Cuentas claras que oscurecen
Tras jurar que el déficit fiscal del 99 cumpliría con la meta de $ 5100 millones asumida ante el FMI, y de publicar una solicitada ratificando esa cifra, Economía dio marcha atrás y reconoció un desvío de 700 millones
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Cuál sera el déficit fiscal de este año? ¿Cinco mil cien millones de pesos, 5800 millones, 10.000 millones o ninguna de las tres cifras? ¿Qué herencia real recibirá el próximo gobierno si nada es lo que parece cuando se transita sobre el resbaladizo terreno de las cuentas públicas?
Convertida a esta altura en otro deporte nacional, la discusión de las cifras oficiales de la economía tuvo la semana última un nuevo capítulo que, por repetido, no deja de sorprender. Luego de varios días de esgrima verbal, en el cual terció hasta el presidente Carlos Menem, el ministro Roque Fernández y su equipo, resignados, tuvieron que reconocer que -tal como habían adelantado todos los economistas privados y el aliancista Jose Luis Machinea- el rojo fiscal superará, en 1999, los $ 5100 millones comprometidos ante el Fondo Monetario Internacional, para ubicarse entre 5500 y 6000 millones.
El aporte del Palacio de Hacienda a la confusión general fue sustancial: el martes último publicó una solicitada en los diarios -con el nombre "Las cuentas claras de un Estado ordenado"- en la que, entre otros puntos, insistía en que el déficit proyectado para este año sería de $ 5100 millones. Pero ese mismo día, el secretario de Hacienda, Pablo Guidotti, reconocía que esa cifra se excedería en 700 millones de pesos. Veinticuatro horas más tarde, el subsecretario de Financiamiento, Miguel Kiguel, confirmaba el desvío.
La extraña solicitada completó el desaguisado con otro error (una diferencia de $ 1000 millones) en el cálculo del déficit del 2000, producto de una resta mal hecha entre los ingresos y los egresos esperados. El empeño de Economía por negar lo que el mercado ya descuenta como cierto no es nuevo, al fin y al cabo 1999 empezó con Roque repitiendo obstinadamente que el PBI crecería este año, pese a que todos los economistas coincidían en pronosticar una caída de entre el 3 y el 4 por ciento por el impacto de la devaluación brasileña. Semanas más tarde, el ministro finalmente capituló y reconoció que la economía nacional se contraería.
El verdadero problema
Pero ahora, lo realmente novedoso es que se gasten fondos públicos para ratificar la degradación de las estadísticas oficiales, absolutamente desacreditadas tras años de ser sometidas a la conveniencia política. Ese desprestigio no hace más que legitimar la desmesurada incidencia de las proyecciones privadas (que en muchos casos reemplazan las públicas, algo impensable en los países desarrollados) y asegurar la vigencia de los gurúes económicos. Al propio Roque le tocó estar del otro lado del mostrador en 1996 cuando recibió el Ministerio de Economía de manos de Domingo Cavallo. Por entonces se hablaba de un déficit fiscal anual de $ 2800 millones, pero Fernández sinceró algunas cuentas, lo que hizo "saltar" el rojo a 6000 millones.
Una vez más empezaron las discusiones por la magnitud real del desequilibrio, denominador común que nos devuelve a 1999. ¿A cuánto asciende hoy el rojo fiscal? ¿Son los 5800 millones que ahora admite Economía? Son muchos los que creen que no, y la discusión va mucho más allá de la "contabilidad creativa", reconocida por el Gobierno y aceptada por el FMI, que permitieron los $ 1800 millones obtenidos por la venta de YPF y de las licencias de Personal Communication Service (telefonía celular), recursos extraordinarios que el año próximo no estarán.
El verdadero problema son los gastos que no se efectivizan en un período y que aparecen, uno o dos períodos más tarde, en forma de deuda pública, por ejemplo, la postergación en los pagos a los proveedores del Estado, las demoras en la devolución del IVA a los exportadores, el atraso en el envío de partidas a distintas áreas de la administración central, los desbalances provinciales, la deuda previsional, los intereses impagos, etcétera. Según cálculos privados, si el Estado se pusiera al día, hoy el déficit se acercaría a los 9000 millones de pesos. En el 2000, sin ingresos extra y con mayores intereses de la deuda externa, se partiría de un desequilibrio de 10.000 millones, el monto que arriesgó Machinea. La última semana también fue muy ilustrativa en este aspecto: la Cancillería pidió auxilio porque las embajadas argentinas no tienen presupuesto ni para pagar los servicios básicos y los proveedores del Estado dijeron que les deben $ 180 millones.
Algunos economistas como Héctor Valle, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y actual presidente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico (FIDE), justifican el manejo de las cifras por parte del equipo de Roque. "El tema es complicado porque el Ministerio de Economía primero hace una proyección y luego tiene que dar la información ex post, la real. No se puede decir que actúe con mala intención", asegura. De todos modos opina que el Palacio de Hacienda "debería decir «el déficit calculado es de tanto, pero tenemos compromisos postergados por tanto y tanto». Tendría que aclarar qué es lo que no se está pagando porque no se puede".
Es cierto que este sinceramiento entraña sus riesgos -y es el principal argumento de los técnicos oficiales para intentar ocultar ciertas cuentas, porque reconocer súbitamente un rojo mucho mayor al que se acepta en la actualidad podría asustar a los capitales internacionales, de los que la Argentina depende imperiosamente.
La historia reciente da un buen parámetro de las cifras que están en juego: cuando asumió como ministro de Economía, en 1991, Cavallo documentó deudas previsionales y con proveedores del Estado por $ 26.000 millones, además de obligaciones atrasadas por 8000 millones en concepto de intereses de la deuda externa. Pero acaso, como sugiere un economista que pide anonimato porque formará parte del elenco gobernante después del 10 de diciembre, ese blanqueo del déficit sea el mal necesario e impostergable para empezar a solucionar el problema y para que la flamante ley de convertibilidad fiscal, que sólo permite un desbalance anual de $ 4500 millones en las cuentas públicas, no sea letra muerta.




