Edesur. Una demolición regulatoria que impide encontrar a los culpables

Vale hacerse una pregunta para iniciar un análisis sobre el mundo energético argentino: ¿es posible un libro de ficción para explicar la política eléctrica local de los últimos 20 años? La respuesta es sencilla: sí. Es más, quizá el autor pueda sumar un capítulo más con los desatinos criollos detrás de los cables.

Paul Auster escribió El país de las últimas cosas, en 1987. No imaginaba la Argentina. Allí se habla de una sociedad sin valores, con pocos ideales y despojada de afectos. Los habitantes de aquel país de las últimas cosas transitan sin perspectivas a largo plazo. Tampoco tienen futuro, porque han perdido el pasado.¿Algunas coincidencias con el sistema eléctrico argentino? Todas.

Incluso desde antes de la devaluación de enero de 2002 y de la posterior pesificación de las tarifas, el sistema regulatorio de los servicios públicos existente, bueno o malo, no interesa en este punto del análisis, fue demolido. Se reemplazó por parches redactados en su gran mayoría de dos ministros, Juilo De Vido y Axel Kicillof, y dos secretarios de Estado, Roberto Baratta y Guillermo Moreno, que le pusieron letra a los pedidos de sus presidentes, Néstor y Cristina Kirchner. Jamás se armonizó un sistema que pudiese poner sobre la mesa los derechos y las obligaciones del concedente (Estado) y el concesionario (empresa privada). Tampoco se garantizó el control y el sistema de sanciones. Todo el desaguisado se pagó en cuotas. Por un lado, con deterioro del servicio; por el otro, con juicios posteriores de empresas que se sintieron desapropiadas por el andar omnipotente de la administración.

El caso de Edesur es el más claro ejemplo de aquel país retratado por Auster. Es imposible analizar el presente sin tener en cuenta el pasado para aproximarse al presente. Todos transitan el desprecio al largo plazo.

La Argentina debe debatir mucho más allá de Edesur en materia eléctrica. El sistema energético está roto y desquiciado en el país de Vaca Muerta. Es imposible pensar en el servicio actual que brinda la concesionaria sin entender que fueron el primero, segundo y tercer gobierno kirchnerista los que le mantuvieron congeladas las tarifas. Decidieron, a cambio de que la boleta valiera menos que una gaseosa de litro, subsidiar e importar la energía en un país sin inversiones. Luego llegó el macrismo e intentó empezar a bajar el peso de los subsidios. Pero fracasó. En abril del año pasado, aquel esquema de normalidad, volvió a la anormalidad y las tarifas quedaron quietas nuevamente.

Sin mirar esa secuencia es imposible, o al menos incompleto, intentar explicar el hoy. Ningún país del mundo ha encontrado otra fórmula para mantener la infraestructura pública que no sean dos caminos. Los paga el usuario o los paga el Estado. El primero, lo puede hacer mediante la tarifa o con desembolsos directos, como sucede en gran par del interior donde los frentistas tuvieron que solventar gran parte de sus conexiones a la red, o como hacen los dueños de campos cuando se hacen cargo del trayecto hasta la red eléctrica más cercana. El Estado puede hacerlo con ahorro o con créditos a largo plazo. Nadie encontró otra fórmula.

El Estado kirchnerista prefirió ser él y no los concesionarios los encargados de la inversión. Su antecesor menemista optó por entregar una concesión, cobrar tarifas, firmar un contrato y velar por su cumplimiento con un ente de técnicos independientes que miren cuál de las partes se apartó de la letra convenida.

El kirchnerismo rompió aquel esquema. No dio tarifas, convirtió a las empresas en gerenciadoras y se quedó con la inversión. Allí hay caja. Además intervino los entes regulatorios que fueron manejados por De Vido y Kicillof.

Las obligaciones de las partes estaban rotas. Nadie cumplía. El servicio se deterioró con el paso del tiempo. El sistema de mantenimiento también tiene dos caminos concretos. El más eficiente es trabajar en la previsión y el mejor ejemplo es una red doméstica. Cualquier usuario que ponga muchos artefactos eléctricos a un mismo cable tendrá el aviso del técnico: si no cambia el cableado por otro más resistente, el sistema colapsa con todo prendido. Claro que ese remedio es más caro y, además, exige tiempo. Dinero y planificación, dos bienes escaso en el mundo de la infraestructura argentina. La otra opción, claro está, es poner a andar los aparatos. Y se actúa localizado y sólo en la emergencia. Este es el camino de la Argentina prácticamente, desde 2001.

El intervalo fue en el gobierno de Mauricio Macri. Justamente, la cuestión tarifaria fue central y, quizá, uno de los golpes más fuertes a gran parte de sus votantes. Jamás se explicó la profundidad de la crisis y el nivel de inversión que necesitaba la red. Pero se avanzó con la suba de las boletas de electricidad, se pactó un plan de inversiones y después de años de intervención, se regularizó con concurso público de antecedentes, el ENRE, el organismo de control. El propio Macri interrumpió ese esquema en abril de 2019.

El cuarto gobierno kirchnerista volvió a intervenir el ENRE y removió a aquellos funcionarios antecedidos de experiencia en el sector. Colocó a su gente. Ahora, ese organismo que no cumple con el contrato y que, por razones atendibles, congeló las tarifas, exige contraprestaciones como si nada ocurriera. Amanece así otro conflicto internacional si se avanza con la rescisión del contrato.

Edesur está, además, en la mira de los municipios. Alrededor de 10 de los 12 municipios en lo que presta servicio en el Gran Buenos Aires cobran sus tasas en las boletas. Sin embargo, le deben varios miles de millones.

Desde 2011 se acumula la deuda de las llamadas "bocas de expendio". Entonces se armó un esquema mediante el que la empresa coloque un único medidor en la entrada de un barrio de emergencia o en un asentamiento. Los habitantes del lugar libremente pueden colgarse desde ese medidor para atrás. La factura la debía pagar la Ciudad, en territorio porteño, y la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses acumulan deudas desde 2011. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la provincia pasó esa deuda y la consecuente mantención y pago a los municipios. Pillos los intendentes, encontraron un blanco fácil en Edesur.