El exprocurador del Tesoro de Macri dijo que el fallo por YPF “viola leyes” y planteó qué podría hacer la Argentina
Bernardo Saravia Frías opinó que la decisión de la magistrada estadounidense es grave porque implica la entrega del 51% de las acciones de la empresa estatal como parte de pago y que eso está en contra de la soberanía
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El exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías analizó este lunes en LN+ la decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones a los fondos Burford y Eton Capital. En ese marco, el exfuncionario de Mauricio Macri aseguró que el fallo “viola leyes” norteamericanas y argentinas y planteó qué podría hacer el gobierno de Javier Milei.
“Es un fallo grave por la decisión de fondo que toma la jueza y por cómo lo hace, que la Argentina entregue el 51% de las acciones que ostenta en el capital accionario de YPF como pago parcial de la sentencia que ella ya ha dictado en contra del país por US$16.000 millones”, introdujo Saravia Frías en el programa Odisea Argentina, que conduce Carlos Pagni en LN+.
En esta línea, sostuvo que Preska “llegó a un punto de hartazgo” porque “no quiere que su sentencia de US$16.000 no quede incumplida”, y por eso la jueza decidió ir por las acciones argentinas.
Al ser consultado por los argumentos que considera erróneos, el exprocurador del Tesoro sostuvo: “La jueza, básicamente, considera que pueden utilizarse las acciones del Estado que tiene en YPF, que están en una sociedad financiera argentina depositadas, como una forma de pago parcial de su sentencia. Y esto viola muchos principios, leyes americanas y leyes argentinas”.
Luego, ejemplificó: “La Ley de Inmunidad Soberana en Estados Unidos impediría utilizar este tipo de activos como un modo de pago, un mecanismo. También hay un principio internacional que se llama International Comity (en español, ‘cortesía’), que es histórico. Este principio es que el Estado americano no puede inmiscuirse en asuntos internos de otro país. En este caso sería la Argentina. ¿Cuál es el asunto interno de nuestro país? La ley de expropiación de YPF, que en uno de sus artículos establece que no se puede disponer del 51% de las acciones sin el consentimiento expreso del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios".
Tras ello, explicó que la jueza Preska, en su fallo, manifestó la existencia de esa ley argentina, pero que pide que se modifique para poder entregar las acciones como parte de pago. “El fallo dice, ‘yo conozco esta ley, modifíquela y, si no, haga un acuerdo con los acreedores’. Es muy paradójico esto porque la ley de expropiación ha sido la causa por la que se dictó la sentencia. Y ahora está pidiendo que se viole la ley de expropiación para cumplir su sentencia. Entonces, se viola la ley de inmunidad soberana y el principio de International Comity de no inmiscuirse en asuntos ajenos. Esto pone a la Argentina en una disyuntiva grave”, advirtió Saravia Frías.
En otro tramo de la entrevista, el exfuncionario detalló qué haría si fuese el actual procurador, que asume el rol de jefe de abogados del país para defender a la Argentina en este tipo de cuestiones. “El fallo de Preska está apelado y debe decidirse. Hay una gran posibilidad, técnicamente hablando, de que el monto de la sentencia -los US$16.000 millones- se reduzca porque para calcular el monto, la jueza tomó en consideración el tipo de cambio aplicable en la fecha de incumplimiento (2012) y el aplicable (2023)”, dijo.
Y siguió: “Hay otros argumentos para hacer reducir el monto de la sentencia. Y los argumentos técnicos hay que sumarle esta relevancia política para que ingrese en un sistema de toma de decisiones acelerado con la importancia que tiene”.
Por otro lado, aventuró qué podría hacer el Gobierno nacional, que ya adelantó que va a apelar en todas las instancias posibles. “En el fallo se le está pidiendo al Estado que incumpla una ley del Congreso. Por lo menos tiene que haber una declaración conjunta firmada para apoyar la necesidad de no violar una ley. No puede una jueza americana pedirle al Estado argentino que cambie su ley o que se siente a negociar. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un Estado extranjero y esto no puede pasar”, insistió.
Luego, a nivel jurídico, consideró: “Hay que hacer actuar a la Justicia argentina. No es solamente la causa penal, es también accionar. Hay que lograr una protección con una medida cautelar seguramente. Y hasta hay que pensar en la Corte Suprema de la República Argentina actuando en un proceso de estas características, donde se dé protección a la ley”.
En tanto, explicó cómo se podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos con la intención de que se revierta este fallo. “El gobierno argentino puede presentar un per saltum (un recurso extraordinario para llegar directamente al máximo tribunal), es la manera más directa. Hay que utilizarlo y pedir que se respete la ley”, marcó.
Finalmente, se refirió a la sintonía política entre Milei y el mandatario estadounidense, Donald Trump, y que a pesar de eso la jueza Preska -designada por George H. W. Bush, también republicano- falló en contra de la Argentina. “Pesa la política y pesa mucho. Es fundamental hacer planteos jurídicos atinados. Cuando uno hace planteos meramente políticos, expresiones de deseo de orden político, es un error. Se necesita dar fundamento, esto es lo que resuelve un expediente”, sostuvo.
Y cerró: “Tenemos una oportunidad muy grande de que esto se resuelva y que llegue a la Corte Suprema. La urgencia de hoy es llegar a la Cámara [de Apelación], que frene el proceso de ejecución que tiene errores desde el punto de vista de la ley americana, la ley argentina y está llevando al país a una enorme injusticia. Hay que evitarlo y hay chances de hacerlo, sin duda”.
El juicio
El juzgado de Preska ordenó ayer a la Argentina que en un plazo de 14 días entregue el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera que tuvo lugar en 2012. Este pedido es como forma de pago por la sentencia en contra en primera instancia de US$16.000 millones más intereses que se determinó en 2023.
Además, en otro fallo, la Justicia estadounidense solicitó que el Estado entregue parte de las acciones de YPF al fondo Bainbridge como pago de la sentencia relacionada con la deuda en default de 2001, de alrededor de US$100 millones. Así la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York publicó dos fallos de alto impacto en el mismo día.
El pedido de la jueza sorprendió al gobierno de Milei, dado que incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado un escrito para pedir que se rechazara esa solicitud de los demandantes en noviembre del año pasado. Milei ya confirmó que apelará.
Preska determinó en primera instancia que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.
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