Demasiados desacuerdos para el riesgo de tocar fondo

Como lo interpretaron inmediatamente los mercados, no está para nada claro qué hará el Gobierno en su negociación con el FMI; hay disidencias políticas en el oficialismo y en la oposición; corre una cuenta regresiva en la que cualquier demora o traspié amenaza con desembocar en un ajuste “por las malas”

8 de enero de 2022
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Hace meses que la mayoría de los especialistas coincide en que no hay alternativa a un acuerdo con el FMI por una razón más que evidente: las reservas netas del Banco Central están tocando fondo. No sólo porque alcanzan a la mitad de los vencimientos por casi US$7500 millones con organismos internacionales en el primer trimestre de este año, sino para reprogramar a 10 años los US$40.000 millones de deuda con el Fondo que se concentran entre 2022 y 2023.

Sin embargo, esa certeza comenzó a diluirse el último miércoles tras la puesta en escena política montada en el Museo del Bicentenario con gobernadores del oficialismo. Allí hubo abundancia de adjetivos sobre el endeudamiento y notoria escasez de precisiones numéricas sobre el “programa plurianual para el desarrollo sustentable”, que el presidente Alberto Fernández había prometido -luego de la derrota electoral- para comienzos de diciembre y ahora dice negociar con el staff del FMI con la premisa de desterrar la palabra ajuste. Pero el ministro Martín Guzmán admite que el principal desacuerdo está en el sendero fiscal (reducción del déficit) para los próximos años y no cuenta con el consenso político del board del organismo (con EE.UU. y Japón a la cabeza). Así queda en una nebulosa cómo podrían corregirse los desajustes macroeconómicos que generan creciente inflación; uno de los problemas más graves, mencionado sólo tangencialmente en el encuentro.

Como lo interpretaron inmediatamente los mercados, no está para nada claro qué hará el Gobierno: 1) Si quiere acordar con el Fondo y aceptar condicionalidades sólo para despejar el horizonte inmediato de vencimientos externos; 2) Si no lo hará, para victimizarse detrás de un relato de famélico tono épico y quedar al margen del financiamiento de los organismos internacionales y la apertura de cartas de crédito de exportación e importación que frenará la economía; o 3) Si opta por la clásica variante –no descartable- de ganar tiempo anunciando un programa difícil de cumplir, disfrazarlo con alguna concesión para presentarla como un éxito de sus reclamos y aprovechar las revisiones trimestrales para renegociar metas e “ir viendo” cómo llegar a la campaña electoral de 2023. El problema de esta última es que el tiempo difícilmente juegue a su favor.

Lo que sí está claro son los desacuerdos políticos sobre los alcances del programa con el FMI, que alejan la posibilidad de consensos y de un shock de confianza. No sólo resultan evidentes entre el oficialismo y la oposición, sino también dentro de cada fuerza, pese a que ya corre una cuenta regresiva en la que cualquier demora o traspié implica el riesgo de desembocar en un ajuste “por las malas” y gatillar una crisis de magnitud que lleve a la economía a tocar fondo.

En el caso del oficialismo, la extensa exposición del ministro Guzmán incluyó olvidos deliberados y datos engañosos, inspirados claramente en el ala kirchnerista del Frente de Todos. Por ejemplo, calificar como robusto el crecimiento del PBI en 2021 (casi 10%), sin aclarar que fue el rebote del idéntico desplome de 2020 provocado por la pandemia/cuarentena y se ubicó en los niveles de fin de 2019, que el Gobierno calificaba como “tierra arrasada”. O exaltar la baja a menos de la mitad del déficit fiscal primario de 2021 (desde el 6,5% del PBI en 2020), sin explicar que este último incluyó el gasto Covid, ni que en 2019 fue de apenas 0,4%. Aun así, bastó que mencionara que el gobierno de EE.UU. no avala la política fiscal, para que el gobernador Axel Kicillof pidiera revisar la estrategia con el Fondo y su colega Alberto Rodríguez Saá propusiera una consulta popular para votar entre un reclamo ante la justicia internacional o mantener la actual negociación.

