
El fantasma de la inflación
Para los economistas consultados por LA NACION, los recientes aumentos del costo de vida se deben a la mayor demanda; para marzo se presume un alza del 1% en el costo de vida, que acumularía en los primeros tres meses casi la mitad del incremento previsto para todo 2005
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Mal que les pese a los adeptos a las teorías conspirativas, la mayoría de los últimos aumentos de precios no parecen explicarse por una siniestra maniobra empresarial, sino por la más simple ley de la oferta y la demanda. Por lo menos esa es la opinión compartida por los economistas consultados por LA NACION que atribuyen la aceleración de la inflación a la fuerte recuperación de la economía que todavía no fue acompañada por un aumento similar en la capacidad productiva instalada.
Sin contar el caso puntual de los combustibles –el de la petrolera Shell, que justificó su último aumento por un incremento del precio internacional del barril de crudo–, lo que parece estar viviendo la economía argentina es un ajuste de la oferta por precio ante un incremento de la demanda que se explica por la recuperación del consumo interno y la mayor competitividad de las exportaciones.
“En la medida en que existen muchos sectores de la economía que ya están trabajando con una alta utilización de la capacidad instalada, lo normal es que cualquier incremento de la demanda se corrija mediante un aumento de precios, por lo menos hasta el momento en que se reacondicione la oferta mediante una ampliación de la capacidad de producción”, explica Nadín Argañaraz, economista del instituto Ieral, de la Fundación Mediterránea.
La cuenta que hacen los economistas que atribuyen la suba de los precios a un asunto de capacidad instalada es que la economía se está acercando a los niveles que tenía en 1998, con lo cual, para frenar una escalada en la inflación, no alcanzará con alguna medida concreta que pueda tomar el Gobierno. La solución a este problema, en cambio, habría que buscarla en la aparición de nuevas inversiones cuya llegada no se alienta precisamente mediante las convocatorias presidenciales a realizar boicots contra las empresas que aumentan sus precios.
Decisión política
Independientemente de las polémicas declaraciones del presidente Néstor Kirchner contra Shell, después de dos años y medio de resultados sin duda exitosos, a la política económica del Gobierno parece haberle llegado la hora de nuevas definiciones.
La apuesta por un tipo de cambio de alta y baja inflación parece cada vez más difícil de sostener en un contexto de crecimiento económico, suba internacional del precio del petróleo y mayores presiones salariales.
Si bien nadie se atreve a pronosticar que la economía está a punto de vivir una escalada inflacionaria parecida a la que se registraron en los 80 o a principios de los 90, tampoco son muchos los que creen que finalmente se cumplirá con el objetivo que hace apenas unos meses se trazó el Gobierno de cerrar el año una suba del costo de vida que no supere el ocho por ciento.
La mayoría de los economistas y analistas privados pronostican que la inflación en marzo estará por muy cerca o incluso podría superar el 1%, con lo que la suba acumulada en los precios minoristas en el primer trimestre de 2005 llegará al 3,5 por ciento.
De esta manera, en tan sólo tres meses la inflación no sólo habrá acumulado el 40% del techo de la meta que se había fijado el equipo económico para todo el año, sino que también habrá triplicado la suba que se registró en el primer trimestre de 2004 y acumulado cerca del 60% del alza que había registrado durante todo el año pasado.
“El mayor desafío que tiene por delante el Gobierno es de tipo político y hay que ver qué está dispuesto a sacrificar de acá en adelante para cumplir con la meta de inflación. Es una decisión política que implica tocar alguna variable, ya sea el dólar, las tasas o los salarios, o en su defecto dejar que los precios se escapen un poco más, lo cual tampoco hay que ver como una catástrofe, porque se trata de una inflación que está dentro de parámetros controlables", explica Gabriela Nudel, economista de la Fundación Capital.
Las amenazas
Uno de los mayores problemas que enfrenta el equipo económico es que la aceleración de la inflación de los últimos meses se produjo sin que se hubieran modificado las tarifas de los servicios públicos, que en la mayoría de las previsiones hechas a fines del año pasado explicaban la mayor parte de la suba proyectada del costo de vida para 2005. Es decir, que en un momento en que el ministro Roberto Lavagna vuelve a sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional para tratar entre otros temas el descongelamiento de las tarifas no resulta descabellado pensar que al Gobierno, más tarde que temprano, se le abrirá un nuevo frente de batalla en materia de control a la inflación.
