El derrumbe. Dos buques oxidados, símbolo del vínculo de desidia y corrupción que unió a Venezuela con los Kirchner
Los barcos que PDVSA mandó a construir en Astilleros Río Santiago están abandonados; los números y los negocios de un intercambio millonario
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LA NACIONDiego Cabot
Hay pocas historias que muestran el apogeo, el ocaso, la caída y el desastre final de un régimen particular. Suele ser difícil encontrar ese caso que ilustre sin necesidad de apelar a vueltas discursivas. La relación comercial entre la Venezuela bolivariana y su brazo corporativo Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Argentina de los Kirchner es, quizás, el ejemplo más palmario de la caída de un gigante. PDVSA pasó de ser una potencia petrolera, con promesas de inversiones millonarias, a no pagar los alquileres, o las noches de hotel de sus empleados.
El colapso de la relación bilateral es el dato más contundente de lo que se anunció con cotillón populista y finalmente, no ocurrió. Desde la compra de bonos y millones de dólares que iban y venían, la compra a granel de materias primas en la Argentina, construcción de buques, exploración de petróleo o la instalación de una red de estaciones de servicio y acuerdos de exploración conjunta. Valió de todo con tal de alimentar la tribuna populista.
Reconstruir la historia es caer en el recuerdo de proyectos inconclusos, de falta de pagos, de promesas incumplidas y de un fracaso político y empresario del que hoy apenas se ven ruinas y deudas.
Quizá uno de los fracasos más palmarios sean los dos barcos que la petrolera venezolana mandó a construir en Astilleros Río Santiago. Uno, llamado Eva Perón, se avanzó al punto de que fue botado. El otro, Juana Azurduy, es una estructura oxidada y abandonada en un dique seco. Una millonaria deuda paralizó los trabajos y los dos están a punto de convertirse en chatarra naval.
El paraguas legal
El andamiaje formal fue el Convenio Integral de Cooperación firmado el 6 de abril de 2004. Mediante ese acuerdo, el entonces poderoso presidente Hugo Chávez y su aliado Néstor Kirchner habilitaron una larga serie de programas y adendas para intercambio de bienes y servicios. Además, había pactos de cooperación en sectores como, por ejemplo, energía, industria, vivienda o agro. En la práctica, ese paraguas terminó siendo la “autopista” administrativa por donde circularon dos cosas: energía (combustibles) y comercio financiado mediante un oscuro fideicomiso.
Se empezó a forjar una relación estrecha entre ambos países. O mejor, entre los amigos del primer kirchnerismo y los jerarcas del régimen chavista. Vale la pena recordar los números. En 2004, cuando se firmó el convenio, la Argentina exportaba US$433 millones a Venezuela. En 2007, cuando Kirchner dejó la presidencia, ese monto ya llegaba a US$1176 millones.
En la administración de Cristina Kirchner fue cuando se vivió el apogeo. Por caso, el récord de exportaciones argentinas fue en 2013, cuando se exportaron US$2295 millones. Ese año, además, murió Hugo Chávez y empezó la debacle. El valle de las ventas al país caribeño fue en 2020, cuando sólo se exportaron US$103 millones. Cuando Alberto Fernández dejó el poder, ese monto estaba en US$258 millones. Finalmente, en 2024, último dato conocido, las ventas a Caracas llegaron a US$317 millones, muy por debajo de los números de entonces.
La caída del volumen implicó, por detrás, el colapso de decenas de negocios que quedaron abandonados, inconclusos o con deudas incobrables. Varios grupos argentinos -la cooperativa láctea Sancor, pollos Cresta Roja o la metalúrgica Impsa, entonces controlada por la familia Pescarmona- fueron algunas de las víctimas. Perdieron millones de dólares de ventas que no se pagaron.
Mientras esto sucedía, los amigos del poder no dejaban de hacerse millonarios con el intercambio. Así de discrecional fue la relación entre los dos países. Estos fueron algunos de los proyectos abandonados que dejó la relación entre kirchnerismo y chavismo.
