Crearán un fideicomiso para asegurar el financiamiento de los proyectos de PPP

El sistema de corrupción entre las empresas contratistas del Estado y el sector público -que salió a la luz con los cuadernos de Oscar Centeno , pero que tomó otra dimensión con las declaraciones de los arrepentidos- golpeó de lleno el financiamiento no solo de los proyectos bajo el esquema de participación público-privada (PPP), sino de toda la obra pública , que hoy es el principal (y casi único) motor de la economía.

Por restricciones internas y normativas internacionales, los bancos necesitan esperar al desarrollo del caso judicial de las empresas involucradas en los escándalos de corrupción antes de acordar el otorgamiento de un préstamo. Como las obras de PPP deben comenzar en octubre -y la investigación puede tomar más de un año-, el Gobierno resolvió crear un fideicomiso que sirva como vehículo de intermediación para destrabar los créditos de corto plazo que se estaban negociando, basándose en la experiencia de lo que ocurrió con los proyectos de infraestructura en Brasil y en Perú, durante el caso del Lava Jato y sus ramificaciones en el exterior.

"El potencial delito de las empresas es lo que hoy priva los préstamos. Y como no se sabe cuántas empresas más van a estar implicadas, los bancos directamente resolvieron no levantar el teléfono para hablar con los clientes argentinos de obra pública", sintetizó un funcionario del área de Finanzas. "Esperamos que el panorama se aclare, pero eso puede durar de 6 a 12 meses, más o menos. La incertidumbre es lo que hay que remover, y por eso pensamos en estas soluciones, para que los bancos puedan seguir prestando y así sigan los proyectos de PPP y de obra pública", contó.

El fideicomiso como mecanismo de intermediación le fue presentado al presidente Macri el martes pasado y fue aprobado el jueves siguiente. Ahora, el objetivo es que salga al mercado en 15 días. Para conseguir los préstamos de los bancos privados y multilaterales, se está considerando incluir como recursos los US$600 millones que los consorcios habían depositado como garantía en caso de incumplir con sus contratos.

"El Estado va a exigir incluso derechos que tienen los consorcios bajo contratos PPP para que esté sobrecubierto el fideicomiso y que no se asuma riesgo adicional; simplemente para que pueda absorber el impacto temporal de que una empresa judicialmente no pueda devolver un préstamo por un tiempo y haya que juntar las garantías en un plazo mayor. Ese desfase temporal el Gobierno lo puede asumir, pero va a estar sobrecubierto", recalcaron, además de enfatizar que los bancos le prestan a un fideicomiso, que es distinto de prestarle al Estado, porque "no es deuda soberana".

Solo las seis obras de infraestructura vial mediante PPP implican una inversión de US$8000 millones para la remodelación, operación y mantenimiento por 15 años de 3300 kilómetros de rutas nacionales; US$6000 millones deberían ser ejecutados en los primeros cuatro años.

"Para garantizar el préstamo que el banco le va a dar al fideicomiso, está sobre la mesa presentar los US$600 millones de garantía de los consorcios, además de un aporte contingente que se puede hacer por vía presupuestaria, como tienen un aporte contingente los compromisos PPP con recursos presupuestarios. Pero aparte se va a obtener una contragarantía de los contratos privados para que den más seguridad y menos riesgo a los fideicomisos PPP. Así, el único riesgo que el Estado está absorbiendo es el reputacional, por el impacto temporal que pueda tener la ejecución de esas garantías con un consorcio que esté comprometido judicialmente", explicaron en el Gobierno.

Al momento, las empresas que son parte de los consorcios PPP y que están rozadas por las sospechas son Vial Agro -del empresario Pablo Quantín-, que se adjudicó obras en 700 kilómetros de las rutas 3 y 226 por US$1002 millones; José Cartellone Construcciones Civiles, que administrará 778 kilómetros de la ruta nacional 7 por US$801 millones, y Helport, que tiene como accionista mayoritario a Eduardo Eurnekian y resultó adjudicataria del Corredor Panamericano I y II, que conecta Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

El rol del Banco Nación

En cuanto a las obras por fuera de los PPP, en tanto, a las empresas contratistas se les comenzó a dificultar descontar en los bancos los certificados mensuales de avance de obra que les otorga el Estado. "El Banco Nación , que tiene suficiente liquidez, saldrá a cubrir el financiamiento de cortísimo plazo que los bancos van a verse impedidos de concretar. Hay que ver normativamente cómo se implementa, si se requiere otro fideicomiso, pero ya hay un compromiso de la banca pública y de Presidencia de usar esos recursos para mantener el nivel de actividad de la obra pública", dijeron.