El gasto de las familias en servicios públicos saltó 561% en la gestión Milei y habrá más aumentos en 2026
La recomposición tarifaria se concentró en 2024, tras el recorte de subsidios; el impacto se moderó durante el año electoral y acompañó el avance de la inflación
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LA NACIONAgustín Maza
El gasto en servicios públicos de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde vive el 35% de los argentinos, registró un fuerte aumento -a un ritmo tres veces mayor que el del nivel general de los precios- en la gestión de Javier Milei.
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la canasta de servicios públicos —que incluye electricidad, gas natural, agua potable y transporte— acumuló un alza del 561%, frente a una inflación del 185% en el mismo período, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet.
La dinámica de incrementos no fue homogénea. El grueso del ajuste se produjo en 2024, cuando el Gobierno avanzó con una rápida recomposición tarifaria y una reducción significativa de los subsidios económicos, con el objetivo de corregir distorsiones acumuladas en la última gestión kirchnerista. En 2025, en cambio, las subas perdieron intensidad en el marco del año electoral y acompañaron el IPC.
Ese reordenamiento de precios relativos coincidió con una marcada baja del ritmo inflacionario. Tras haber acumulado un 211,4% en 2023 y un 117,8% en 2024, la inflación cerraría 2025 con un registro sensiblemente menor, en torno al 30%, según estimaciones privadas. La normalización de las tarifas es uno de los factores que el propio Milei suele destacar al explicar la desaceleración del índice general.
De acuerdo con datos de la consultora Econviews, los rubros del Indec vinculados a servicios públicos, combustibles y salud privada recuperaron durante el actual mandato gran parte del atraso que habían acumulado en la última gestión kirchnerista y se acercaron a los niveles previos al congelamiento aplicado en 2018.
El impacto en los hogares
En diciembre de 2025, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $183.410 mensuales para cubrir sus necesidades de transporte, luz, gas y agua potable. Ese monto representó un incremento del 31% interanual, en línea con la inflación estimada para el período, y equivale al 11,1% del salario promedio registrado.
Al analizar la composición del aumento acumulado desde el inicio de la gestión libertaria, el transporte público aparece como el principal factor de presión sobre el presupuesto familiar. El costo del boleto de colectivos subió 937% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, seguido por el gas natural (+709%), el agua (+386%) y la electricidad (+339%). El transporte explicó la mayor parte del salto del gasto mensual total de los hogares.
Si se observa únicamente el último año, la dinámica fue distinta. En 2025, el transporte volvió a encabezar los incrementos, con una suba interanual del 48%, por encima del índice general. En cambio, el gasto en gas (+28%), electricidad (+19%) y agua (+13%) creció por debajo de la inflación. En conjunto, el transporte explicó 19 de los 31 puntos porcentuales del aumento interanual de la canasta, mientras que el resto de los servicios tuvo un impacto más acotado.
Menos subsidios y más aumentos
La evolución del gasto de las familias estuvo estrechamente ligada a la política oficial de reducción de subsidios, que se profundizó desde 2024 y constituyó uno de los pilares para consolidar el programa de superávit fiscal. Se trata de una de las partidas de mayor peso dentro de las cuentas públicas. Ese proceso coincidió con una mejora del frente externo del sector energético, impulsada por el aumento de las exportaciones de petróleo y la fuerte caída de las importaciones de gas, reemplazadas por una mayor producción de Vaca Muerta.
De cara a 2026, el Gobierno avanzó en una reconfiguración integral del esquema de subsidios energéticos, que implicará nuevos incrementos en las tarifas para amplios segmentos de usuarios. Según explicó Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, la iniciativa responde a un doble objetivo: “Por un lado, reducir el costo fiscal de los subsidios energéticos, que el Gobierno ya bajó en un punto del PBI desde el inicio de la gestión y ahora busca reducir un cuarto de punto adicional, para cerrar 2026 en torno al 0,5% del PBI. Y, por otro, mejorar la equidad distributiva, haciendo que las ayudas lleguen a los hogares que realmente las necesitan”.
El especialista señaló que el nuevo esquema apunta a retirar de manera gradual los subsidios a los hogares con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, mientras que quienes permanezcan dentro del universo subsidiado tendrán topes de consumo con precios diferenciales en electricidad y gas. “La idea es que el proceso se extienda durante todo 2026, siguiendo criterios de gradualidad y previsibilidad, en línea con los fallos de la Corte Suprema”, explicó. No obstante, advirtió que el punto más débil del diseño es que no se realizó una audiencia pública formal, sino una consulta de 15 días hábiles, lo que podría abrir la puerta a eventuales cuestionamientos judiciales.
En la misma línea, Gustavo Lopetegui, ex vicejefe de Gabinete y ex secretario de Energía, remarcó que el Gobierno ya avanzó de manera significativa en la reducción de la asistencia estatal. “Hoy estamos en gas y electricidad con una cobertura promedio anual cercana al 70%, una de las más altas de los últimos años. Una parte de los usuarios todavía paga alrededor de la mitad del costo, que es compensado por industrias y comercios que abonan el 100%”, explicó.
Según sus estimaciones, el nuevo esquema implicará una quita gradual de subsidios, pero con impacto concreto en las facturas. “En 2026 vamos a pasar de una cobertura del 70% a cerca del 77%, y en dos o tres años los subsidios deberían desaparecer o quedar reducidos a algo muy pequeño. En 2023 representaban el 1,7% del PBI; en 2024 bajaron a 1 punto; este año cerrarán en torno al 0,66% del PBI, unos US$2500 millones, y el objetivo oficial es llevarlos al 0,5% en 2026, cerca de US$1600 millones”, detalló. Lopetegui advirtió que los hogares que pierdan el beneficio enfrentarán aumentos en las tarifas, aunque aclaró que el impacto se distribuirá a lo largo del año.
En despachos oficiales reconocen que en algunos momentos del año los usuarios residenciales recibirán aumentos en sus facturas de luz y de gas, que mostrarán porcentajes abultados de variación, arriba de los dos dígitos. Sin embargo, no quieren precisar la magnitud de las subas.
Los boletos de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires (CABA), bajo la órbita de la administración porteña desde fines del año pasado, mantendrán en 2026 un sendero de incrementos mensuales que combina el último dato de inflación disponible con un adicional del 2%. Un esquema similar se aplicará en las líneas que operan en la provincia de Buenos Aires y dependen del gobierno bonaerense. La búsqueda es recomponer los ingresos de las empresas del sector.
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