Petróleo por alimentos
Se trató de la estrella de todos los acuerdos y tenía una lógica de trueque compensado. En lugar de que el dinero fluyera libremente por el mercado financiero tradicional, se utilizaba una cuenta en un banco (principalmente el Banco Nación) para cruzar pagos. Por un lado, por la crisis energética, la Argentina importaba combustible, fueloil y gasoil, a la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
Pero, el pago no iba a Venezuela, sino que el Gobierno argentino depositaba el valor de ese combustible en un fideicomiso en dólares. Con ese dinero, Venezuela compraba productos argentinos y Chávez pagaba con ese dinero acumulado en el fondo. Por esta vía se comerciaban maquinaria agrícola, ganado, alimentos (carne, leche o arroz) y servicios tecnológicos.
Fue el inicio de la llamada “embajada paralela”, gestionada por funcionarios de Planificación Federal como Claudio Uberti, o el secretario José María Olazagasti. Varios empresarios denunciaron que, para poder venderle a Venezuela a través del fideicomiso, debían pagar “comisiones” de entre el 15% y el 25% a consultoras intermediarias.
Luego, varios informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) detectaron sobreprecios en las ventas de maquinaria y productos, ya que el sistema de contratación era directo y carecía de licitaciones transparentes.
Con la caída del precio del petróleo y el deterioro económico de Venezuela, el fideicomiso comenzó a acumular deudas. Muchas empresas argentinas quedaron con facturas sin cobrar y contratos inconclusos, mientras que el flujo de combustible también se vio afectado por la crisis de PDVSA.
La expansión de PDVSA
Con aquel fideicomiso llegó la expansión de PDVSA como principal aliado de la novel petrolera estatal Enarsa, una creación de Néstor Kirchner que tomó una idea de Guillermo Moreno. La asociación entre las dos, una poderosa y la otra que no tenía una gota de petróleo, empezó con la creación de una marca conjunta y la instalación de dos estaciones de servicio. La primera, en territorio porteño, en Núñez; la segunda, en San Isidro. La primera era un alquiler que le hicieron a la empresa Rhasa y la segunda, un lote que con el tiempo quedó en poder de la venezolana.
Allí se vendían las naftas Eco Tango, Super Tango, Común Tango y el diésel Tango. El shop se llamaba Más Tango (Mercado de Alimentos Sudamericanos). La idea de PDVSA era comprar Shell y quedarse con todas las estaciones de servicio de la red. Y para lograrlo, el gobierno de Kirchner empezó una enorme persecución a la empresa y a su presidente, Juan José Aranguren. En 2007, el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, elevó 57 causas a la justicia penal solicitando penas de prisión por supuestas violaciones a normas de abastecimiento.
Sin embargo, PDVSA compró Sol Petróleo (Petrolera del Conosur), que hasta entonces era propiedad de la empresa estatal uruguaya Ancap. Llegó a tener un total de 65 estaciones de servicio en el país, pese a que inicialmente había prometido abrir, solo en el primer año, 600.
Prácticamente no quedó nada de ese proyecto, con alguna estación de servicio abierta y con la icónica de San Isidro abandonada y vandalizada desde hace años. Ese predio, que es propiedad de la petrolera, es el blanco de decenas de embargos en juicios, comerciales y laborales, que tiene la firma venezolana en el país.
Exploración petrolera en el Orinoco
Quizá, una de las mayores fábulas petroleras que vendió durante años el kirchnerismo en la Argentina fue la exploración conjunta entre Enarsa y PDVSA que se iba a desarrollar en la faja del Orinoco, una de las zonas petroleras más ricas del mundo.
