De 2005 a 2020. Así fueron los últimos canjes de deuda que hizo la Argentina

Cambian algunos nombres, pero la dinámica se repite. Diez años después, la Argentina avanza en un nuevo proceso de reestructuración de su deuda. Ya no están Roberto Lavagna ni Amado Boudou, y junto al presidente Alberto Fernández, hombre que fue protagonista hace 15 años, se sienta Martín Guzmán, especializado en crisis de deuda soberana, quien espera que esta vez sí sea la última.

El canje de 2005 implicó una quita del 66% de la deuda por reestructurar, que estaba en default desde la crisis de 2001. Roberto Lavagna, entonces ministro de Economía, y el presidente Néstor Kirchner encabezaron las negociaciones de un proceso que logró una aceptación del 76,07%.

Aquel canje logró reducir la deuda pública total de US$191.254 millones a US$125.283, mediante el reemplazo de más de 150 bonos por 11 nuevos instrumentos, nominados en cuatro monedas (dólar, peso, euro y yen).

El plazo para que los acreedores ingresaran en la reestructuración se estableció entre el 14 de enero de 2005 y el 25 de febrero de ese año. En el proceso, a su vez, se colocaron, además, títulos bajo legislación argentina, estadounidense y europea.

Entre los 11 instrumentos emitidos en aquella reestructuración se incluyeron bonos Par (vencimiento en 2038) por alrededor de US$15.000 millones (en dólares, euros, pesos y yenes), bonos Discount (2033) (en euros, dólares, pesos y yenes) y bonos Cuasipar (2045). Además, se agregó como incentivo un cupón ligado al PBI (por encima de US$62.000 millones).

Estos últimos disparaban el pago de un cupón adicional si la economía argentina crecía por encima del 3% anual. Además, se concretó un pago en efectivo en consideración por los intereses pendientes que habían quedado impagos desde 2001.

El anuncio formal de esa operación tuvo un protagonista que hoy encabeza su propia reestructuración. Sentado a la mesa en el acto realizado el 3 de marzo en el salón Blanco de la Casa Rosada, Alberto Fernández, entonces jefe de gabinete, acompañó a Lavagna, Kirchner y Daniel Scioli (vicepresidente).

"Se puede salir de situaciones críticas sin seguir soluciones ortodoxas",dijo en aquella jornada Fernández, en referencia a la reestructuración encabezada por el gobierno y un organismo que en aquella época estaba entre los enemigos: el FMI. "No era verdad indefectible que uno tenía que ir corriendo detrás de los acreedores o los organismos internacionales", insistió en aquellos tiempos, según consignó LA NACION.

Canje de deuda: parte 2

Cinco años después, ya durante la presidencia de Cristina Kirchner, el país avanzó en una segunda etapa de la reestructuración, que buscó incrementar el porcentaje de adhesión de la propuesta de 2005. Esta vez, el funcionario a cargo fue Amado Boudou, quien estaba al frente del Palacio de Hacienda desde julio de 2009.

Para avanzar en este canje, el Gobierno debió alterar una condición clave vigente desde 2005. Se trata de la Ley Cerrojo, un recurso ideado por Lavagna para generar incentivos a su propuesta de reestructuración, que establecía que los acreedores que no ingresaran al canje no recibirían otra propuesta posterior.

A fines de 2009, el Congreso autorizó la suspensión temporal de esta normativa (entre el 10 de diciembre de ese año y el 31 de diciembre de 2010), para que el Ejecutivo pudiera avanzar con su nueva propuesta de canje.

La reapertura del proceso comprendía instrumentos por US$18.300 millones que estaban en default. Las condiciones de esta segunda etapa fueron similares a las de 2005, en términos de los instrumentos emitidos y la legislación que los comprendía.

De esta forma, se propusieron quitas de hasta el 66% y tasas de hasta el 8,75%. En 2010, a su vez, la consideración sobre los intereses pendientes no se hizo en efectivo (como en 2005) sino mediante bonos de deuda pública.

Según datos oficiales, un 66% de los acreedores que no ingresaron al canje de 2005 aceptaron esta propuesta (representaban instrumentos por US$12.067 millones). De esta forma, las propuestas de canje durante el kirchnerismo lograron reestructurar el 92,4% de la deuda que estaba en default.

El proceso, sin embargo, terminaría muchos años después. Ese porcentaje minoritario comprendía a los llamados ‘fondos buitre’ que rechazaron la propuesta de renegociación y avanzaron con litigios judiciales en Nueva York, reclamando el cobro total de sus acreencias. En sucesivos fallos, Thomas Griesa, juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, convalidó estos planteos, que derivaron en un posterior acuerdo con estos fondos, ya durante el gobierno de Mauricio Macri.