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Deberán pagar a ex empleados de YPF
La Corte dictaminó que el Estado tiene que abonar 1200 millones de pesos a más de 20 mil ex trabajadores de la petrolera
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La Corte Suprema confirmó un fallo que obliga al Estado a pagar unos 1200 millones de pesos a cerca de 20 mil ex trabajadores de YPF que reclamaban por haber sido excluidos del Programa de Propiedad Participada (PPP). Merced a ese plan, los empleados se quedaron con el 10% de las acciones de la petrolera tras su privatización.
La sentencia no afecta a los nuevos dueños de la compañía, el grupo español Repsol YPF, que obtuvo el control de la petrolera en dos operaciones realizadas en 1999, con una inversión total de unos 15.000 millones de dólares.
Despidos
A partir de 1991, una larga serie de despidos redujo en cerca de 22.000 puestos el plantel de empleados de YPF, que cobraron sus correspondientes indemnizaciones pero no las utilidades devengadas del capital accionario.
Muchos de ellos se constituyeron en una Federación de Ex Agentes de YPF y Gas del Estado de la República Argentina, con sede en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, para demandar por haber sido excluidos del programa. La discusión que se planteó entonces fue si la fecha de corte era el 1° de enero de 1991, cuando se transformó la petrolera en YPF SA, o cuando sus acciones comenzaron a venderse en la Bolsa, el 7 de julio de 1993. En ese período la empresa expulsó a unos 30.000 empleados, y resoluciones de los ministerios de Trabajo y de Economía establecieron que tenían derecho al programa (PPP) sólo los que estaban trabajando en ese momento.
De este modo, sólo 4500 agentes recibieron acciones, y casi el 99 por ciento las vendió en la Bolsa.
Pero el fallo difundido ayer confirma una sentencia de la Sala 10a. de la Cámara Laboral, que reconoció el derecho de los trabajadores que dejaron de pertenecer a la empresa en 1992. El dictamen contó con el voto afirmativo de los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moline O´Connor, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano y Guillermo López, mientras que en contra lo hicieron Augusto Bellucio, Gustavo Boser y Enrique Petracchi, y se abstuvo Carlos Fayt. La Sala 10a. hizo lugar a la demanda de Roberto Antonucci, de Mar del Plata, que reclamaba su participación en el accionariado obrero (10 por ciento por PPP).
Caso piloto
El defensor de Antonucci, Juan Carlos Etcheverry, afirmó a Télam que éste es un "leading case" -caso piloto- que expresa la voluntad de la Corte y que si bien es aplicable para su representado, sienta precedente con relación a los demás casos similares. El fallo consagra el derecho de los trabajadores de YPF que se encontraban trabajando al 1° de enero de 1991, fecha de su privatización.
La Corte estimó que las resoluciones del Ministerio de Economía que indicaban que para integrar el PPP era necesario mantener relación de dependencia con YPF SA avanzaron sobre la ley de fondo (N° 23.696) restringiendo indebidamente el número de trabajadores que podían ser adherentes. Los 20.000 ex trabajadores que iniciaron acciones judiciales contra YPF SA y el Estado Nacional cobrarán una suma de acuerdo con una fórmula polinómica donde se tienen en cuenta factores como la antigüedad, cargas de familia, lo ganado en el último año, etcétera.
