Cristina está más pendiente del FMI que de la Justicia

Hasta hace poco menos de un mes, el principal desvelo de Cristina Kirchner era el riesgo de un estallido económico que hiciera trizas su incierto futuro político. Mucho más que su complicada situación en la causa judicial por corrupción en Vialidad, donde sabe que difícilmente tendrá una sentencia firme que le impida ser candidata a cualquier cargo electivo en 2023 debido a las innumerables instancias procesales incorporadas en las últimas décadas.

Por eso consintió a regañadientes que Sergio Massa tomara las riendas del Ministerio de Economía con la exigencia de evitar el salto cambiario que descontaban los mercados, aún a costa de medidas de ajuste sin antecedentes para los usos y costumbres del kirchnerismo pero que tampoco le aseguran frenar la galopante inflación.

Para el instinto de supervivencia política de CFK, es más preocupante la notoria escasez de dólares en el Banco Central que la obscena acumulación de billetes verdes en bolsos y cuevas facilitada por un modelo sistemático de corrupción que se empeña en negar, pese a que quedaron a la vista de la opinión pública.

En este contexto, el desarticulado contraataque lanzado por la vicepresidenta tras el impactante alegato de los fiscales al fundamentar el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tiene el efecto de una cortina de humo para ocultar la realidad económica y social. Lo mismo que haber encolumnado a todo el aparato del oficialismo (incluyendo al Presidente y al ministro de Economía, más tres mandatarios de izquierda de la región) en defensa de su situación personal.

La consigna “persecución y proscripción” tiene para Cristina, la militancia K y sus aliados por conveniencia, el significado de aferrarse al poder del Estado como fuente de empleo o ingresos –por derecha e izquierda– sin respetar la Constitución ni la división de poderes. De ahí también el embate contra la Corte Suprema, aunque no cuente con los votos para modificar su composición.

Todo este revuelo político-institucional es la antesala de una gestión oficial con muy poca épica: el próximo viaje de Massa a Washington, en la primera semana completa de septiembre, para negociar con el Fondo Monetario los desembolsos de ese mes y diciembre (equivalentes a US$10.400 millones), que no reforzarán las reservas del BCRA –porque se destinarán al pago de la deuda reestructurada con el organismo-, pero le otorgarán al Gobierno una cuota externa de oxígeno hasta fin de año. Allí se producirá además el debut formal de Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía, quien para asumir debió disculparse expresamente por varios tuits agraviantes contra CFK enviados años atrás. Otra señal de quién manda en el Frente de Todos.

El objetivo del ministro es asegurarse el desembolso de septiembre (US$4200 millones), ya que la meta de reservas netas registró un leve desvío en junio y lograr una “recalibración” de las metas (fiscales y de reservas) del tercer trimestre, con el argumento del fuerte impacto de la suba de precios internacionales en las importaciones de energía y el gasto en subsidios. Así podría recibir el desembolso de diciembre (US$6200 millones) y a la vez gestionar un préstamo extra (US$1300 millones en DEG) del fideicomiso habilitado por el FMI a los países miembros tras la pandemia, que no podrá ser adjudicado a la herencia de Macri. Por lo pronto, los mercados convalidaron esa posibilidad a juzgar por la relativa calma cambiaria de esta convulsionada semana, que le permitió al BCRA recomprar reservas por US$160 millones pese a la brecha de 100% con las cotizaciones financieras.

Si bien rechazó ampulosamente el acuerdo firmado en marzo por Martín Guzmán, CFK está más pendiente del resultado de la gestión en el FMI que de lo que ocurra con su situación judicial en los próximos meses. No sólo porque la principal carta de Massa es mantener el déficit fiscal primario en el 2,5% del PBI pactado para este año, que incluso le permitiría pedir un waiver en caso de incumplimiento. También porque del cierre fiscal dependerán los números del proyecto de presupuesto para 2023 que el ministro deberá enviar al Congreso el 15 de septiembre, poco después de su regreso al país.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) precisa que las medidas de ajuste anunciadas hasta ahora equivalen a 0,47% del PBI ($367.500 millones), dentro de un total de casi 0,9%. El anticipo extra de Ganancias –que en lugar del impuesto a la renta inesperada se convirtió en un anticipo inesperado– podría aportar 0,13%; la segmentación de tarifas, 0,18%, y la reducción de partidas aplicada por el Gobierno, otro 0,17 %. Para llegar a la meta restarían menores gastos o mayores ingresos por 0,41%, aunque por efecto de la mayor inflación el PBI nominal y los ingresos dejarían un margen adicional de recursos por $235.000 millones.

Aun así, la necesidad más apremiante para el Gobierno sigue siendo recuperar reservas líquidas. La escasez de “dólares baratos” se refleja en nuevos torniquetes a la importación de insumos, que frenan la actividad en distintos sectores industriales y elevan los precios para los que deben recurrir al contado con liquidación. Otra muestra es la decisión de impedir el acceso al “dólar ahorro” a los usuarios de luz y gas que mantengan tarifas subsidiadas, aunque la segmentación no se conocerá hasta dentro de un mes en el mejor de los casos. En julio, el BCRA debió vender US$688 millones para pagos al exterior con tarjetas (US$394 millones) y atesoramiento (US$256 millones).

Tampoco Massa pudo cumplir con el anuncio de obtener liquidaciones anticipadas de exportaciones por US$5000 millones (principalmente agroindustriales) pese a la existencia de líneas para prefinanciación. El motivo fue el fracaso del “dólar soja”, ante la renuencia de los productores a desprenderse de parte de sus granos acopiados en silobolsas con la compleja normativa aplicada por el BCRA (70% en depósitos ajustados por dólar oficial y 30% por “dólar solidario”), que no será prorrogada a fin de agosto. Ahora se analiza la posibilidad de un nuevo mix (60 y 40%) o un certificado de crédito fiscal aplicable al pago de retenciones.

El cepo cambiario reforzado también altera cualquier política de precios, junto con la suba de las tasas de interés para frenar la demanda de dólares que amenaza con endurecer la cadena de pagos. Mientras el Gobierno va corriendo el arco de una mayor disponibilidad de divisas, que proyectaba para septiembre y luego extendió a diciembre, la única certeza es que no apelará a congelamientos y reducirá la lista de precios cuidados por sector. Aun así, la inflación de agosto se perfila para superar el piso estimado de 6%, no sólo por la suba de 40% en el boleto de colectivos y trenes en el AMBA, las alzas en prepagas, alquileres y expensas de edificios, sino por los aumentos de dos dígitos en azúcar (84%); papel higiénico (62%); leche para bebés (43%); yerba mate (29,3%); jamón cocido (18%) y agua mineral (17%), relevados por esta columna en la misma sucursal de una cadena líder de supermercados. La perspectiva es que la economía ajusta por menos consumo y actividad.