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El conurbano pasa al tope de la agenda
Las encuestas que consume el Gobierno muestran con claridad el desplazamiento de las preocupaciones de la ciudadanía. Desde agosto, la inflación cayó abruptamente y abandonó el centro de la angustia social. En ese lugar quedó la inseguridad. Esa preocupación no es casual: en los últimos meses el conurbano bonaerense registró una sucesión de hechos violentos que instalaron la percepción de que la policía de la provincia de Buenos Aires se parece mucho más a una gran organización delictiva que a una fuerza de seguridad. Esa organización habría funcionado en connivencia con parte del poder político hasta diciembre de 2015 y desde ese momento el viejo esquema se habría roto sin que haya sido reemplazado por uno nuevo.
Para el presidente Mauricio Macri, que plantea como eje de su gobierno derrotar al narcotráfico y disminuir la pobreza, gran parte de su éxito o fracaso se juega en ese anillo de partidos que rodean a la ciudad de Buenos Aires. Allí se concentra buena parte de la producción y el comercio ilegal de drogas y de la pobreza de la Argentina. Si para desterrar la inflación el gobierno parece tener una hoja de ruta bastante bien definida, para mejorar las condiciones de vida en el conurbano el camino parece algo más sinuoso. Desde 2007, la infraestructura pública ha sido abandonada, la lucha contra la pobreza se ha basado únicamente en los planes sociales y la seguridad fue librada a la suerte de una fuerza policial en descomposición. Es difícil torcer el rumbo sin un programa muy específico para cada uno de los problemas.
El conurbano bonaerense es un país en sí mismo. Atrapados entre la próspera ciudad de Buenos Aires y el (nuevamente) pujante interior agroexportador de la provincia, los partidos que conforman esta zona del país suman 10 millones de habitantes. Es un 25% de la población de la Argentina, y sus indicadores socioeconómicos sobresalen por su deterioro. Si en la Capital Federal la pobreza no llega al 10% de las personas, en el conurbano alcanza casi un 40%. La tasa de mortalidad infantil de niños menores de un año se sitúa en 11,4 por cada 1000, cuando en la ciudad de Buenos Aires se ubica en ocho. La tasa de homicidios violentos se ubicaba en 2014 en 11 cada 100.000 habitantes, casi duplicando la media nacional, de 6. Son indicadores sociales muy similares a los de algunos países de América Central, como la República Dominicana, Granada o Jamaica. En ese país aparte, Daniel Scioli derrotó a Macri en la segunda vuelta de 2015 con el 56% de los votos contra 44%, invirtiendo el resultado nacional, en el que Cambiemos se impuso por 51 a 49%. En Florencio Varela, ícono del conurbano, Scioli obtuvo 70% de los votos y Cambiemos, sólo 30%. No sólo para cumplir con su programa de gobierno Macri debe ser exitoso en el conurbano. También lo necesita para seguir ganando elecciones.
Los factores que han convertido el conurbano en ese país aparte son múltiples. Pero hay dos que sobresalen con nitidez: el primero de ellos tiene su raíz en cuestiones presupuestarias. El segundo se origina en una patología mucho más difícil de tratar: en el conurbano bonaerense se registra la mayor acumulación de industrias de baja productividad de la Argentina. Éstas nacieron al calor del modelo de sustitución de importaciones, esquema por el que nuestro país nunca logró convertirse en un sistema exportador de alta productividad y valor agregado. En el conurbano, en un área de apenas el 1% de la Argentina, se concentra el 40% de las industrias "sensibles" del país, especialmente en los sectores productores de metales, textiles, calzado, confecciones, cuero, muebles y maquinaria. A esos sectores les habla Sergio Massa, nuestro tenue Donald Trump, cuando propone proyectos para frenar importaciones o prohibir los despidos. Abrir la economía es generar una transición dolorosa en el conurbano. No abrirla genera costos en todo el país.
En materia de recursos, la provincia de Buenos Aires cuenta con el 38% de la población de la Argentina, pero sólo recibe algo menos del 20% de la coparticipación federal de impuestos. La historia es larga, pero se inicia con la cesión de ocho puntos de coparticipación durante la gobernación del radical Alejandro Armendáriz y sigue luego con la licuación del Fondo del Conurbano durante la gestión del gobernador Eduardo Duhalde. Ese paso en falso implicó que los fondos que recibía la provincia por ese concepto bajasen desde US$ 650 millones en los 90 a apenas US$ 40 millones en la actualidad.
Siendo discriminada en términos de los recursos que recibe, la provincia fue degradando su infraestructura de viviendas, rutas, cloacas, hospitales y escuelas.
Así, entre 2007 y 2015, el gasto público en infraestructura ajustado por inflación fue cayendo a un increíble ritmo del 7% anual, mientras que las erogaciones en seguridad aumentaban 8% por año. Paradójicamente, el aumento del gasto en seguridad, utilizado en sumar efectivos, no se tradujo en una baja del delito. Los sueldos de los policías ingresantes suman apenas $ 15.000 al mes, cuando en la Policía Metropolitana duplican ese monto. Lo mismo ocurre con los haberes de los médicos más jóvenes, quienes también reciben $ 15.000 al mes, mientras que los docentes de jornada completa ganan $ 20.000. Los bajos sueldos llevan a que policías, médicos y docentes recuperen lo suyo bajando sus horas trabajadas, o, en el caso de la policía, corrompiéndose.
Cárceles y hacinamiento
Las cárceles bonaerenses son las peores del país. El hacinamiento y la corrupción del Servicio Penitenciario las vuelven mecanismo de reproducción del delito. Por eso proliferan en la provincia una enorme cantidad de jueces garantistas que deciden no enviar a los condenados a la prisión: con esas cárceles, todo preso es político. Construir más y mejores cárceles terminaría con esa coartada. Policías que roban porque ganan poco. Cárceles que aumentan el delito y jueces que no condenan para no tener que utilizarlas. Nada es lo que parece en Buenos Aires, la provincia.
La provincia de Buenos Aires recibe en concepto de coparticipación de impuestos $ 3600 al año por habitante, los que comparan con $ 7500 para el promedio nacional y con $ 9700 para Córdoba y $ 11.000 para Santa Fe. Si Buenos Aires recibiera el 38% de la coparticipación, proporcional a su población, contaría con $ 8000 pesos por habitante por año, o el equivalente a US$ 6000 millones por año adicionales.
Para devolverle ingresos a la provincia hay que sacarlos de otro lado. El panorama ha comenzado a mejorar en lo que hace a la obra pública, pero dar vuelta el nivel de delito y de pobreza requiere medidas extremas. Tal vez una nueva policía que se superponga con la vieja bonaerense. Para revertir la pobreza, el economista Ernesto Schargrodsky propone una receta tan revolucionaria como simple: doble escolaridad en todas las escuelas públicas del Estado. Se reduciría así la brecha en términos de horas de escuela entre quienes pueden pagar un colegio privado y quienes asisten a uno público. Los chicos saldrían de las calles y las madres podrían trabajar a tiempo completo, lo que aumentaría los ingresos de esos hogares. A veces, las soluciones más simples están delante de nuestras narices.
