Delivery de pesos para captar votantes indecisos

14 de agosto de 2021
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Aunque es el principal problema económico–social, la inflación está llamativamente ausente en los spots de la campaña electoral; especialmente entre los candidatos del oficialismo, que prefieren apelar a la ilusión de una próxima salida de la pandemia de Covid sin considerar el riesgo de una tercera ola por la variante delta.

Por más que haya sido el menor registro de los últimos diez meses, la suba de 3% en el índice minorista de julio ya hizo trizas la pauta oficial de 29% para este año, que apunta a cerrar casi 20 puntos por encima pese a estar reprimida por las “anclas” cambiaria y tarifaria.

De ahí que, a falta de atacar sus causas, el gobierno de Alberto Fernández haya optado por contrarrestar sus efectos negativos sobre el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, planes sociales e ingresos laborales para tratar de impulsar el consumo interno, pero con la mira puesta sólo en las PASO de septiembre y las elecciones legislativas de noviembre.

Esta estrategia de corto alcance se asemeja a un delivery de pesos destinado específicamente a los segmentos sociales de clase media para abajo dentro de la achatada pirámide de ingresos. Allí se concentra, según las encuestas, el grueso de los votantes indecisos.

Una muestra es la reedición de los créditos a tasa cero para 1,5 millones de monotributistas, que tuvieron una alta aceptación durante los meses más duros de la cuarentena en 2020. No se trata estrictamente de la figura de “lanzar billetes desde un helicóptero”, popularizada por Ben Bernanke (ex titular de la Reserva Federal de los EE.UU.), pero se le parece bastante porque –con una inflación de casi 52% en los últimos doce meses– equivale a regalar plata. Estos préstamos, que van de $90.000 a $150.000, según las categorías, tienen un período de gracia de seis meses y un plazo de repago en doce cuotas fijas, hasta abril de 2023. Al igual que el año último, deberán ser tramitados a través del sitio web de la AFIP y destinados a compras con tarjeta de crédito, además de la consabida prohibición a los contribuyentes de comprar dólares en el circuito oficial.

Otro anabólico para el consumo, debilitado por cuatro años consecutivos de retroceso del salario real, es la prórroga del programa “Ahora 12” hasta fin de enero de 2022 y su ampliación hasta 30 cuotas fijas para compras con tarjeta de productos de línea blanca, materiales de construcción, muebles, neumáticos, televisores, monitores y hasta anteojos o lentes de contacto (hasta $15.000). En este plazo, la tasa de interés es de 28,67% (notoriamente inferior a la inflación) y el último pago vencerá en enero de 2024.

Si bien el consumidor repara más que nada en la cuota mensual, quienes realizaron adquisiciones en el último año verán reducidos su límite de compra y financiación. Una típica diferenciación entre stock y flujo de crédito. Pero este programa resulta muy atractivo para quienes tienen ahorros en dólares, porque la combinación de inflación y devaluación del peso licua el valor en moneda dura. En el listado de productos incluidos es notoria la ausencia de teléfonos celulares ensamblados en las fábricas de Tierra del Fuego, atribuible a que el 95% de sus componentes son importados y requieren dólares al tipo de cambio oficial que el Banco Central busca preservar con más controles y restricciones, al igual que en los mercados teóricamente libres pero intervenidos (CCL y MEP).

Estos incentivos preelectorales para consumidores/votantes se suman a varias decisiones ya adoptadas por el Gobierno para “poner más plata en los bolsillos de la gente”, por más que esos pesos se asemejen a un vale de compra que mes a mes pierde al menos 3% de su valor.

Una fue impulsar la reapertura de paritarias en el sector público y privado con ajustes salariales de 42 a 49% anual, fraccionados en varios tramos hasta comienzos de 2022 y que en varios sectores (prepagas, comercios, transporte de cargas por camión) implican un traslado parcial a precios que impactará en la inflación. Otra, la próxima suba adicional del piso del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, a fin de dejar fuera de su alcance a los sueldos brutos de hasta $175.000 mensuales, mientras ya comenzaron a percibir el reintegro retroactivo de los descuentos ya aplicados en cinco cuotas mensuales que coinciden con las PASO y las elecciones legislativas.

En cuanto a los asalariados no registrados (y por lo tanto no alcanzados por paritarias) se dispuso adelantar el cronograma de ajustes del salario mínimo vital y móvil (SMVM), para elevarlo a $ 29.160 en septiembre como punto de referencia para el trabajo en negro.

Paralelamente, unos 6 millones de jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos ($ 46.130) ya están recibiendo en agosto el bono extra de $5000 (o proporcional hasta un tope de $51.130) dispuesto para atenuar el retroceso real provocado por la suspensión del ajuste automático en 2020 y el cambio de fórmula en 2021, hasta que se aplique la suba trimestral de 12,4% en septiembre. Otro tanto ocurre con la Asignación Universal por Hijo (AUH) con una asignación extra de $7000.

Esta batería de medidas electoralistas, más los crecientes subsidios a la energía con ajustes de 9% en las tarifas residenciales de electricidad y de 6% en gas, (que se duplican o triplican para grandes usuarios en comercio e industria), incrementan el déficit fiscal en alrededor de 2 puntos del PBI y la emisión monetaria como principal vía para financiarlo, con lo cual aumenta el riesgo de mayores presiones inflacionarias a partir de diciembre y en los primeros meses de 2022. Por lo pronto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA ya proyecta un piso de 42% para el año próximo.

La consultora Equilibra estima que, hasta fin de año, el Tesoro deberá cubrir un rojo primario de $ 900.000 millones, de los cuales la emisión del BCRA aportará $560.000 millones y el mercado de deuda interna los $ 340.000 millones restantes. En todo 2021, el 65% del financiamiento provendría vendría de la asistencia del BCRA y un 35% del mercado de deuda. A su vez, el stock de pasivos remunerados del BCRA (Leliq y pases) cerraría el año en torno de $4,12 billones, equivalentes al 9,6% del PBI y al 113% de la base monetaria, y que implican mayor emisión a futuro.

Por su parte, un informe del IERAL elaborado por Jorge Vasconcelos, calcula que entre agosto y diciembre la suma de déficit primario más intereses apunta a $1,9 billón, una cifra equivalente al 10,7% del PBI de este período y superior incluso al promedio de 2020 (9,1% del PBI). Para el economista, la mejor opción sería adelantar las negociaciones con el FMI antes de que termine este año, ya que en el primer trimestre de 2022 los vencimientos de deuda externa (capital e intereses) ascienden a US$ 7500 millones, incluyendo cuotas del Fondo y pagos postergados al Club de París.

En otras palabras, la actual estrategia implica un costo fiscal, monetario y cambiario enorme sólo para una elección de medio término, que quizás no cambie demasiado la futura relación de fuerzas en el Congreso.

Para colmo, a un mes de las PASO, la campaña electoral del oficialismo se convirtió en un show de contradicciones que deterioran aún más las expectativas económicas y las decisiones de inversión privada. Desde el proyecto de ley para convertir a Internet en servicio público mientras se busca impulsar la exportación de servicios profesionales a través de la ley de Economía del Conocimiento y la adopción de la tecnología 5G, hasta la intención de Victoria Tolosa Paz de aumentar impuestos a las grandes empresas, pasando por la reconversión del ministro Martín Guzmán, quien ahora no cree que la inflación obedece a causas macroeconómicas.

nestorscibona@gmail.com

Por Néstor O. Scibona