Crean una empresa estatal para manejar el Correo

El presidente Néstor Kirchner resolvió que la empresa Correo Argentino quede, por tiempo indefinido, en manos del Estado, y para eso dictó ayer el decreto 721, que dispone la creación del Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (Corasa), totalmente estatal.

Con esta medida, que fue dada a conocer por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y por el presidente de la Unidad de Administración del Correo Argentino, Eduardo Di Cola, se postergó la anunciada concesión del servicio postal al sector privado tras vencer los 180 días que había fijado el Poder Ejecutivo para convocar a potenciales interesados.

En noviembre pasado, la administración Kirchner resolvió rescindir el contrato que el Estado mantenía con el grupo Macri para la explotación del servicio. Se fijó entonces un plazo de seis meses para llamar a licitación pública nacional e internacional, pero los planes ahora han cambiado.

Si bien De Vido descartó un regreso del Estado a las empresas de servicios públicos, no precisó en qué momento se convocará a inversores privados. "Nuestra vocación no es el estatismo, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona la gestión oficial en el Correo porque notamos que el negocio tiende a consolidarse y los números podrían mostrar una rentabilidad interesante", se entusiasmó.

A pesar de pregonar el estado superavitario de la empresa, el funcionario no supo dar precisiones sobre los resultados obtenidos después de los primeros seis meses de operación estatal.

Desde 2000 hasta ahora, la primera empresa estatal que se creó fue la compañía aérea Lafsa (surgida tras la quiebra de LAPA y Dinar). Nació en los últimos días de gestión de Eduardo Duhalde, aunque con el aval del entonces candidato oficialista Néstor Kirchner.

No fue la única. Un mes atrás se dio a luz a Energía Argentina SA (Enarsa) -con un proyecto de ley que aún debe aprobar el Congreso-, diseñada por la actual gestión para operar, por sí misma o por medio de terceros, en los mercados de gas, petróleo y electricidad.

La flamante empresa de correo será la tercera firma que el Gobierno pone en manos del Estado su operación y financiamiento, amén de la decisión tomada, pero todavía sin concretar, de rescindirle el contrato a la empresa ferroviaria Metropolitano por incumplimientos en el servicio del ramal San Martín.

"El Presidente decidirá qué hacer en el futuro, conforme evolucione la gestión del servicio", sostuvo De Vido y repitió el buen momento financiero que atraviesa la compañía. "La facturación proyectada para este año ronda los 500 millones de pesos. Los números dan en azul y podría llegarse a una rentabilidad interesante", sostuvo el ministro De Vido.

El decreto, al que no se pudo tener acceso, pero del que Presidencia distribuyó un resumen, dispone que del 100% del capital de la nueva sociedad anónima el 99% pertenecerá al Ministerio de Planificación Federal y el uno por ciento restante, al Ministerio de Economía.

Una fuente que sigue de cerca la administración de Eduardo Di Cola al frente del Correo Argentino dijo a LA NACION que, a pesar de que el 45% de los ingresos de la empresa proviene de las ventas corporativas, que se cobran entre 90 y 150 días después, se está trabajando con un margen importante de ganancias.

"Pese a que el decreto 1075 establecía que el Estado debía aportar dinero para el funcionamiento del servicio, no fue necesario. Además, el dinero que se cobró hasta fines de marzo por venta corporativa era por servicios prestados, es decir, fue dinero que entró pero fue para la masa concursal. Así y todo, los sueldos y las cargas sociales se mantuvieron al día y no se generó deuda", dijo el informante.

Por otra parte, un trabajo reciente de AECA, la cámara que reúne a los correos privados, sostiene que entre 1993 y 2003 la actividad postal general pasó de 530 millones de unidades anuales a 927 millones durante el año pasado, con un pico de 1052 millones durante 2000.

El documento marca, sin embargo, que el mercado nunca pudo consolidarse por encima de los 1000 millones de envíos al año, como consecuencia de la creciente presencia de los operadores ilegales.

El mercado postal argentino está repartido un 63% entre los correos privados (que comprende a 254 compañías) y un 37% para el correo oficial, según datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Ayer, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones expresó su beneplácito por la medida que tomó el Gobierno, ya que se trata de una estructura de carácter empresarial, con amplia autonomía funcional orgánica y financiera.

El resumen del decreto difundido por el Gobierno señala que se dispone la constitución de la flamante sociedad anónima "con vocación de transitoriedad, hasta que se privatice", pero no habla en ningún momento de una fecha precisa para convocar al capital privado.

Por Por María Giselle Castro <br/> De la Redacción de LA NACION

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