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Dólares del colchón: el Gobierno postergó la declaración jurada de Ganancias para darle tiempo al Congreso a aprobar la nueva ley
La presentación se extenderá hasta el 28 de agosto, pero el pago del impuesto mantendrá su vencimiento del 27 de julio
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LA NACIONMelisa Reinhold
A diez días de que venciera el plazo para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, el Gobierno postergó la presentación de la Declaración Jurada de Ganancias para personas humanas hasta el 28 de agosto. De esta manera, se le dará margen al Congreso para tratar el proyecto de ley que flexibiliza las condiciones para ingresar a la iniciativa del Gobierno, que prevé un “tapón fiscal” que permite usar los dólares del colchón sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ponga la lupa en las variaciones patrimoniales.
La medida, sin embargo, no modifica el calendario de pago del impuesto. Los contribuyentes deberán cancelar el saldo correspondiente antes del 27 de julio, como estaba previsto después de la primera prórroga. Así, no habría una caída en la recaudación del Estado, luego de que en junio se registrara déficit fiscal. Ese mes estuvo marcado por el pago de aguinaldos a empleados públicos, jubilados y pensionados y por la postergación del vencimiento del impuesto a las ganancias para personas humanas hasta julio.
La decisión se tomó después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se reuniera con los principales referentes tributarios del país. “La medida busca facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, comunicaron desde ARCA.
El titular del Palacio de Hacienda ya había tenido un encuentro con los contadores a finales de mayo, charla que derivó en la primera postergación de los vencimientos y en un nuevo proyecto de ley para flexibilizar el régimen. Pero, hasta el momento, la nueva normativa no logró tratarse en el Congreso.
Al estirarse la presentación de la Declaración Jurada un mes en el calendario, la apuesta es que los legisladores traten la nueva ley en el recinto y que más contribuyentes se animen a adherirse. Mientras que el régimen actual establece límites patrimoniales de $10.000 millones y de ingresos anuales por $1000 millones, la nueva versión elimina esas restricciones y deja como únicos requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar catalogado como “Gran Contribuyente Nacional”.
“El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo con la intención de ampliar el universo de contribuyentes comprendidos ha despertado el interés de adhesión por parte de quienes se encuentran excluidos en la normativa vigente. Por tal motivo, resulta indispensable contar con las disposiciones legales y reglamentarias definitivas para poder brindar un asesoramiento técnico adecuado y dar respuestas precisas a los interesados", había dicho el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, después de enviarle a comienzos de esta semana una nota al titular de ARCA.
El proyecto de ley
El desafío en el Congreso seguirá estando. En parte, la discusión quedó envuelta en la controversia que generó la adhesión del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Régimen Simplificado de Ganancias. Para algunos tributaristas, esto podría jugar en contra del proyecto a la hora de debatirse. “No es gratuito lo que pasó con este proyecto. Hay que ver cómo lo tratan; la oposición lo va a usar en contra”, reflexionó un contador.
El nuevo proyecto de ley también introduce modificaciones en el mecanismo de control de las denominadas “discrepancias significativas”, uno de los puntos que más cuestionamientos recibió desde su lanzamiento. La propuesta prevé que, si el contribuyente rectifica la declaración y cancela las diferencias dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de ARCA, no perderá automáticamente los beneficios del régimen.
A esto se le suma que la forma de medir la discrepancia significativa, que habilita al fisco a revisar, ya no se calcula sobre el saldo final de la declaración, sino sobre el impuesto determinado. A su vez, aunque se mantiene la diferencia del 15%, el régimen no se caerá si la diferencia no supera el 5% del monto previsto para la evasión simple, actualmente en $5 millones. Para los tributaristas, estos cambios son centrales para generar mayor seguridad jurídica.
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