Deuda externa: el origen menos saludable
Con cada cambio de signo político del gobierno argentino, en general en situación de crisis, resurge el debate acerca del origen de la deuda externa. Desde todos los arcos ideológicos, se cuestiona su legitimidad, su posible origen espurio y su incorrecta utilización.
La deuda publica surge como consecuencia del desequilibrio entre gastos e ingresos del sector público en todas sus jurisdicciones (nacional, provincial y municipal). En un hogar, el gasto debería pagarse con los ingresos laborales habituales, en el caso del sector público, el ingreso regular es la recaudación impositiva.
El problema surge cuando estos recursos no alcanzan para pagar los gastos: o se ajusta el cinturón bajando los gastos, o se obtienen mas ingresos o se recurre a la tarjeta de crédito, es decir a la deuda.
En el caso del sector público, si la decisión política es no bajar gastos improductivos como consecuencia de la ineficiencia o de la corrupción, se recurre al endeudamiento y, cuando este no alcanza, al impuesto inflacionario.
Un ejemplo claro es el bono que estuvo a punto de defaultear el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se trata del bono denominado BP21 emitido por Scioli en 2011 para solventar entre otros el aumento de los injustos salarios de los docentes. Dado que este bono fue en dólares y una parte del mismo fue comprado por no residentes, el pago a los docentes termino siendo un aumento de la deuda pública externa.
Para evitar el ajuste del gasto publico durante la era Macri se recurrió a emisiones de deuda pública externa para financiar el gasto publico corriente. El rescate del FMI durante el año 2018, resultó ser en parte un reemplazo de acreedores argentinos y no residentes privados a los fines de seguir financiando el gasto publico.
Pero también suceden saltos en la deuda publica que no están relacionados con la evolución "normal" del gasto público.
La deuda pública aumenta con el sinceramiento de los pasivos contingentes previsionales, es decir de las deudas con los jubilados presentes y futuros que se genera por no cumplir con la ley, por lo general se termina pagando con endeudamiento público. Los bonos Bocones Previsionales 1 y 2 emitidos en 1991 para pagar sentencias judiciales pendientes del gobierno de Alfonsín. La reparación histórica del gobierno de Macri que origino la necesidad indirecta de tomar deuda pública externa y/o emitir moneda.
La deuda publica también aumenta con el rescate de deudas del sector empresario no financiero ("bail out"), parte importante de tipo prebendario, como consecuencia de las frecuentes y profundas crisis macroeconómicas. Ejemplos emblemáticos son la nacionalización de la deuda privada vía seguros de cambio del año 1982, la "inflación" de deudas del sector público con empresarios prebendarios en distintas épocas (INDER, empresas amigas con Banco Provincia, Correo), la pesificación asimétrica de 2002, el pago en Lebacs durante 2016 de la operación del dólar futuro de fines del gobierno kirchnerista.
La baja calidad de los servicios públicos incentiva la elusión fiscal originando una mayor necesidad de endeudamiento para solventar el gasto publico ineficiente.
La falta de confianza en la política económica repercute en niveles máximos de riesgo país generando un alza de tasa de interés para incentivar la compra de bonos públicos y disparando una verdadera bola de nieve en la renovación de la deuda pública.
En definitiva, quien se hace cargo del endeudamiento son quienes pagan los impuestos que en Argentina es la mayoría de los que no tienen lobby ni participan de los acuerdos económico-sociales: el sector productivo no prebendario, las pymes, la clase media profesional, los trabajadores informales y los más pobres que son quienes más sufren el impuesto inflacionario.
El lema debería ser financiar gasto corriente con ingresos impositivos y la inversión pública con endeudamiento a largo plazo. Nuestra historia reciente y el presente lamentablemente desmienten esa idea.
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