Dos días de vorágine regulatoria: se terminan las funciones delegadas de la Ley Bases y el Gobierno apura la última desregulación
El miércoles se agota el plazo que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo para que haga reformas en varias áreas de la administración pública sin pasar por la Legislatura
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LA NACIONDiego Cabot
En el viejo edificio donde funcionó Shell, a dos cuadras del obelisco y a una de la Plaza de Mayo, ahora tiene sus oficinas el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Apenas entrar a las oficinas de Federico Sturzenegger, el titular de la cartera, hay un marcador de tiempo que empezó desandar una cuenta regresiva desde el número 365. Esos eran los días de vigencia que tenía la emergencia en la Ley Bases y que le permite al Gobierno desregular, modificar estructuras del Estado y avanzar en gran cantidad de medidas sin pasar por el Congreso. Cuando el ministro empiece su semana laboral, en ese marcador marcará apenas dos.
Pasado mañana, 9 de julio y feriado, se cumplirá un año de la Ley Bases. Con la llegada de ese aniversario, se extinguirá la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética que en el artículo primero de aquella norma declaró por el término de un año. De ahí que el Gobierno apuró la lapicera para intentar llegar a tiempo con una decena de reformas que están aún pendientes.
En principio, se avanzó con algunas normas que se esperaban y que ya tenían varios borradores en circulación. Una de ellas es la modificación de la Ley de Inversiones Mineras, una norma de 1993 que fue revisada por los reguladores que dependen de Sturzenegger. Uno de los puntos centrales es la modificación del artículo 10 que establecía la necesidad de que la autoridad de aplicación emita un certificado con las contribuciones tributarias y tasas aplicables a cada proyecto, tanto en el orden nacional como provincial y municipal, vigentes al momento de la presentación, que remitirá a las autoridades impositivas de todos los niveles a efectos de la estabilidad impositiva. La idea es que de ahora en más, todo el régimen sea más ágil, que haya tiempos para expedirse y que ya no existan miles de requisitos y formularios.
Otra de las cosas que se esperaba es el decreto que modifique el régimen de las LEFI (letras de liquidez emitidas por el Tesoro) y del que participaba el Banco Central. La modificación no prohíbe la operatoria sino que, simplemente, el Tesoro no las renovará. En el Gobierno comentaron a LA NACION que ese instrumento era la única referencia de tasa de interés que quedaba. Desde que se eliminó la tasa de referencia, este instrumento, que ahora pagaba alrededor de 33% de interés anual, era una suerte de guía para los bancos. Dicho de otra manera, a menos de esa tasa no le prestaban a nadie porque preferían ser remunerados por las LEFI.
Desde la publicación de la norma, y ya sin aquella referencia, los bancos deberán mover sus tenencias de activos líquidos a otros instrumentos de distinta liquidez. Justamente este decreto establece algunos parámetros y autorizaciones para que los bancos manejen de otra manera el dinero que antes se colocaba en esos papeles. La idea del Gobierno es que las entidades vayan, por ejemplo, a Lecaps que tienen rendimientos de mercado y no referencias de tasas preacordadas. Además, como tenían rendimientos de un año, y no se renuevan, hay que armar un canje entre el Tesoro y el Banco Central.
Hay varios cambios de estructuras de la administración pública y de los organismos descentralizados que tienen varios borradores ya terminados. Solo falta que se publiquen. Quedan un par de ediciones en el Boletín Oficial y nada más.
Uno de ellos es la reforma que se diagramó para el mundo del transporte. Desde hace meses, la administración del presidente Javier Milei trabajó en un decreto para modificar algunos organigramas dentro del Poder Ejecutivo. Uno de ellos es la desaparición, o al menos, profunda reforma de Vialidad Nacional, así como también de la empresa estatal Corredores Viales y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad en el Transporte están entre las prioridades durante estos días que quedan. Sin embargo, hace tiempo que es prioridad y nunca se pudo avanzar en este sentido. Es ahora o se tornará muy difícil.
También en el mundo del transporte, en este caso aéreo, se espera que se definan o no los cambios en el Organismo Nacional de Regulación de Aeropuertos (Orsna), en la Administración Nacional de Aviación Civil, en la Junta de Investigación de Accidentes y en la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana).
Pase a los intentos por subsumir un organismo dentro de otro, no parece tan sencillo que en estos dos días se pueda avanzar en lo que se intentó, sin éxito, desde hace meses. Sucede que la cantidad de convenios internacionales, la complejidad de los tratados y la funciones de cada uno hay impedido que se avance con la concentración de organismos.
Se trata de un límite práctico y normativo al “afuera” o al “se cierra”, dos latiguillos de campaña que se escucharon hasta el cansancio en épocas de elecciones.
Algo similar ha pasado con la pretendida reforma del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) y con los instituto de Tecnología Industrial (INTI) y de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La idea original del Gobierno era lograr una fusión de organismos, pero, a poco de aquella herramienta de la Ley Bases se termine, no parece que será la solución. Hace días circuló una versión del supuesto decreto pero desde la Casa Rosada dijeron que no era definitivo. En principio, el objetivo de mínima que tienen los desreguladores es bajar la cantidad de cargos jerárquicos en algunos de estos organismos. Por caso, indicaron, el INTA tiene 932 lugares para jefes.
En el área de la salud también se esperan cambios, Si bien el hermetismo reinó en este tiempo, la idea que tiene el Gobierno es unificar o desarmar algunos intitutos que existen, algo similar a lo que ya hizo en Cultura cuando decidió cerrar el Instituto de Estducios Juan Domingo Perón.
¿El fin del artículo 3?
La llave maestra para abrir nichos oxidados con la que el ministro se entusiasmó hace un año fue el artículo 3 de la Ley Bases.
¿Qué dice? Básicamente faculta al Poder Ejecutivo a ”disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada” y modificar o eliminar las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; reorganización, modificar o transformar su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.
Ese fue el meollo del asunto, que luego se completó con los organismos que no se puede disponer la disolución. Los legisladores pugnaron por enumerar organismos que no querían que se cierren. Lo lograron, pero como se dijo, un párrafo antes le entregaron la llave al Gobierno para que haga cualquier cosa menos cerrarlos.
Es decir, podría dejarlos latentes con un par de burócratas pero cambiar de cabo a rabo cualquier cosa, desde sus funciones hasta su estructura jurídica.
Esa llave maestra es la que se termina ahora. Sin embargo, de la redacción de la norma queda claro que ya no hay más emergencia y con eso, facultades delegadas. Nadie duda de eso.
Pero, algunos administradores del Gobierno sostienen que ese artículo 3, donde se entregan amplios poderes para poder desregular, pues podría seguir vigente. El argumento es que son facultades expresas y que no tienen ninguna temporalidad fijada en la norma.
Otra de las dudas es qué pasará con Sturzenegger. Nadie duda de que seguirá como ministro. Sin embargo, hay quienes piensan que ya sin las facultades que tuvo es posible que tome algunas otras áreas. Es decir, ya sin la caja de herramientas para avanzar por donde quiera, pues sería tiempo de que se haga cargo de otras áreas.
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