Debatir sobre la deuda es debatir sobre las consecuencias, ¿y si hablamos del déficit?
1. Debatir la consecuencia. En los últimos días hubo discusiones entre la oposición y el oficialismo sobre la deuda: ¿cuál fue el gobierno que más obligaciones tomó? Como esa discusión ha sido desarrollada en diferentes oportunidades y desde ambos espacios, vamos a concentrarnos en su causa generadora, en la que casi hay consenso (¡estamos cerca!): el déficit fiscal; es decir, el hecho de que los gastos superaron a los ingresos. Solo en 14 de los últimos 61 años hubo superávit primario y si se considera el resultado fiscal total son 7, es decir un 89% del tiempo con déficit fiscal. ¿Hay consenso sobre la política fiscal?
2. Política fiscal. Puede definirse a la política fiscal como las medidas que el gobierno aplica para orientar y controlar el gasto y los impuestos. La visión tradicional indica que cumple tres funciones principales: asignación, distribución y estabilización. Esta última existe para poder lograr los principales objetivos macroeconómicos establecidos por las autoridades para garantizar el crecimiento y la estabilidad de precios y de las cuentas externas. Para que el marco de estas decisiones sea sostenible, los gobiernos tienden a adoptar reglas fiscales, que tienen como finalidad lograr confianza y garantizarle a la sociedad que los indicadores centrales de las cuentas públicas serán predecibles y sólidos, independientemente de quién esté en el poder.
3. Reglas. La regla más conocida que se viene aplicando desde el siglo XIX, primero por la mayoría de los estados que conforman Estados Unidos, y luego por los cantones de Suiza, es la de oro, que establece el compromiso de mantener un presupuesto corriente equilibrado. Esa regla permite déficit en la cuenta de capital, argumentando que los costos de ese tipo de bienes serán afrontados por las generaciones futuras. Además de la regla madre, se permite el ajuste del resultado financiero en base a la fase del ciclo económico, permitiendo déficit fiscal cuando el crecimiento es por debajo de la tendencia (recesión provocada por un shock externo, como la pandemia). Y exigiendo superávit cuando el crecimiento es por encima de la tendencia (ciclo de precios altos de commodities). Los ahorros acumulados en el crecimiento permiten financiar una expansión del gasto en recesión.
4. La Argentina. La ley de administración financiera de 1992 fue el punto de partida en materia de reglas de procedimientos presupuestarios y administración de los recursos públicos con criterios para mejorar la contabilidad, transparencia y difusión de información estatal, asignando responsabilidades en la gestión presupuestaria de cada jurisdicción. En 1999 fue sancionada la Ley de Solvencia Fiscal, que fijó un límite al déficit fiscal que disminuía año a año hasta alcanzar el equilibrio (nunca se cumplió) y la constitución del fondo anticíclico. Además, la tasa real de suba del gasto público primario debía ser inferior a la tasa de crecimiento real del PBI y el gasto primario podía a lo sumo mantenerse constante al contraerse el producto. En 2001 se sancionó la ley de déficit cero, luego declarada inconstitucional. En 2004 se avanzó con la reforma del régimen de coparticipación y se sancionó una ley de Responsabilidad Fiscal, comprometiendo a los gobiernos a generar datos y proyecciones confiables. En 2009, la aplicación efectiva de estas reglas fue desestimada.
5. Debatir la causa. El debate sobre las consecuencias (deuda) parece mucho más atractivo que el de la causa (déficit). Pero es necesario discutir por qué no pudimos sostener reglas fiscales que otorguen previsibilidad en el tiempo y que nos alejen de decisiones discrecionales...
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