De qué viven los sindicatos

“Nos dijo que quiere sindicatos fuertes...” La frase salió de boca de un contrariado Hugo Moyano, por entonces jefe de la llamada “CGT disidente”, distanciada de la dirigencia de “los Gordos”, que apuntalaban a Héctor Daer como conductor de la central obrera. Corría el año 2000 y el líder del gremio de los camioneros se había reunido con quien era ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, la funcionaria que en los últimos tiempos más se lanzó a cuestionar a los sindicalistas por el manejo del dinero de los trabajadores. “Nos dijo que en una sociedad como en la que vivimos, es necesario que existan organizaciones fuertes para que haya equilibrio en las discusiones futuras”, completó Moyano.

Desde aquella tarde de octubre en que los periodistas rescataron esas declaraciones, muchas cosas pasaron. Pasó la recesión, incluida la tormenta económica con la que la Argentina recibió al nuevo siglo. Pasó que hubo una devaluación, y pasó que volvió el crecimiento pero también la inflación. Y así, con un empuje dado por el Estado, volvió a ganar protagonismo la negociación salarial entre sindicatos y empresas. En medio de todo eso, Moyano logró dejar de ser el disidente del movimiento obrero, para pasar a ser el secretario general de la CGT, con llegada personal al poder kirchnerista.

El sindicalismo es dueño, hoy por hoy, de un espacio social y de una fortaleza que años atrás no lograba recuperar. Eso le permite acceder a mayores recursos, lo que repercute, como en una rueda que gira, en la captura de más poder.

¿De qué viven los gremios? ¿Cuánto dinero controlan sus dirigentes? Existen cuatro fuentes formales de las que beben las arcas de las organizaciones: las cuotas de sus afiliados; las contribuciones empresarias; los aportes "de solidaridad" cobrados a todos los trabajadores amparados por un convenio colectivo -que no se aplican en todos los casos, pero que en los últimos años se extendieron significativamente-, y los aportes personales y contribuciones patronales que financian a las obras sociales. A eso se suman otros fondos entregados en concepto de subsidios que directa o indirectamente, y en algunos casos con destinos declarados como la capacitación, benefician a las entidades.

Sólo es posible conocer exactamente cuántos recursos se mueven entre los gremios en lo que se refiere a las obras sociales. En 2007, se derivaron a ese sistema de salud $ 8260 millones, según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Aproximadamente, un 10% corresponde a entidades de personal jerárquico y el resto, a los sindicatos. La cifra supera en un 30% a la de 2006 y esa suba es efecto de la creación de puestos laborales -lo que genera más obligaciones prestacionales- y también, en gran medida, del incremento de los salarios.

Los recursos de la salud

Mientras que la contribución de la parte empleadora es del 6%, al trabajador se le descuenta el 3% del sueldo. En los últimos años, se otorgaron con frecuencia mejoras a los ingresos laborales mediante el pago de sumas "no remunerativas": en la práctica, eso, por lo general, significa que sobre esos montos no se aporta a la jubilación y al PAMI, pero sí a la obra social y, en algunos casos, también al sindicato.

No todos los fondos recaudados se envían directamente a las obras sociales (desde las cuales, en varios casos, se deriva a su vez dinero a empresas prepagas, según la opción hecha por el empleado). Dependiendo del nivel salarial, una cifra equivalente al 10, al 15 o al 20% del aporte va a un fondo de redistribución que, como primera misión, debe garantizar que ninguna obra social reciba por afiliado menos de una cantidad determinada de dinero.

Una vez hecha esa distribución compensatoria, el dinero restante llega a la Administración de Programas Especiales (APE), que históricamente fue eje de cuestionamientos. La tarea de ese organismo, que en 2007 repartió $ 635 millones y que para este año tiene presupuestados $ 705 millones, es cubrir los gastos que realizan las obras sociales por tratamientos de alta complejidad o de enfermedades crónicas.

En 1998, cuando el fondo estaba a cargo del sindicalista José Luis Lingeri, la Auditoría General de la Nación había detectado la falta de comprobantes que justificaran el reparto de varios millones durante los noventa. Aquel informe se conoció justo días antes de que la Unión Obrera Metalúrgica recibiera un salvataje económico con fondos públicos.

La historia se repitió años después. A fines de 2006, la Sindicatura General de la Nación emitió un informe con severas críticas referidas a las acciones de la APE durante los seis años previos. Se cuestionó, entre otras cosas, la falta de comprobantes probatorios de los gastos, y de auditorías que permitieran establecer si se habían realizado las prestaciones o, incluso, si existían los beneficiarios a favor de quienes se habían gestionado los recursos. De la investigación, surgió que faltaban rendiciones de gastos por $ 330 millones.

