El aumento de los juicios por accidentes laborales muestra una alta disparidad entre provincias
En 2025 hubo 132,8 demandas por cada 10.000 asegurados y en algunas jurisdicciones el índice fue cercano a 300; cuáles son las causas de la suba y de las diferencias, qué pasa con la siniestralidad y qué dice la iniciativa que el Congreso prevé convertir en ley
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LA NACIONSilvia Stang
A nueve años de la aprobación de una ley que se propuso ponerle freno a la judicialidad vinculada a accidentes y enfermedades laborales, los números dan cuenta de un objetivo no cumplido. En 2025, el número de juicios iniciados -134.141- superó en un 6,4% al de 2024 y resultó ser el más elevado desde la creación del actual sistema, en 1996. El índice de judicialidad fue el año pasado de 132,8 casos por cada 10.000 personas cubiertas, y marcó una suba interanual de 7,2%, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
Un rasgo distintivo es el comportamiento dispar de la litigiosidad según el lugar del mapa que se mire, más allá de que, según insisten en advertir las compañías de seguros, es generalizada la falta de conformación de los cuerpos médicos forenses en cada jurisdicción, algo establecido por la ley 27.348, aprobada en febrero de 2017. Esa norma indica que quienes integren esos cuerpos cobrarán honorarios que “no serán variables ni estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio y su regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito”.
El índice de litigiosidad se movió en 2025 entre el 4,9 por 10.000 de Salta y el 300,2 de San Luis, pasando por el 295,9 de Santa Fe y el 126,5 de Córdoba, una provincia donde la incidencia de las demandas se redujo respecto del año previo, a contramano de lo ocurrido en la mayor parte de las jurisdicciones (según fuentes del sector, esto ocurrió por las investigaciones y causas judiciales que hubo allí contra fraudes en este tipo de causas).
El noveno aniversario de la ley que estableció crear los cuerpos médicos forenses (entre otras cosas, como una mejora significativa de las indemnizaciones pagadas por el sistema) coincide con el debate por la reforma laboral promovida por el Gobierno. El texto de la iniciativa -que tiene su trámite legislativo aún en curso- incluye un contenido que insiste en la necesidad de que se cumpla con aquella disposición.
Cuerpos médicos e incapacidad
¿Qué generaría la integración de los cuerpos médicos? Según los defensores de esa disposición, le daría orden y profesionalización al proceso de determinar los porcentajes de incapacidad, con honorarios por los peritajes médicos que estén desanclados de lo que ellos resulte.
Más allá de eso, desde este mes rige un nuevo baremo, que fue establecido por el decreto 549 de agosto pasado. El baremo -o tabla de evaluación- es una herramienta que traduce las secuelas de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral en un índice porcentual de incapacidad.
Mayoritariamente, los casos que llegan a juicios son, según la presidenta de la Unión de ART, Mara Bettiol, los de quienes tienen una incapacidad de 0% determinada por las comisiones médicas en el trámite administrativo. Y hacen la demanda en busca de que se les reconozca algún grado de incapacidad para obtener una indemnización. Según Bettiol, el nuevo baremo reduce el grado de discrecionalidad posible y apunta más a las limitaciones físicas que a los síntomas expresados por las personas (el anterior establecía rangos más amplios dentro de los cuales podía ubicarse, ante cada patología o daño, el porcentaje de incapacidad).
Según un informe del Ieral de Fundación Mediterránea, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en casos de lumbalgia no especificada en los cuales las comisiones médicas del sistema administrativo determinan 0% de incapacidad, los porcentajes determinados en instancia judicial se mueven entre el 9% y el 19% en la ciudad de Buenos Aires, entre el 7 y el 16% en la provincia de Buenos Aires y entre 4% y 7% en Santa Fe.
En una reciente entrevista periodística, la jueza María Elena López, del Juzgado Nacional Laboral N° 57, afirmó que el 60% de los reclamos que llegan a su despacho son por accidentes o enfermedades laborales (el resto, por despidos) y ratificó que, en la mayoría de los casos no se plantean diferencias en el porcentaje de incapacidad, sino que se reclama a partir de que existió un rechazo en el sistema a reconocer un daño indemnizable. Para asistir en la resolución de cada reclamo, dijo, sale sorteado un perito médico que, según la ley actual, no puede cobrar honorarios dependientes de los montos determinados por el juicio.
El texto que se debate en el Congreso incorpora a la ley 27.348 un artículo que indica que las jurisdicciones adheridas a esa norma de 2017 están obligadas “al cumplimiento íntegro” de condiciones establecidas, como la aplicación del baremo, y la conformación y la garantía de “adecuado funcionamiento” de los cuerpos médicos forenses. Se fija un plazo de 90 días para implementar las medidas y se prevé una sanción administrativa por no cumplir. Sobre este último punto, se le daría a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la facultad de “suspender la asistencia técnica y/o el financiamiento específico” o de resolver “el cese de cualquier otra forma de apoyo” destinado a la jurisdicción en materia de riesgos del trabajo.
“De las 18 jurisdicciones que adhirieron a la ley, ninguna ha conformado el cuerpo médico forense tal como está previsto en ella” describió Bettiol. Las que faltan adherir son La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.
