Insólito gimnasio en la exAFIP: el ejercicio que falta es bajar impuestos

En la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) están molestos con la difusión que el Gobierno acaba de hacer del gimnasio interno del organismo. Dicen que hacía ya varios años que no funcionaba y que, incluso cuando estuvo operativo, no estaba disponible para todo el personal sino para unos pocos altos directivos. Fue Ricardo Echegaray, director de lo que entonces era la AFIP -tiempos de Cristina Kirchner-, quien decidió instalarlo con la idea de que quienes trabajaban ahí lo hacían durante más de 8 horas diarias y debían cuidar la salud. “Nos hacen quedar mal: acá no estamos todos haciendo stretching con calzas flúo”, se quejó a LA NACION un integrante del directorio.

De todos modos, exhibir la ineficiencia o inconsistencias de la ARCA pone en relieve una cuestión más abarcadora y de fondo, largamente discutida en estos días entre el Gobierno y los empresarios: mientras el Poder Ejecutivo confronta con el organismo encargado de recaudar eso que el prospecto libertario execra, los impuestos, no ha podido todavía avanzar en uno de sus objetivos de campaña, la reducción de la carga tributaria. Entre las razones de esta promesa pendiente está no sólo la obsesión de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, por mantener el equilibrio fiscal, sino también factores atribuibles al reparto de poderes y a la condición de país federal de la Argentina: esta administración tiene minoría en ambas cámaras del Congreso, ámbito donde se legisla sobre impuestos, y muchas tasas y contribuciones que gravan la actividad económica dependen directamente de las provincias y los municipios.

La Unión Industrial Argentina (UIA) acaba de presentarle a Caputo varios trabajos sobre el tema. Es el mayor reclamo público que, eludida la discusión sobre el tipo de cambio para no pelearse con Milei, se permite últimamente la central fabril. Ahí dicen que, si se suman todos los niveles de recaudación, incluidos el provincial y el municipal, la presión tributaria de las empresas que pagan todos los impuestos asciende al 52%. Y es sólo el sector formal: esa valoración del cumplimiento como contribuyentes es relevante porque la evasión no dejó de crecer desde la pandemia. Lo admiten incluso dentro de la ARCA. Hay estudios que ubican la economía en negro bastante por arriba del 50% del PBI, casi en el 60%, según la medición.

Un caso testigo a cielo abierto de este problema son los restaurantes. Algunos directivos del organismo se sorprendieron hace dos semanas en el Lawn Tennis, durante el desarrollo del ATP Tour, al advertir que una hamburguesa y un agua con gas costaban 24.000 pesos, unos 24 dólares, y en el patio de comidas en cuestión no se entregaba un ticket válido como factura. Hay una Argentina que funciona en paralelo.

Un reciente trabajo del tributarista Sebastián Domínguez decía que, hasta ahora, desde que asumió, el gobierno de Milei subió tres impuestos y bajó 12. Los empresarios agradecen. Pero el Presidente no ha podido todavía encarar tributos decisivos para la producción como el impuesto al cheque y tampoco consiguió, pese a sus pedidos recurrentes y el de su ministro de Economía, que los gobernadores bajaran Ingresos Brutos. Al contrario. El departamento tributario de la UIA acaba de hacer una encuesta entre 67 empresas que indica que cada uno de estos empleadores paga en la Argentina un promedio de 7,4 tasas municipales. Y que Aldea María Luisa, provincia de Entre Ríos, y los bonaerenses Pilar y Chascomús encabezan el ranking de distritos más gravosos del país. Un trabajo del Iaraf, que conduce el economista Nadin Argañaraz, agrega que entre 2023 y 2024 los tributos municipales subieron de 78 a 84.

El problema de estas obligaciones para con el fisco es que muchas veces no ofrecen a quien las paga ningún servicio a cambio. Según el mismo relevamiento de la UIA, hay 17 provincias que presentan 75% o más de los pagos reportados con ausencia de contraprestación. Y Neuquén, Tucumán, Chubut, Catamarca y Chaco presentan los mayores niveles reportados de doble imposición.

El ministro de Economía suele decir que la reforma tributaria integral se hará realidad una vez que el Gobierno tenga una configuración más favorable en el Congreso. Hasta tanto no ocurra seguirá el contrapunto con los empresarios, a quienes en algunos casos hasta los perturba cada anuncio que hace Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, para eliminar burocracia, que en los sistemas distorsivos termina operando como traba a la importación. Para algunos fabricantes burocratizar es proteger.

En este contexto, exponer las excentricidades y lo mal que funciona la ARCA tiene apenas un sentido simbólico. De batalla cultural. Demonizar al recaudador puede contribuir a mejorarlo, pero no baja impuestos. Atenuar la enrevesada estructura tributaria de la Argentina sigue siendo hasta ahora una promesa de campaña. Tal vez sirva para poner en foco lo que en algún momento deberá discutirse en profundidad: qué, cuánto y quién debe pagar. ¿Aceptará la dirigencia política? Misterio. Seguramente el contribuyente estará a favor: sentirá que su aporte sirvió para algo.

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