En enero de 2006, asumió como autoridad de la APE Juan Rinaldi, un abogado muy allegado a Moyano. El dato despertó lógicamente suspicacias, pero a mediados del año último, otro informe de la Sigen concluyó que la nueva conducción había "logrado mejorar el control interno operante en el organismo". Igualmente, la sindicatura apuntó que resta corregir varias falencias en los procedimientos, y al margen de esa auditoría, en el sector se oyen algunas quejas por supuesta discrecionalidad en cuanto a los plazos en que se paga a unas y a otras entidades.

Fuentes allegadas a Rinaldi defendieron la actual gestión y explicaron que la falta de rendición de cuentas advertida por la Sigen tuvo que ver con el sistema por el cual algunas prestaciones están alcanzadas por subsidios en lugar de financiarse con reintegros. La diferencia es que en el primer caso la obra social pide el dinero antes de realizarse el tratamiento médico y sólo después debe rendir cuentas, y en el segundo, solicita el reintegro cuando la prestación ya fue realizada.

"Ahora se tiende a concentrar más prestaciones bajo el método de reintegros", explicaron las fuentes, que también aseguraron que se están revocando subsidios ya otorgados cuando no hay rendición de cuentas.

Desde un sector que no podría llamarse amigo del moyanismo, el abogado Horacio Meguira, asesor de sindicatos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), apuntó que en la distribución actual de los montos no existe discriminación alguna a las entidades sindicales, según su filiación.

Por fuera de los fondos de la APE, en diciembre la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso entregar $ 47,75 millones a un grupo de obras sociales, con la indicación de que deberán destinarse a planes de prevención.

La actividad sindical

Los fondos que mantienen en marcha la actividad propia de los sindicatos no son tan identificables como los de las obras sociales. La recaudación de las cuotas sindicales no pasa por la AFIP, sino que va directamente a cada organización.

En las principales entidades, las cuotas de los afiliados se mueven entre el 2 y el 5% del salario. En los últimos años, se generalizaron las llamadas contribuciones solidarias, que implican descuentos, por lo general de entre el 1 y el 3% del sueldo, a quienes no están afiliados, pero se ven alcanzados por el convenio colectivo. El argumento es que el sindicato negocia aumentos que benefician a esos empleados.

De acuerdo con un trabajo del Observatorio del Derecho Social de la CTA, si se consideran los aportes (de trabajadores) y las contribuciones (de empresas) pactadas entre 2002 y 2006 en los convenios colectivos, la recaudación varía -dependiendo del sector- entre el 0,5 y el 6,5% de la masa salarial.

¿Qué control hay respecto del destino de los millones de pesos que surgen de esas fuentes? Según explicó Víctor Guida, director nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, cada sindicato -hay cerca de 3000-debe efectuar una fiscalización interna a través de un cuerpo colegiado elegido por los afiliados. Los balances deben ser presentados luego a la Dirección Nacional, que controla si se cumplen los requisitos formales.

Las eventuales impugnaciones, según el funcionario, deben provenir de los afiliados o de terceros afectados y, a partir de las denuncias, la autoridad de contralor toma medidas, como la realización de auditorías externas. "Se hicieron ocho o nueve auditorías en los seis años que llevo acá", señaló, tras comentar que no es muy común que se reciban impugnaciones.

No existe regulación sobre el destino que debe darse a los recursos. La excepción está en el caso de las contribuciones empresarias, que deben ser pactadas en el marco de los convenios, registrarse en una contabilidad separada de los aportes, y destinarse a un fin específico. Lo cual no significa que haya un control posterior. "¿Usted se metería con la plata de los sindicatos?", se limitó a responder un referente empresario, consultado sobre el tema.

Según apuntó el abogado Lucio Garzón Maceda, asesor de entidades sindicales, la recaudación por contribuciones de solidaridad no debería ser aplicada al financiamiento de actividades regulares del sindicato, porque eso supondría una afiliación obligatoria. "Se puede establecer que quien se beneficia con una negociación colectiva pague [eso está de hecho respaldado por una ley], pero ese dinero tiene que estar destinado a ese servicio específico, a la negociación o al control de cumplimiento del convenio", señaló. Y aclaró que no existen normas en ese sentido, pero sí jurisprudencia.

Según el informe de la CTA, el 64% de las cláusulas referidas a aportes de solidaridad fijaron como destino del dinero el "sostenimiento de la organización", y sólo un 10% se pactó con la indicación de derivar los recursos a gestiones relacionadas con la suba salarial o la renovación del convenio.

Por Silvia Stang

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