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Denuncias contra el Estado por utilizar software ilegal
Acusan a la AFIP, la Secretaría de Turismo, la Superintendencia de AFJP y el Comfer
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Se terminó el idilio entre los fabricantes de software y el Gobierno:ayer, dos entidades del sector presentaron denuncias penales contra distintas reparticiones oficiales, acusadas de utilizar software ilegal (que no paga derechos). Entre las dependencias denunciadas se encuentran la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), responsable del control de la evasión impositiva; la Secretaría de Turismo de la Nación, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer).
Las denunciantes son Software Legal y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi). A fines de 1998, el Congreso aprobó una modificación de la ley de propiedad intelectual para incluir en la regulación los programas de computación, por lo que aquel que burle la ley puede ser penado con prisión de 3 a 6 años. El lunes, Marcos Makon, el número dos de la Jefatura de Gabinete, se reunirá con Jorge Cassino, titular de Cessi. "No tenemos ninguna expectativa", dijo Cassino a La Nación . "Nosotros no queremos perjudicar al Gobierno, pero nos han dado largas durante todo el año, han sido incapaces de resolver una situación en la que las empresas tenían la mejor voluntad."
Voceros oficiales consultados no quisieron comentar la denuncia, porque "aún no hemos sido notificados"
La situación amenaza con convertirse en un escándalo de proporciones a nivel internacional, ya que los principales damnificados son empresas productoras de software de origen norteamericano: Microsoft, Novell y Symantec, la fabricante del famoso programa antivirus Norton.
En la Argentina, el sector informático facturó el último año unos US$ 3800 millones; cerca de la mitad corresponde a hardware (computadoras) y el resto a software (los programas)y servicios. El componente local del software, es decir, las soluciones desarrolladas por empresas nacionales, suma unos 400 millones, según datos de la industria. Cassino estimó que, sólo en la AFIP, el software no registrado ronda los US$ 8 millones, mientras que la deuda de todo el Estado nacional representa unos 35 millones, sin contabilizar las multas, sólo de licencias instaladas sin pagar el derecho de uso.
Esta es una vieja deuda que el Estado arrastra con las empresas. En su momento, Claudia Bello, como secretaria de la Función Pública, había llegado a un acuerdo con los empresarios informáticos:el Estado reconocía una deuda por 5.400.000 pesos por el uso de 20 mil unidades de software y el upgrade (actualización)de los mismos durante dos años, una forma de poner al día la heterogénea informatización de la administración pública.
Sin embargo, con el cambio de gobierno vinieron los problemas. Los nuevos funcionarios a cargo no reconocieron lo firmado por el menemismo y las negociaciones comenzaron a dilatarse, pese a que el gobierno norteamericano (que defiende a las empresas que están entre las principales damnificadas) hizo saber más de una vez que el respeto por la propiedad intelectual era uno de los puntos clave de la relación entre ambos países. La respuesta del entonces jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, fue que no podían avalar un acuerdo realizado por la administración anterior. "Pero no pueden desconocer lo hecho por el Estado -protesta Cassino-, el expediente lo revisó la Sigen, la Procuración y dieron el visto bueno."
Según los datos de Software Legal, la piratería informática alcanzaría en la Argentina al 62%, y genera pérdidas estimadas para la industria local por 192 millones de dólares, entre el sector privado y público, además de impedir la creación de empleos y dificultar el desarrollo de la industria tecnológica. El 15 de noviembre se venció la tregua que había dispuesto Software Legal para comenzar con las acciones penales contra los que utilizan programas truchos.
Ayer Software Legal logró que se concretara un allanamiento en la Comisión Municipal de la Vivienda de esta capital, en el marco de una causa anterior que involucra al gobierno porteño.
Martín Carranza Torres, presidente de la asociación, precisó que, cuando llegaron con los oficiales de Justicia al edificio de la avenida Carlos Pellegrini 211 para concretar el allanamiento, "uno de los abogados que trabajaba allí se resistió a permitir acceder a las máquinas y se terminó radicando una denuncia penal en su contra".
Ese procedimiento comenzó a última hora de ayer y continuará el próximo lunes. "Pero para evitar que puedan borrarse los programas, el juzgado ordenó que dos policías quedaran en custodia", agregó Carranza Torres.
"En la Argentina, la administración pública y las grandes compañías se sienten intocables en cuanto a la piratería de software. Con estas medidas estamos abriendo un nuevo capítulo en la lucha contra la piratería en nuestro país", dijo Carranza Torres.
"No es posible que el Gobierno se presente como impulsor de una industria a la que está perjudicando por su accionar ilegal, quebrantando la seguridad jurídica para quienes invierten y generan fuentes de trabajo en el país", agregó. "El Gobierno quiere incentivar las inversiones del sector tecnológico, pero son los primeros en violar la ley. ¿Qué empresa se va a querer instalar en un país en el que el mismo gobierno no respeta la propiedad intelectual?", culminó Carranza Torres
En la Argentina, el sector tecnológico genera apenas el 3 por ciento del empleo, índice que se eleva al 7% si se toman en cuenta las telecomunicaciones.
En los Estados Unidos, este mismo sector representa un 40 por ciento. "Es necesaria una política activa por parte del Gobierno para generar producción, inversiones genuinas y mano de obra calificada", señaló un ejecutivo de una empresa norteamericana.
Por Por Josefina Giglio <br/> De la Redacción de <i> La Nación </i>