En total, en 2025 se notificaron 134.141 litigios, cifra que implica una judicialidad de 132,8 por cada 10.000 trabajadores con cobertura. El año previo ese índice había sido de 123,8 (la suba fue de 7,2%).
Diferencias por territorio
La mayor incidencia se dio en San Luis, con 300,2 casos cada 10.000 y un incremento de 20,7% respecto del índice del año previo. Le siguieron Santa Fe, con el 15% del total de los casos y un índice de 295,9 por 10.000, superior en un 21,2% al de 2024; Chubut, con 235,8 y una suba de 43,9%, y Mendoza (207,7, con una caída interanual de 5%).
En esta última provincia se instrumentó dos años atrás un sistema de auditorías de peritos judiciales. “Aunque alcanza solo al 2% de los casos, el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja”, indica un informe de la UART. Eso constituye, según la entidad, “un indicador que ratifica que el viejo sistema de listado de listado de peritos que cobran en proporción al valor del juicio (valor por ellos mismos peritados) no funciona”.
Si se observan los números absolutos, casi seis de cada diez de los juicios iniciados correspondieron a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, con 52.314 y 25.325 causas, respectivamente. En el primer caso, el índice de judicialidad se ubicó por arriba del promedio del país (fue de 159,4); en el segundo caso resultó de 112,8, tras una suba de 12%, mayor a la del dato promedio.
Según un documento de la UART, ninguna jurisdicción tuvo cambios importantes en la siniestralidad en 2024 que justifiquen las variaciones de los índices de judicialidad en 2025. Tampoco se condicen los niveles de litigiosidad, se señala, con lo que ocurre fronteras afuera: un ejercicio permitió estimar que si la Argentina tuviera los índices de juicios de España o de Chile, los casos ingresados el año pasado habrían sido 8234 o 5663, respectivamente, en lugar de los 134.141.
Según un trabajo de la economista Laura Caullo, del Ieral, el incremento de la judicialidad “se da en un contexto donde la siniestralidad descendió, lo que confirma que el motor del fenómeno no está en la ocurrencia de accidentes, sino la estructura de incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia”.
La estadística publicada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestra que, si se mira la cantidad de juicios por cada 1000 siniestros ocurridos, la tasa fue en 2024 de 177,7, tras una suba de 13,5% respecto del año previo. Fue la segunda más alta de la historia del sistema, luego de la de 2017, de 183,6.
El índice de siniestralidad, en tanto, fue en 2024 de 48,8 por 1000 asegurados, tras bajar desde el 66,4 por 1000 de 10 años antes y el 84,3 por 1000 en el inicio del régimen. Los fallecidos por millón, en tanto, fueron 233,2 en 1996; 149,1 una década después; 73,6 en 2016 y 54,2 en 2024. La baja lleva a la UART a concluir que se evitaron 19.000 muertes.
Según Bettiol, en Salta, Corrientes y Río Negro, tres provincias con tasas de litigiosidad relativamente bajas, si bien no se conformaron cuerpos médicos en función de lo dispuesto por la ley, sí hay pericias realizadas por profesionales que son empleados del Poder Judicial y cobran sueldos. “Además de no ser externos, no cobran a porcentaje del resultado del juicio”, describió.
Y agregó que pueden verse las diferencias entre cada uno de esos casos y otras provincias cercanas, con sinestralidad similar: mientras que en Salta la juicialidad es de 4,9 por 10.000 asegurados, en Jujuy es de 178,6; mientras que en Corrientes es de 18,5, en Entre Ríos es de 87, y mientras que en Río Negro es de 30,1, en Chubut llega al 235,8.
Además de la implementación de un sistema de auditorías de peritos en Mendoza, el informe de la UART menciona como hecho destacado que en 2025 Santa Fe dio inicio a un concurso para conformar su cuerpo médico.
Una cuestión clave que entra en juego es cómo se reajustan los montos determinados en sentencias judiciales, para actualizarlos al momento del cobro. Los importes varias veces millonarios suelen reducirse cuando la causa judicial llega a instancias superiores. El reciente caso de la sentencia contra la firma de bebidas Manaos (que no está referido a un accidente, pero sí a un conflicto laboral) permite graficar el punto: la actualización fijada inicialmente en el litigio, desarrollado en Mendoza, elevaba el monto de la indemnización a $1235 millones. El tribunal supremo de la provincia lo bajó a $800 millones. Según fuentes de la empresa, el demandante trabajó seis años y el salario del puesto es de unos $2,5 millones.
Respecto de los juicios por riesgos del trabajo y según datos de la SRT, en noviembre de 2025 había 309.372 pendientes de resolución, un 2,4% más que doce meses antes y un 8,6% más que en el penúltimo mes de 2022. En noviembre de 2017, el año de la reforma que intentó la baja de litigios, el número había llegado a 369.086, y luego fue bajando, en una tendencia que cambió tres años atrás.
El sistema de ART tiene, según la estadística oficial a noviembre último, 10.169.441 trabajadores asegurados, de los cuales 602.868 trabajan en casas particulares. El número de empleadores, en tanto, llega a 992.229.
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