El Fondo Monetario Internacional analiza reabrir una oficina en la Argentina

Tras la llegada de Mauricio Macri al poder, el Gobierno reestableció vínculos con el mundo. En ese marco, tras la habilitación que di luz verde al llamado Artículo IV (auditoría de cuentas) y luego de la firma del Stand-By, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza la reapertura de su oficina en la Argentina cerrada durante la gestión del kirchnerismo en el poder.

En el marco de la cumbre del G-20, cerca del organismo multilateral del crédito ratificaron a LA NACION que es una medida que se está considerando seriamente desde el managment (no desde el board) de la institución. Según indicaron allí, los tiempos necesarios para la aprobación no permitirían para que esa oficina se abriera en agosto. La noticia fue anticipada ayer por el portal de noticias Infobae.

En el Fondo descartan que la decisión esté directamente vinculado al acuerdo firmado con la Argentina. El FMI tiene más de 80 oficinas en el mundo y es un organismo descentralizado, aunque no tanto como el Banco Mundial, sugieren. Las fuentes cercanas a Christine Lagarde estiman lo que mueve a considerar esta decisión es esencialmente poder tener "una relación más cercana y seguida con las autoridades, y actores económicos del país". Según estiman, esto no tiene nada fuera de lo común ni se trata de una cuestión peculiar.

Claro que el desembolso de US$ 50.000 millones por parte del organismo en un acuerdo con el país y las periódicas revisiones a las que deberá someterse el Gobierno habilitan a que el Fondo acerca a sus técnicos encargados del caso argentino al territorio nacional. No obstante, la decisión no está 100% tomada y todavía se analiza por el managment del FMI.

En marzo de 2012, el FMI anunció que cerraba sus oficina en el país. Lo hizo por la persecución judicial iniciada por el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien a través de una causa judicial iniciada en 2011 le pidió al organismo que explicara sus estadísticas. Moreno fue el impulsor de la manipulación de las cifras del Indec. Por otro lado, en ese entonces, los funcionarios alegaron que estaban cansados del desinterés del Gobierno por cumplir con la obligación de intercambiar información sobre sus cuentas.