En Juntos por el Cambio abundan los recelos hacia adentro y afuera. No sólo porque el gobernador Gerardo Morales negoció con el Presidente una reunión aparte de Guzmán con sus pares radicales y jefes de bloque –aún sin fecha cierta-, tras considerar que Mauricio Macri firmó el crédito con FMI y la oposición debía sentarse a escuchar. O porque, sin perjuicio de ese compromiso, la vocera presidencial cuestionó luego la anunciada ausencia de Horacio Rodríguez Larreta en la Casa Rosada “por privilegiar la interna antes que los intereses de los argentinos”; un criterio que también podría haber aplicado al faltazo de Cristina Kirchner.

La principal preocupación de JxC es que el oficialismo demore los ajustes macroeconómicos más necesarios y los endose al próximo gobierno, que aspira a encabezar. Una prueba de esa sospecha es que el gráfico con el controvertido sendero fiscal hasta 2030, exhibido por Guzmán – y publicado el jueves por LN-, incluye déficit primario decreciente entre 2023 y 2027, para pasar a un modesto superávit a partir de entonces. Más insólito aún es que el Gobierno no distribuyó el powerpoint completo del ministro con el argumento de que los números se están negociando con el Fondo, pese a que la televisión pública transmitió en vivo todo el acto. De ahí que JxC pudo unificar posiciones, al condicionar cualquier apoyo a que el Gobierno presente información sobre las metas del programa económico o bien la carta de intención con el FMI. Y a que el diálogo sea en el Congreso, según la ley para que el acuerdo tenga convalidación legislativa que el ministro hizo sancionar hace un año, cuando el oficialismo tenía mayoría en ambas cámaras, que resignó en diciembre.

No obstante, la afirmación más preocupante de Guzmán fue considerar al gasto estatal como el motor de la recuperación económica y que un ajuste real la frenaría, como si el sector privado, asfixiado por la alta presión tributaria y la proliferación de controles, tuviera poco que ver con el crecimiento de la inversión y el empleo formal. En este punto vale preguntar qué políticas públicas contribuyen realmente al crecimiento. No es ciertamente el caso de los subsidios de 2 millones de dólares diarios a Aerolíneas Argentinas y la fijación de bandas tarifarias para desplazar a la competencia privada. Ni la compra de trenes eléctricos rusos para la línea San Martín, justo antes de cancelarse el proyecto de electrificación del ramal Pilar-Retiro financiado por el BID. Tampoco es un aliciente que uno de los gráficos del ministro le dedique una sola línea de texto a la mención de reformas para resolver problemas estructurales, sin detallarlas.

Hasta ahora las aproximaciones al acuerdo con el Fondo son ambivalentes o contradictorias. Por un lado, está la tímida suba de tasas de interés del BCRA y la intención de acelerar las devaluaciones diarias del tipo de cambio oficial tras el retraso de 17% real acumulado en 2021 frente a una inflación de 50%, que promete acelerarse este año como derivación del plan “platita” y conspira contra la acumulación de reservas.

Esta realidad también impide recortar el gasto en subsidios a la energía en términos reales, tras la suba de 20% anunciada para este año y la compleja segmentación a medida de ajustes de tres dígitos para los usuarios de las zonas más caras del AMBA. Pero además existiría la intención del Instituto Patria, junto con intendentes del conurbano, de impulsar el fin de la concesión de Edesur debido a los recientes cortes de luz en barrios de la CABA, pese a que la distribuidora fue la que más invirtió entre 2019 y 2021 ($32.700 millones) en mejoras de la red del AMBA.

Paralelamente, la prórroga a partir de hoy y hasta el 7 de abril del listado de Precios Cuidados para unos 1300 productos de consumo masivo, con un ajuste promedio de 6% (y subas puntuales superiores), es presentada como parte de un acuerdo de precios y salarios para moderar expectativas inflacionarias, que sólo tendría sentido como complemento de un plan económico que sigue brillando por su ausencia.

Mientras no se ataquen las causas macroeconómicas, los consumidores de más bajos recursos seguirán pagando el creciente impuesto inflacionario que resiente el consumo.

No solo ellos. Según un cálculo del economista Leo Tornarolli, del Cedlas, la pobreza afecta a casi 31% de los trabajadores ocupados y al 65% de los desocupados. Entre los asalariados, al 18% de los formales y al 50% de los informales, además del 44% del total de cuentapropistas.

nestorscibona@gmail.com

Por Néstor O. Scibona