Según un estudio de la consultora Abeceb.com -dependiente del Centro de Estudios Bonaerenses (CEB)-, si los servicios regulados hubieran incrementado sus precios en forma similar que el resto de los bienes y servicios la inflación minorista acumulada en los primeros tres años posdevaluación, hubiera sido casi nueve puntos mayor y habría alcanzado al 63,7% frente al 55%, con el que finalmente cerró el período 2001-2003.
El panorama sin embargo, es más desalentador si se tiene en cuenta lo que pasó durante los primeros dos meses de 2005. En este bimestre el índice de precios al consumidor (IPC) que mide el Indec aumentó el 2,4%, pero si los servicios públicos no estuvieran congelados se habría producido una suba adicional de 1,1 punto, con lo que la inflación minorista hubiera trepado al 3,5 por ciento.
"Está claro que la inflación todavía es controlable , por lo que no hay que ser alarmista. Igualmente, de acá en más el Gobierno va a tener que afilar el lápiz y cualquier medida que tome en materia económica deberá tener en cuenta el posible impacto que tenga en el costo de vida", señaló Camila Devicenzi, economista del Abeceb.com
Junto con el descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos, la segunda gran amenaza que enfrenta la economía argentina en materia de precios es la presión para una recomposición de los salarios, que aún se encuentran en niveles inferiores a los de la salida de la convertibilidad.
Hasta ahora, la herramienta elegida por el Gobierno para recomponer el poder de compra de los trabajadores fueron los incrementos por decreto para todos los empleados en blanco. Sin embargo, algunos economistas alertan sobre el peligro de esta generalización de los aumentos.
"En la medida en que estos incrementos no concuerdan con un alza en la productividad y en la rentabilidad, en algunos sectores se podrían originar incrementos de costos que luego se trasladarían a los precios", advierte Devicenzi.
En Abeceb.com hacen una distinción entre los sectores que tuvieron una rentabilidad superior al promedio a partir de 2002 -y que en principio estarían en mejores condiciones de hacer frente a un incremento de los salarios sin necesidad de trasladarlo a los precios de venta- y los que tuvieron una marca inferior al promedio -y que también en teoría, les resultaría muy difícil pagarles más a sus empleados.
En la primera lista, la de los sectores beneficiados, figuran la construcción, la industria textil, la petrolera y la papelera. En cambios, entre las industrias con baja rentabilidad están la tabacalera, la química y la automotriz.
Ernesto Kritz, director ejecutivo de SEL Consultores, a su vez, destaca que otro de los efectos no deseados de la aceleración de la inflación es el aumento en la conflictividad laboral.
"En 2004 la mayoría de las negociaciones salariales se resolvieron en forma no conflictiva, pero en la medida en que la inflación supere la barrera de los dos dígitos va a haber una mayor presión de los sindicatos a la hora de exigir aumentos y más resistencia de los empleadores a otorgarlos, con lo que es esperable que se produzca un incremento en los niveles de conflictividad laboral", advierte el analista.
Desafío verde
La lista de desafíos o amenazas que tiene por delante el Gobierno en materia de inflación se completa con el dólar. Algunos economistas sostienen que la causa del último repunte en el costo de vida no hay que buscarla en una conducta oligopólica de parte de las empresas ni en los aumentos de salarios, sino en la decisión oficial de mantener la cotización de la moneda estadounidense en torno a los $ 3.
"Hasta ahora, al Gobierno le salió bastante bien esta política de emitir para que el dólar no baje de $ 3, pero siempre se corre el riesgo de que parte de esos pesos generen más inflación", explicó Camilo Tiscornia, economista del estudio de Orlando Ferreres.
En la consultora, sostienen que si el Banco Central no hubiera mantenido el tipo de cambio mediante la compra de dólares en el mercado, la cotización de la divisa norteamericana tendría que rondar los $ 2,50. "Si no se hubiera intervenido para mantener el dólar, la economía argentina no habría perdido competitividad contra sus principales socios comerciales, porque en los últimos meses la cotización internacional del dólar bajó frente al real, el peso chileno y el euro. Además, nos hubiésemos ahorrado este problema de una mayor inflación", explica el economista.
Por su parte, la economista Vanessa Broda destaca: "La política monetaria debería dar prioridad al objetivo inflacionario entre la multiplicidad de objetivos que persigue, como el dólar alto, la baja tasa de interés y la baja tasa de inflación". En el Banco Central, sin embargo, relativizan la hipótesis de que detrás de la escalada del costo de vida se esconde una emisión desenfrenada de pesos. "No se puede culpar de esta aceleración inflacionaria a la política monetaria, porque desde el Central venimos ajustando la emisión que en enero y febrero fue de sólo un 50% en relación con diciembre", explican en la entidad monetaria.





