1
Cuál es el costo presupuestario de las medidas que se discutirán hoy en el Congreso
El impacto fiscal de la avanzada opositora en el Congreso puede impactar en la estabilidad económica
7 minutos de lectura'
LA NACIONFrancisco Jueguen
Sólo con pagar la mejora a los jubilados que impulsa el Congreso y con modificar la distribución del impuesto a los combustibles y el reparto de ATN –Aportes del Tesoro Nacional-, Javier Milei estaría entregando este año el superávit fiscal, la joya de su plan que le permitió reducir la inflación, la deuda y controlar el dólar. Por eso, si el veto no alcanza, anunció hoy el Presidente, irá a la Justicia.
Las cuentas que hacen en el Ministerio de Economía son de almacenero. El proyecto de ley –con media sanción- que paga un incremento excepcional y de emergencia a todas las jubilaciones y pensiones, mejora del bono y transfiere cajas a las provincias tendría este año un costo fiscal de 0,9 puntos del PBI.
Por otro lado, y aunque los gobernadores afirman que no hay cambio alguno en los números finales, en el Palacio de Hacienda estiman que la modificación en el reparto del impuesto que se cobra cada vez que se carga nafta y la redistribución de los ATN genera un golpe de 0,4 puntos del PBI en la caja. Ambos sumarían un costo total de 1,3 puntos del producto, el superávit que proyectaba el Gobierno para todo este año en el proyecto de presupuesto 2025 que no fue aprobado.
Pero Economía le prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un superávit mayor ante un mundo geopolíticamente más complicado luego de la suba de aranceles de Donald Trump en su guerra comercial con China y ante los conflictos que se habían generado en Medio Oriente.
El ministro Luis Caputo ofreció entonces, a mediados de abril, un resultado de caja positivo en 1,6% del PBI. Con eso, explicaron las autoridades nacionales ante el Fondo, se cuidaría la estabilidad del modelo de Milei. Sin embargo, esos 0,3 puntos extra son lo mismo que costaría este año el proyecto de declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. A eso hay que sumar los 0,03 puntos que agrega la extensión de la moratoria jubilatoria.
“Quieren destruir al gobierno nacional, todos”, afirmó el Presidente sobre los gobernadores. “La intención de ellos es romper todo porque si La Libertad Avanza se convierte en ‘La Libertad Arrasa’, tienen un problema, se tienen que jubilar. No les importan los argentinos, están dispuestos a hacerlos sufrir con tal de mantener el poder”, agregó en El Observador. Allí dijo que el costo fiscal de lo que se propone en el Congreso es de 2,4 puntos del producto (sería 0,4 puntos del impuesto a los combustibles y ATN, y 2 puntos de jubilaciones 2025-2026).
Según los cálculos oficiales, en el acumulado entre 2025 y 2026, el costo de la mejora en las jubilaciones, sumará gastos por 2,2 puntos del PBI. La moratoria, 0,2 puntos en esos años, mientras que la emergencia por discapacidad, 0,9 puntos del producto. Solo para 2025, cuando se habían librado las órdenes del día en Diputados, Martín Menem calculó que se trataba de gasto extra por US$12.000 millones, una cifra que se acerca –por caso- a la sentencia en contra que tuvo el país en los Estados Unidos por la mala praxis en la expropiación de YPF.
La mirada de los inversores en el exterior no sólo está puesta en estos proyectos que se debaten en el Senado –ya con media sanción del Congreso-, sino en lo que llega desde Diputados –aprobados en comisión- sobre el aumento de los fondos universitarios y la emergencia en salud pediátrica. Todavía la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) no hizo los cálculos del costo fiscal, ya que acaban de tener luz verde.
Qué miran los inversores
Por ejemplo, en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, según las siglas en inglés) publicó ayer un informe en el que calificó al plan de estabilización de Milei como “el más ambicioso de la historia” para un país emergente. Sin embargo, remarcó los desafíos que ahora plantea el mercado. El primero es la inestabilidad política resultante de las elecciones de octubre. Luego remarcó “un consenso legislativo limitado” que puede “demorar las reformas estructurales” y resaltó la necesidad de “institucionalizar” el equilibrio fiscal logrado.
Mantener ese equilibrio fiscal no es sólo clave para la baja de la inflación, según el diagnóstico oficial, sino también para que haya margen para poder bajar impuestos y mejorar la competitividad sin una devaluación. Por caso, en el congreso bonaerense de La Libertad Avanza días atrás, así lo dejó entrever Luis Caputo: “Hay una cosa que es fundamental, por la que hay que ganar esta batalla política. Necesitamos mayor respaldo en el Congreso. Hay muchas cosas para hacer, una reforma laboral, una tributaria y más adelante una previsional (…). Necesitamos un Congreso con más gente afín que piense como nosotros. Si nosotros mandamos esas leyes al Congreso, cualquier ley que sea una mejora para el país, automáticamente va a ser rejectada (sic) por la oposición. No quieren que al país le vaya bien. El kirchnerismo necesita que a La Libertad Avanza le vaya mal. ¿Para volver a manejar el país? No, para volver a manejar el negocio”.
El equilibrio fiscal fue destacado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero también por el mencionado documento del IIF y por el consenso de los economistas privados argentinos. También por el propio Ministerio de Economía en el avance del presupuesto 2026 sólo unos días atrás. “Durante el primer año y medio de gestión, se han adoptado medidas audaces que permitieron avanzar más rápidamente hacia el equilibrio fiscal”, esgrimieron los técnicos de Hacienda.
“Este proceso incluyó la reversión de años marcados por el déficit fiscal, gracias a una fuerte disciplina fiscal, sostenida desde el primer mes de gestión, y la eliminación de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit. Estas DOS [la mayúscula es del informe) anclas fundamentales contribuyeron a que la inflación comenzara a reducirse a un ritmo mayor al esperado”, explicaron en Economía.
“En materia fiscal, el Sector Público Nacional registró en 2024 un superávit financiero anual por primera vez desde 2010, equivalente al 0,3% del PBI, mientras que el resultado primario fue positivo en un 1,8% del producto. En lo que va de 2025, el Sector Público Nacional continúa registrando tanto superávit primario como financiero. En el acumulado al primer trimestre de 2025, el resultado financiero positivo fue de 0,2% del PBI y el superávit primario alcanzó el 0,5% del PBI, cumpliendo por demás, de esta manera, la meta acordada para dicho período en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI (0,4% del PBI), en 0,1 puntos porcentuales del PBI”, se indicó.
“Hay total mala intención”, dijeron en Casa Rosada sobre la movida en el Congreso que, auguran, puede provocar volatilidades en el dólar. Llaman entonces a mirar lo que dicen las encuestas sobre las elecciones. “En todas arrasamos”, agregan cerca del Presidente.
En la oposición remarcan la mala situación de los jubilados, los médicos del Garrahan, los profesores universitarios o las personas con discapacidades, problemas que no son nuevos en la Argentina, pero que –denuncian- se agravaron con la motosierra de Milei.
Tres realidades sí vale la pena remarcar en el escenario: el avance en el Parlamento surge en el inicio de una campaña electoral observada de cerca por los mercados, cuando el dólar -que depende de los fundamentos económicos- flota, y en un contexto de estabilidad que aún requiere de tiempo -e institucionalizarse- para tornarse sustentable. Como observó el IIF, la Argentina sigue estando ahora entre la promesa y la incertidumbre, que provoca la política.