En 2007, en uno de los tantos viajes del gobierno argentino a Caracas, hubo tiempo para fotos. Eran épocas de diplomacia bolivariana petrolera y Kirchner y Chávez llegaron hasta el lugar donde, supuestamente, una de las petroleras más importantes del mundo (PDVSA) se iba a asociar con otra que no era más que un legajo y un sello, sin conocimiento, capacidad técnica ni capital para invertir. El presidente argentino llegó acompañado por un póquer de ases: la ministra de Economía Felisa Miceli, el canciller Jorge Taiana, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Nada podía fallar; pero falló.
“La empresa petrolera argentina vuelve a tener una activa participación en la producción en una región que tiene una reserva que se calcula en 21.000 millones de barriles, con una explotación del 20% en una primera etapa. Creo que el futuro nos sonríe”, dijo Kirchner en su discurso.
Más allá de decenas de viajes, gastos, viáticos y vuelos privados, ese acuerdo no produjo absolutamente nada excepto gastos y anuncios. Fue, como tantos otros, alimento necesario para el cotillón populista que se festejaba y aplaudía en la América Latina de entonces.
La construcción de barcos
En pleno apogeo de la relación se anunció un acuerdo para la construcción de cuatro buques tipo Panamax, de los cuales dos se pusieron en marcha. El acuerdo se firmó en 2005 por US$112 millones y luego se amplió a poco más de US$160 millones. En 2012, el buque Eva Perón, prácticamente terminado, se botó al río. Allí quedó durante 14 años, sin realizar ninguna navegación y sin completar la finalización y la habilitación del buque.
El otro, llamado Juana Azurduy, es una especie de monumento a la desidia y al óxido. Paralizado desde hace más de una década, la mole de chapa naval yace en un dique seco a la espera de algún destino distinto a ser chatarra en un tiempo.
Paralelamente, a Tandanor se le encargaron algunas barcazas, embarcaciones que sirven para trasladar petróleo pero que no tienen tracción. Esas sí, se terminaron y son unos de los pocos proyectos que alcanzaron su finalización.
La operación se hizo mediante la naviera Fluvialba, una empresa local controlada por PDVSA que nació en 2010 como parte de una iniciativa de Chávez, con la intención de monopolizar el transporte de combustibles en la región.
Hoy Fluvialba está prácticamente sin movimientos y se debate entre decenas de juicios, entre ellos algunos de YPF, Provincia Seguros, Boston Seguros y algún gremio del sector con el que tiene una deuda comercial.
La Argentina, el supermercado que no fue
Al ritmo de la relación personal, entre los primeros burócratas del régimen venezolano y muchos “pingüinos” del ascendente kirchnerismo, empezaron a gestarse negocios. Un club de amigos que se hicieron millonarios. Lejos, muy lejos, de generar un intercambio comercial estable y permanente en el tiempo, lo que sucedió fue que no se abrieron mercados, sino que se llenaron cuentas corrientes personales.
En medio de ese desparrame de billetes hubo, claro está, muchos ganadores. Pero también, no pocos perdedores que cayeron en esa red de intereses y jamás pudieron salir. Las empresas lácteas Sancor y La Serenísima fueron dos de las que confiaron en aquella relación patrocinada por el kirchnerismo. Le vendieron millones de dólares mientras el petróleo pagaba la factura. Ese tiempo pasó y Sancor empezó con sus primeros problemas de caja cuando los venezolanos dejaron de cancelar. La Serenísima llegó a expandir su capacidad instalada para producir leche en polvo con la idea de venderle al país de Chávez. Fue víctima del entusiasmo y padeció la falta de pago.
Cresta Roja, la productora de carne avícola, no paraba de vender a Venezuela, al punto de que aumentó su planta de empleados, aunque jamás se tecnificó. Los pagos de Venezuela se cortaron y la empresa nunca retomó aquella senda de crecimiento. De hecho, terminó en una quiebra, una venta y en una cooperativa.
