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Desalojan un campo estatal ocupado en Entre Ríos
Fue en Santa Elena; el 80% de su población está sin trabajo
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SANTA ELENA, Entre Ríos.- Cansados de pedir sin eco que el gobierno provincial les venda algunas parcelas para dedicarse a la producción, familias de esta ciudad decidieron ocupar de hecho 300 hectáreas del campo estatal El Quebracho, y ayer fueron desalojadas por orden judicial.
Con el 80% de su población desocupada desde la caída de su principal fuente de trabajo (la fábrica alimentaria conocida como Frigorífico Santa Elena, que llegó a faenar 1000 cabezas de vacunos por día), esta ciudad vive de más de 3000 planes asistenciales de 150 pesos por familia.
Por eso numerosos obreros desocupados formaron una cooperativa que intenta reactivar la planta cárnica, mientras que otros más vinculados con el campo apostaron a un proyecto para colonizar la estancia El Quebracho, que perteneció al frigorífico y está ociosa en su mayor parte.
Este grupo denominado "pro colonización", integrado por personas en su mayoría sin filiación política partidaria y de evidentes costumbres y oficios camperos, gestionó la adquisición de parcelas durante 3 años sin mayor eco. Esta semana decidieron instalarse en carpas en el Campo Seis de la estancia, a 4 kilómetros de Santa Elena. Levantaron un rancho precario y un corral, excavaron un pozo para el agua, salieron en grupos a hachar los renovales (montes que fueron talados hace décadas y están rebrotando), araron un potrero de 5 hectáreas y todo con una obsesión: trabajar en sociedad, vivir de lo que produzcan y pagar la tierra con su propio esfuerzo a largo plazo.
Reproche
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Sergio Avero, les reprochó la decisión. "Acá las cuestiones no se manejan con voluntarismo, si no cualquiera puede ir y ocupar cualquier terreno que se encuentre vacío, y esto en un Estado de Derecho, no se puede consentir ni admitir una decisión de este tipo", expresó. El abogado por la Liga de los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, aseguró en cambio que "en realidad no hay ningún ilícito en la ocupación de tierras porque hay un estado de necesidad justificante".
La situación fue denunciada anteayer a la Justicia por el encargado de los campos, Jorge Cuatrini, dependiente del gobierno provincial, y el mismo día a la tarde el juez de instrucción del departamento La Paz, Carlos Trajtemberg, ordenó el desalojo. Ayer, a las 6.15, cuando apenas amanecía, se presentó en la estancia una partida de policías, al mando del jefe departamental Héctor Mario Cardona, que leyó la decisión judicial a los ocupantes, y los acampantes abandonaron las tierras pacíficamente para instalarse frente a la propiedad, para esperar que el gobierno provincial resuelva el destino de las parcelas.
La estancia posee más de 2800 hectáreas aptas para el agro y las carnes, y en su mayor parte desocupadas. Esto provocó la simpatía del párroco de la ciudad, Ramón Zapata, con el grupo hasta el punto de prestarles dinero para la labranza. "La Iglesia ve con buenos ojos a la gente que quiere trabajar la tierra, me parece correcto", dijo a LA NACION.
El gobierno provincial prevé dividir la superficie en 18 parcelas y dejar una o dos para entidades cooperativas y microempresas, pero los santaelenenses sostienen que hace 3 años que están reclamando sin éxito unas parcelas para labrar. Acudieron a la Legislatura para avanzar en un proyecto de colonización social, pero los legisladores demoraban también su tratamiento.
Ayer se supo que el miércoles de la semana próxima se tratará en Diputados el sistema de distribución propuesto por los santaelenenses, que requiere un fuerte apoyo estatal y que tiene diferencias con la iniciativa del Poder Ejecutivo, que prevé dar las tierras a hijos de productores que posean maquinarias y algunos recursos, y dejar sólo una parte del campo para los desocupados
