El desguace del impuesto a las ganancias en tiempos del “no hay plata”

A contramano de lo que ocurre en los países de la OCDE, cuya recaudación proviene en mayor medida del impuesto a la renta sobre personas humanas, y con un nivel de imprudencia fiscal asombroso, a fines de septiembre último se aprobó de forma exprés la ley 27.725, que modifica el impuesto a las ganancias, provocando que se reduzca casi a la nada la cantidad de asalariados sujetos al tributo. En medio de una fuerte crisis, se implementa una medida que implica una transferencia de recursos a los dependientes de mayores de ingresos, con un impacto fiscal relevante para el tesoro nacional y las provincias. Atacar la caída del salario real con el desguace de Ganancias no es el camino correcto. Los últimos anuncios económicos del nuevo gobierno indican que se estaría enviando un proyecto de ley al Congreso para derogar la mencionada reforma.

Mientras que en los países de la OCDE el impuesto a la renta de personas representa, en promedio, el 24% de la recaudación, en los países de América Latina ese guarismo ronda un 10%, y se ubica también por debajo de los índices de Asia–Pacífico y de África, donde esa imposición representa un 16% y 18% de lo recaudado, respectivamente.

En la Argentina, Ganancias representó el 8,48% en 2022, y en los últimos 10 años el máximo alcanzado fue en 2015, con un 10,05%. El impuesto a la renta es el estandarte en términos de progresividad de todo sistema tributario y, en particular, lo es el que se recauda sobre los ingresos de las personas humanas, cuya capacidad de traslación a los precios es menor que el que tienen las empresas.

Los fundamentos del proyecto convertido en ley parten de un diagnóstico equivocado, que es hacer foco en la necesidad de reducir la cantidad de asalariados sujetos al tributo. En rigor, lo más importante es cuánto pagan los contribuyentes en términos de progresividad; es decir, es importante que sea un impuesto proporcional y que se pague más en la medida en que se gane más. El argumento referido a la cantidad de contribuyentes se usó a partir de la aprobación de la ley 27.617, que introdujo el concepto de un “piso” de ingresos mensual para gravar el ingreso (que implica un cálculo distinto al antes vigente para determinar quiénes pagan), y generó un berenjenal de decretos, resoluciones de la AFIP y dictámenes del Ministerio de Economía, convirtiendo la liquidación en algo extremadamente complejo.

En su momento, para justificar el proyecto se afirmó que, mientras que en 2015 el 10% de los asalariados pagaba el impuesto, en 2019 era el 30% (2,5 millones). Sin embargo, al analizar la estadística oficial del Ministerio de Economía, se observa que la presión de Ganancias para personas humanas (es decir, lo que se recaudó) alcanzó un pico en 2015. El motivo principal, y el origen del problema, es que en ese año las deducciones personales y los tramos de la tabla que fija alícuotas progresivas no tenían una actualización automática.

En 2016, con Alfonso Prat Gay al frente del Ministerio de Economía, y ante la presión por cumplir las promesas de campaña, se aprobó la ley 27.346, que establece un ajuste anual de los conceptos del impuesto según la variación del índice salarial Ripte. En estos aspectos subyacen las causas principales sobre las que deberían haberse pensado mejoras para los trabajadores. La actualización anual de las deducciones personales y de la tabla de alícuotas basada en el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) no fue suficiente para atenuar el impacto de la inflación.

Respecto de las personas beneficiadas con la reforma reciente, y en un contexto de crisis y delicada situación social, la ley implica una transferencia a los sectores de mayores recursos. En septiembre último, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables fue de $376.594, mientras que el “piso” para tributar fue de $700.875; para octubre, la base fue llevada a $1,98 millones. Como si fuera poco, el impuesto cedular a los mayores ingresos que crea la nueva ley implica una reducción de la carga para los trabajadores alcanzados, algo cuestionable en términos de equidad.

Respecto del impacto fiscal, la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso Nacional estimó la pérdida de recaudación en un 0,83% del PBI para 2024. Si se observa la estimación de recursos en el proyecto de presupuesto 2023, el impacto supera lo que se recauda, por ejemplo, por Bienes Personales (0,47%), impuestos internos (0,5%), o derechos de importación (0,59%).

Quienes diseñaron la reforma tributaria de 2017, en tiempos de Nicolás Dujovne en Economía, encaminaron el tributo en la dirección de los países de la OCDE, introduciendo un impuesto cedular para las personas humanas, que alcanza a las rentas financieras y a los inmuebles. Respecto de los dividendos y utilidades similares, la propuesta cerraba con un sistema de integración del impuesto del accionista con el de la empresa, se proponía una reducción de la alícuota societaria al 25% y, solo en los períodos de distribución de utilidades, una retención del 13% sobre los dividendos percibidos por personas humanas, alcanzando una tasa máxima integrada del 35%. Este sistema buscaba incentivar la reinversión de utilidades, beneficiando más al accionista empresario que al inversor. Esa ley obtuvo la media sanción en Diputados el mismo día de las 14 toneladas de piedras en la plaza Congreso por la reforma jubilatoria. El hombre del mortero nunca supo que ese día se creaba por primera vez en el país un impuesto a la renta financiera.

Posteriormente, ya con Martín Guzmán como ministro, se mantuvo el impuesto cedular, con cambios que lo simplificaron. A su vez, se introdujo por primera vez un sistema progresivo de alícuotas para sociedades, sin integrar el impuesto del accionista con el de la empresa.

Para excluir del tributo a una gran cantidad de asalariados, la ley 27.725 introduce una deducción única, equivalente a 180 salarios mínimos, vitales y móviles, cifra funciona como el llamado “mínimo no imponible”. Los trabajadores que superen ese umbral solo computarán esa deducción, y ya no podrán deducirse los aportes jubilatorios y a la obra social, ni los conceptos personales, como hijos y cónyuge). Este aspecto es muy cuestionable en términos de equidad.

Por otra parte, se excluye del impuesto cedular, entre otros, a secretarios de Estado y a diputados y senadores, que seguirán tributando como hasta ahora, computando deducciones personales y utilizando la tabla de alícuotas progresivas. Como aspecto positivo, la ley elimina el ya mencionado mecanismo del “piso” mensual para aplicar el gravamen, que había tornó muy compleja la liquidación.

El desguace de Ganancias no es el camino adecuado para mejorar el salario real de los trabajadores, sino que es necesario un plan macroeconómico sustentable, orientado a reducir rápidamente la inflación. Es positivo que el nuevo gobierno presente un proyecto de ley para revisar esta situación. Se requiere un debate serio y profundo para reconstruir el impuesto más importante del sistema tributario nacional.

Por Ignacio Herlax

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