó para prestar asistencia a trabajadores autónomos y monotributistas, un sector hasta ahora desatendido, demandará varios días, pero está en camino.

Hoy se definieron los criterios de asignación de la línea (que compromete subsidios públicos por hasta $37.000 millones) para que la Jefatura de Gabinete determine el universo de personas a los que se buscará asistir.

De acuerdo al Acta N° 4 del Comité de Evaluación del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, publicado hoy el Boletín Oficial, si bien el beneficio se plantea como disponible para todos los monotributistas, tiene numerosas condicionalidades.

Tal como adelantó ayer LA NACION y se publicó esta mañana en el Boletín Oficial, este salvataje no alcanzará a trabajadores independientes que estén tramitando o ya hayan cobrado los $10.000 por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Además, quienes puedan acceder a estos créditos a tasa 0% no deberán prestar servicios al sector público nacional, provincial o municipal. Se considerará que lo hacen si al menos el 70% de su facturación en el período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 fue emitida a favor de jurisdicciones o entidades públicas. Tampoco deberán percibir ingresos provenientes de una relación de dependencia o de una jubilación.

El beneficio estará disponible para aquellos a quienes se les pueda comprobar una caída importante en la facturación electrónica, ya que se la considerará derivada de las limitaciones que impone la cuarentena. El monto de la facturación electrónica del período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 debe haber caído "por debajo del promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría" en la que la persona esté registrada.

En los casos en que la facturación electrónica no se encuentre disponible las compras no deberían ser superiores al 80% del promedio mensual del límite inferior de la categoría en que se encuentre registrado, aclara el acta del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Por último se confirmó que los beneficiarios de este financiamiento no podrán comprar dólares en el mercado oficial ni tampoco títulos en pesos "para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o transferencia en custodia al exterior hasta la cancelación total del crédito", una especificación que busca que tampoco puedan hacerlo por el mercado bursátil.

Los interesados en postularse para recibirlo tendrán que ingresar con su clave fiscal en la página de la AFIP (https://www.afip.gob.ar), ya que ese organismo se encargará de verificar los datos como también certificar niveles de facturación de los postulados.

Una vez completado ese paso se abre la ronda final de conversaciones con los bancos, quienes deberán aportar los fondos para poner en marcha el sistema.

El plan busca viabilizar desembolsos por hasta $150.000 por contribuyente, que se acreditarán en 3 cuotas (a cancelarse en otras 9 cuotas, contadas desde que se terminó de percibir el préstamo) en la tarjeta de crédito de cada beneficiario, con lo que busca asegurar que esos fondos sean utilizados para concretar consumos. "La idea es que ese dinero se gaste en blanco, algo que sólo la tarjeta te lo garantiza", explicaron fuentes oficiales.

Hasta ahora, el plan no encuentra mayores resistencias entre los banqueros, que creen que la instrumentación respaldada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), que tendrá a su cargo el subsidio de la tasa, y el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), al que le corresponderá extender los avales por el financiamiento, les da una oportunidad de demostrar que si la línea para financiar pago de salarios al 24% funciona lento es sólo por limitaciones que impone una economía en caída libre desde hace dos años y con elevados niveles de actividad "en negro".

"Si, como en este caso, el Estado (por la vía de dos fondos) se planta en medio de la brecha entre la oferta y la demanda -que de otro modo posiblemente sería muy difícil de atender por el sistema- se eliminan varios de los problemas que a menudo traban los desembolsos de la otra línea", vaticinó a LA NACION un experimentado ejecutivo del sector.

La expectativa oficial es que este mecanismo genere una oferta crediticia por unos $130.000 millones destinada a cubrir necesidades básicas de miles de trabajadores independientes que hayan sufrido bajas sustanciales en sus niveles de facturación al ser arrastrados a la inactividad total o casi total por la cuarentena.

Las primeras cifras que se manejan en las asociaciones de bancos, en función de los aportes que cada fondo público recibió hasta ahora según el decreto 376/2020 (que facultó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a hacer un aporte directo de hasta $11.000 millones al Fondep y otro de $26.000 millones al Fogar) moderan ese alcance hasta los $105.000 millones, tomando en cuenta el apalancamiento por 4 que le daría ese capital al fondo de garantía.

La diferencia entre ambas estimaciones radica en el nivel de tasa que le corresponderá subsidiar al Fondep, la que en el sistema estiman en torno al 24% y el Gobierno buscará reducir, en especial si el nivel de demanda de esta asistencia termina siendo mayor que el que imaginan. "En un punto se puede manejar la barrera de acceso, pero sólo marginalmente", confió una fuente oficial, todavía impactada por los más de 420.000 empleadores se registraron en el Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) hasta el último fin de semana.