Un gigante de la industria, el Grupo Pescarmona, con su empresa Impsa, también fue víctima de esa relación, mientras que la multinacional Techint, que tenía una planta en ese país, Sidor, fue expropiada, aunque después indemnizada por el chavismo. Según confesaron ejecutivos del grupo industrial argentino que maneja Paolo Rocca en la causa Cuadernos, tuvieron que pagar un millón de dólares de coima a funcionarios argentinos en sórdidos sótanos de estacionamientos para que terciaran ante los venezolanos y les dejen repatriar algunos de sus hombres que estaban en Caracas. La Justicia creyó esa explicación. Un millón de dólares era un vuelto ante los movimientos de dinero oscuro de entonces.
La caída, las cuentas impagas y las sospechas de espías
El colapso de Venezuela, y por supuesto, de su empresa insignia, la petrolera PDVSA, se sucedió en el tiempo. En la Argentina, esa debacle se verificó en el abandono de todos los negocios y el incumplimiento de la gran mayoría de las obligaciones.
Así, por caso, las tres empresas del grupo, Petrolera del Cono Sur, Fuvialba y la filial de la petrolera, dejaron de pagar sus cuentas. Se llenaron de juicios variados, desde decenas de reclamos laborales hasta comerciales.
En abril del año pasado, las empresas cerraron un acuerdo para pagar el alquiler de una oficina que habían alquilado como sede en la zona de Catalinas. No pagaron y se acumuló una deuda de decenas de millones de pesos. Fue el nuevo presidente de la petrolera, Kamal El Chiriti El Hadjar quien suscribió un contrato de pago que, por supuesto, se incumplió.
El ejecutivo, que figura como apoderado de la empresa desde el año pasado, se ha desempeñado como presidente de PDVSA Ecuador durante años. Finalmente, las empresas abandonaron las oficinas que ocuparon sin pagar y se mudaron a una pequeña locación en el microcentro. Adiós a la vista al río.
Pero, la debacle tuvo ribetes muchos más oscuros. Accor SPA, la empresa dueña en la Argentina del hotel Sofitel, inició una demanda que muestra con crudeza lo que sucedió en estos años. Los abogados de la firma reclamaban a PDVSA el pago de US$8696, con 92 centavos, para ser preciso. El motivo era que no habían pagado la factura por unas habitaciones que habían reservado para venezolanos que llegaron al país.
La secuencia se inició cuando se contactó por mail la asistente de presidencia de la petrolera, Viviana Cosentino, con la jefa de Reservas del hotel. Tomó habitaciones para Martha Ortega y Orlando Montañez. Luego, mandaron otro correo con otra reserva a nombre de Efraín Vivas Bermúdez. El 21 de enero de 2019 se emitió la factura. Nunca se pagó.
Ahora bien, ¿quiénes eran los viajeros? El 11 de marzo de 2013, Orlando Montañez fue expulsado de Estados Unidos por el Departamento de Estado, en épocas de la presidencia de Barack Obama, cuando trabajaba como representante de Caracas en Washington. Era miembro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y se lo acusó de ser espía del régimen bolivariano. Sin pisar más Estados Unidos, se dedicó a mantener relaciones con grupos de izquierda en América Latina.
Cuando se hospedó en el Sofitel, ya era persona no grata en Estados Unidos. Poco tiempo después se conoció en Bolivia una investigación con sospechosos fondos de Venezuela. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia comunicó que en 2019 se registraron varios movimientos de dinero de la filial de PDVSA en ese país con destino a la Argentina, cuyo objetivo sería el “financiamiento del terrorismo”. El documento señala que María Palacios, Orlando Montañez, Martha Ortega y Miguel Humberto Tarazona retiraron un total de 12.037.190 pesos bolivianos y US$758.488, dinero no declarado, de las cuentas del PDVSA justo antes de realizar viajes a la Argentina.
Nadie sabe si trajeron dinero de Bolivia y cuál era el objetivo del viaje. Pero lo que sí se conoce es que no pagaron la cuenta del Sofitel y, finalmente, fueron condenados por la justicia comercial. Una postal definitiva del ocaso.
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