El Estado firmó los contratos de las represas del Comahue y en los próximos días recaudará US$707 millones
Tras años de prórrogas, el Gobierno definió la operación privada de las centrales hidroeléctricas más importantes del sur del país, que permanecerán bajo propiedad pública
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LA NACIONSofía Diamante
El Estado firmó hoy los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá (1050 MW de potencia instalada), El Chocón y Arroyito (1417 MW), Piedra del Águila (1440 MW) y Cerros Colorados (472 MW). La operación le generará al Tesoro un ingreso de US$707 millones, que deberían acreditarse en la cuenta oficial del Banco Nación en los próximos días.
Entre las centrales que cambiarán de operador internacional por un local se encuentran Alicurá y El Chocón, que en los últimos años estuvieron a cargo de las multinacionales AES, de Estados Unidos, y Enel, de Italia, respectivamente.
A partir de ahora, Alicurá será administrada por Edison Inversiones, que presentó una oferta de US$162 millones. Se trata de un grupo inversor integrado por los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan; los socios del fondo Inverlat —Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, —dueño de compañías como Havanna y Aspro—, y los hermanos Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
Edison Inversiones también se adjudicó la operación de Cerros Colorados —conocida como Planicie Banderita— tras ofrecer US$64,2 millones en una segunda compulsa. En total, el grupo desembolsará más de US$226 millones por ambas centrales.
Anteriormente, Cerros Colorados era operada por Aconcagua Energía, tras adquirir los activos de Orazul Argentina del Grupo Inkia Energy, en 2023.
En el caso de El Chocón, la oferta ganadora fue presentada por BML Inversora, perteneciente al grupo MSU Green Energy, del empresario Manuel Santos Uribelarrea, con una propuesta de US$235,7 millones.
Por su parte, Central Puerto continuará operando la hidroeléctrica Piedra del Águila, luego de ofertar US$245 millones.
Las concesiones fueron otorgadas por un plazo de 30 años. El Gobierno aclaró que no se trata de una venta de los activos, sino de la concesión de la operación, mediante la cesión de las sociedades estatales que administraban las centrales. De este modo, los complejos hidroeléctricos seguirán formando parte del patrimonio público.
El vencimiento original de estas concesiones se había producido a mediados de 2023, pero tanto la gestión anterior como la actual dispusieron sucesivas prórrogas. Como consecuencia, las centrales continuaron siendo operadas por las mismas empresas hasta la finalización del proceso licitatorio, que ahora entró en su etapa definitiva.
Las represas están emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Río Negro y Neuquén. En conjunto, suman una potencia instalada de 4170 megavatios, equivalente a cerca del 10% de la oferta total de energía eléctrica del país.
El esquema previsto en los pliegos establece que una parte de la energía producida se venderá bajo el régimen regulado de las concesiones, mientras que el remanente podrá comercializarse de forma privada, ya sea mediante contratos a término o en el mercado spot. En una primera etapa, el 95% de la energía se destinará al esquema regulado y el 5% a la venta libre. Esa proporción se irá modificando de manera gradual hasta que, en el año 21 de la concesión, el 100% de la energía pueda comercializarse libremente.
Las provincias también tendrán un beneficio directo. Los gobiernos de Río Negro y Neuquén percibirán un 12% en concepto de regalías sobre el precio de venta de la energía, además de un canon provincial del 2% por el uso del recurso hídrico, que se repartirá en partes iguales entre ambas jurisdicciones.
La firma de los contratos contó con la participación de la secretaria de Energía, María Tettamanti; el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo; y los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto con representantes de las empresas adjudicatarias.
“Con la formalización de los contratos comienza la etapa de transición operativa hacia los nuevos concesionarios, quienes deberán cumplir con los compromisos de inversión, mantenimiento y modernización establecidos, asegurando la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico”, señalaron desde la Secretaría de Energía.
“Este paso permite avanzar hacia un esquema de gestión moderna, con inversiones garantizadas y un marco regulatorio que promueve previsibilidad y eficiencia. La transición operativa se iniciará de inmediato, garantizando la continuidad del servicio y el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos”, agregaron.
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