Cuentas de argentinos en EE.UU.: el Gobierno usará el acuerdo de intercambio vigente desde 2018

El Gobierno afirmó que usará el acuerdo de intercambio financiero con los Estados Unidos vigente desde 2018 -que permite indagar caso a caso- para buscar fondos no declarados de manera retroactiva, ya que el acuerdo de intercambio de información automática firmado recientemente no se lo permite. Además, señaló que pondrá el foco en grupos de contribuyentes sobre quienes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pueda deducir que poseen cuentas sin declarar en bancos americanos.

“La principal estrategia consiste en identificar grupos de contribuyentes argentinos cuyas características permitan inferir que tienen cuentas espejo en EE.UU., es decir, dos cuentas bancarias: una cuenta declarada A y una cuenta B, sin declarar”, aseguraron a LA NACION desde la Dirección General de Aduanas.

Y agregaron: “Los agentes de la AFIP saben que muchos bancos les ofrecían a sus clientes esquemas en los que la cuenta A (declarada) tenía vinculada una tarjeta de crédito para consumos, mientras que la cuenta B (secreta) funcionaba como cuenta custodia, para colocar bonos del Tesoro y activos financieros no declarados frente al fisco”.

La medida se dio a conocer a pocos días de la entrada en vigor del acuerdo de intercambio automático denominado IGA 1A (Intergovermental Agreement, por su sigla en inglés), el 1° de enero pasado. Al igual que el proyecto de ley de blanqueo de capitales, que ya se confirmó que será tratado durante las sesiones extraordinarias convocadas para la segunda quincena de este mes, su objetivo es engrosar las reservas del Banco Central y, así, acercarse al cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Claramente esto va a entrar en vigor a partir de 2023, [que es a partir de cuando] vamos a recibir la información, pero cuando tengamos esa información masiva, en el marco de ese intercambio, vamos a poder aplicar el pedido de información en base al acuerdo general que sí nos permite ir hasta el 2018″, afirmó Guillermo Michel, titular de la Aduana, durante una entrevista radial.

El reciente acuerdo firmado con el país del Norte le permitió a la Argentina formar parte del grupo de los 114 países contemplados en la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (Fatca). Dicho convenio prevé dos modelos de intercambio: uno que establece que son los bancos de cada país los que deben reportar a la administración tributaria y otro basado en el intercambio directo entre estas últimas, que es el modelo al que se suscribió. Así, la AFIP comenzó a recibir información hace cinco días, cuyos primeros resultados recién se conocerán a fines de septiembre de 2024.

En este contexto, y tras las versiones que señalaban que los titulares de cuentas no declaradas en el exterior quedaban eximidos de la medida por no ser retroactiva al Año Nuevo, el titular de la Aduana se encargó de aclarar los antecedentes que permitieron suscribir el reciente acuerdo. “En 2016 se firmó un acuerdo bilateral con EE.UU., con efecto a partir del 1° de enero de 2018, en virtud del cual la Argentina puede intercambiar bajo tres modalidades: a pedido o “caso a caso” en la jerga coloquial; espontánea, es decir, EE.UU. considera que tiene info relevante y la envía; o a nivel masivo, que es automático”, expresó Michel.

Y explicó: “Facta es como un subacuerdo [sic] dentro de ese acuerdo este bilateral que tenemos, que es el que negoció y firmó [el ministro de Economía, Sergio] Massa. Ese acuerdo tiene vigencia desde 2018, con lo cual toda información que vamos a ir recibiendo de EE.UU. va a ser a nivel masivo, en el marco de Facta, en vigor desde 2023″.

En cuanto a la ley de blanqueo de capitales, que el Gobierno buscará que se trate y apruebe en el Congreso, y que va en la misma línea del acuerdo, consistirá en ofrecer “beneficios fiscales” para quienes decidan ingresar, principalmente, alícuotas aplicables cuando exista repatriación. Los proporcionales serán equivalentes al 2,5% desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de marzo próximo, del 5%, desde el 1º de abril hasta el 30 de junio, y del 7,5%, desde el 1º de julio hasta el 30 de septiembre de 2023.

Al respecto, desde la Aduana aseguraron que en caso de no aprobarse el proyecto de ley se aplicará la norma general de impuestos vigentes, con las multas los intereses que ya prevé la legislación actual y la aplicación de la ley penal tributaria. “Esto está vigente, no depende de que se apruebe el blanqueo”, dijo Michel. Y precisó que en este momento “se está recibiendo información de 68 contribuyentes”, mientras “se sigue trabajando en pedir información en el marco del esquema que plantea el pedido grupal”.