El Estado opera fuera de la ley (y la sensatez)

No es frecuente que, a título personal, 500 ciudadanos –entre ellos los dueños y CEO de varias importantes empresas–, hayan enviado la carta abierta a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para pedir que desista de la acción contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia promovida por el Poder Ejecutivo y una decena de gobernadores peronistas, a la que calificaron acertadamente como un “desatino institucional”. Previamente, ya la habían cuestionado a través de distintas entidades empresarias que los agrupan y coincidieron en reclamar por el respeto al Estado de Derecho y la división republicana de poderes consagrados por la Constitución Nacional.

Esta reacción se explica en que el gobierno del Frente de Todos busca convertir las inciertas sesiones extraordinarias del Congreso en el escenario de un show mediático-político del oficialismo para mantener a la oposición en el otro extremo de la grieta. No sólo incluye el juicio político a la CSJN, sino también la ampliación de 5 a 15 en el número de sus miembros para darles cabida a las provincias que lo apoyan. Aún así, en Diputados no cuenta con los votos necesarios para aprobar ninguno de los dos proyectos.

Si bien ambos surgieron para satisfacer la urgencia de Cristina Kirchner por esmerilar a la Corte y tratar de aliviar su propia situación judicial, crean un conflicto político artificial que acentúa la crónica debilidad institucional e imprevisibilidad que padece la Argentina, incluso si no se transforman en leyes. Lo mismo ocurre con las sobreactuaciones de varios gobernadores peronistas que, además, amenazan con desalentar inversiones privadas en actividades de alto potencial productivo. Ya se sabe de sobra que las cortes “adictas”, con mayorías automáticas, favorecen el capitalismo de amigos.

Como si fuera un homenaje a la próxima llegada de Nicolás Maduro al país, el riojano Ricardo Quintela anticipó que no acatará los fallos de la CSJN; organizó un “escrache” público de los jueces y declaró al litio como mineral estratégico para suspender permisos de explotación, que planea otorgar a una empresa del Estado provincial. Y el chaqueño Jorge Capitanich agravó este sesgo autocrático al exigir al Presidente que apruebe el juicio y la ampliación del tribunal mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).

También resulta insólito que la causa esgrimida haya sido la defensa del federalismo y la coparticipación de impuestos nacionales. Hace casi 29 años está pendiente la ley - convenio para aplicar un nuevo régimen (con garantía de distribución de fondos a las provincias en base a criterios objetivos y transferencias automáticas), establecido por la reforma de la Constitución de 1994. A tal punto que algunos especialistas –como Jorge Colina, de Idesa–, proponen eliminarlo y reemplazarlo para que la Nación recaude Ganancias, cada provincia el IVA en su jurisdicción y se instrumente un fondo compensador para aquellas con menores recursos. Así caerían las crecientes transferencias discrecionales que gobernadores e intendentes se dedican a gestionar en la Casa Rosada para perpetuarse en el poder.

En este contexto, el fallo de la Corte que aceptó la cautelar del gobierno de la CABA para recuperar parte del porcentaje que le fue quitado intempestivamente en 2020 –y aún no está firme–, fue presentado como un escandaloso despojo a las provincias, aunque en realidad es una muestra de hipocresía política. Muchos gobernadores que aceptaron el DNU de Mauricio Macri para financiar el traspaso de la policía con mayor coparticipación porteña y firmaron en 2017 el pacto fiscal convertido en ley para bajar impuestos provinciales, recorrieron tres años después el camino opuesto con la quita destinada al gobierno bonaerense a cambio del aumento de la presión tributaria local. El resultado es un récord de 166 impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales, con múltiples superposiciones. Y ahora se prevé una moratoria para que se jubilen 800.000 trabajadores sin aportes, cuando éstos representan el 60% de los ingresos de la Anses y el resto debe cubrirse con impuestos nacionales

Desde una perspectiva más amplia, este prefabricado conflicto de poderes revela que el Estado, en sus tres jurisdicciones, no sólo opera fuera de la ley sino de la sensatez. Sin ir más lejos, vale recordar que en los casi 40 años transcurridos desde el retorno a la democracia, hubo 24 con presidentes peronistas y 16 con no peronistas, de los cuales únicamente Macri pudo completar su mandato.

Una prueba es que el “traje a rayas para los evasores” prometido por Néstor Kirchner en 2003, nunca llegó a cumplirse a pesar del endurecimiento de la ley penal tributaria. Y que la condena judicial al empresario Cristóbal López por retener ilegalmente el impuesto a los combustibles para adquirir un conglomerado de medios afines al kirchnerismo, fue interrumpida por el desistimiento como querellante de la AFIP, que además le diseñó un plan de pagos “a medida”.

Otra es que hace 50 años rige la controvertida Ley de Abastecimiento, sin que se aplicase ninguna condena en firme. Y pese a la estructura burocrática de la Secretaría de Comercio Interior, el Gobierno recurrió ahora a sindicalistas y organizaciones piqueteras aliadas (intermediarias del poco transparente pago de planes sociales), para vigilar el cumplimiento y abastecimiento del programa de “precios justos”, que inicialmente preveía delegar en provincias y municipios –cuyo poder de policía también es ciertamente discutible– a cambio de un porcentaje de multas en firme.

Aunque se presenta políticamente como una herramienta para bajar la inflación cercana a 100% anual, esta canasta de 3000 productos representa 30% del consumo masivo total que venden las grandes cadenas de supermercados y cuenta con una aplicación digital que incluye el escaneo del código de barras y un botón de denuncias. Nadie se ocupa, en cambio, de los productos frescos comercializados en el Mercado Central de La Matanza, que llegan al consumidor con precios finales por kilo de frutas y hortalizas comparables con el de un kilo de carne.

A la inversa, otro tanto ocurre con la venta ilegal de ropa y calzado con marcas falsificadas, que tiene como cara visible a los “manteros” que compiten con los comercios formales en las principales avenidas porteñas, pero encubre a organizaciones mafiosas que gozan de impunidad. Rara vez se descubren o allanan sus depósitos.

Por otro lado, a casi seis años de la sanción de la reforma de la ley de Riesgos del Trabajo, votada en febrero de 2017 con el acuerdo de todos los sectores políticos, empresariales y sindicales, todavía en l4 provincias – más la CABA– no se concretó la creación de los Cuerpos Médicos Forenses para cerrar el cerco sobre la “industria del juicio”. Dentro de ese lote, sólo Mendoza acaba de llamar a concurso público para conformar el suyo.

Esa ley inicialmente permitió bajar el número de juicios desde el pico de 130.600 en 2017 hasta 44.600 en 2020 (cuarentena), al fijar porcentajes uniformes de indemnización por discapacidad o enfermedades laborales, un sistema de actualización automática y la intervención previa de comisiones médicas. Pero en 2021 los juicios treparon a 79.600 y cerraron el último año con 93.200. Probablemente porque, en ausencia de los CMF dependientes de la justicia de cada jurisdicción, los peritos aún tienen margen para fijar altos honorarios que perjudican al sistema y las empresas aseguradas por las ART.

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