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El gobierno argentino abre la alcancía de la jubilación privada
Por Matt Moffett
BUENOS AIRES— Agobiada por la crisis financiera global y la caída vertiginosa en el precio de las materias primas, la Argentina encontró una forma novedosa de obtener el dinero necesario para mantenerse a flote: abrir la alcancía del sistema privado de pensiones.
La presidenta Cristina Kirchner propuso la estatización del sistema privado de pensiones, que acumula unos US$ 30.000 millones en activos. La decisión le provee al gobierno buena parte del financiamiento a corto plazo que necesita para evitar una segunda cesación de pagos en una década. Sin embargo, los analistas manifestaron que el plan refuerza la imagen de la Argentina como una renegada en los círculos financieros y representa un repudio al sistema privado de pensiones que había estado de moda en los países emergentes.
Las necesidades de financiamiento de la Argentina están creciendo rápidamente a medida que la crisis global hunde los precios de las exportaciones de commodities como la soja. La caída en los precios de las materias primas y el gasto desenfrenado del gobierno han creado una brecha de entre US$ 10.000 millones y US$ 11.000 millones que la Argentina debe pagar de aquí a fines de 2009, señalan economistas.
Las turbulencias de los últimos meses también han agrietado las finanzas de otros países, como los exportadores de petróleo Venezuela e Irán, pero la Argentina recibe un golpe por partida doble. Debido a que ya entró en cesación de pagos en 2001, cualquier intento por regresar a los mercados de crédito el próximo año tiene todas las probabilidades de fracasar.
El gobierno les dijo a los argentinos que el objetivo de la medida era proteger a los inversionistas de las pérdidas provocadas por las turbulencias del sistema financiero internacional. "Los principales estados integrantes del G-8 están adoptando una política de protección hacia los bancos y, en nuestro caso, estamos protegiendo a los trabajadores y jubilados", dijo la presidenta en un discurso.
Los economistas, sin embargo, afirman que el motivo es que el gobierno disponga de los US$ 5000 millones en contribuciones anuales a los fondos de pensiones para cubrir la brecha de financiamiento e impedir una segunda cesación de pagos. "Estaban en una situación complicada y ésta era una fuente accesible de fondos", dice el economista argentino Aldo Abram.
"Creo que es un día triste porque muestra que incluso los sistemas privados pueden convertirse en víctimas de las intervenciones", dijo Olivia Mitchell, directora ejecutiva del centro de estudios Pension Research Council en la escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania.
La medida requiere la aprobación del Congreso, donde el gobernante partido peronista cuenta con una mayoría. Los líderes de la oposición, no obstante, prometieron rechazar la propuesta. "En el contexto actual, las medidas del gobierno no son para mejorar el sistema jubilatorio, sino para saquear los fondos de los jubilados", dijo Elisa Carrió, presidenta de la Coalición Cívica.
Alberto Bernal-León, director de estrategias macroeconómicas de Bulltick Capital Markets, de Miami, expresó que espera que la propuesta sea aprobada por el Congreso. Recalcó que la Argentina tendrá elecciones legislativas y provinciales el año entrante y que el acceso a los fondos de pensión haría más fácil que el gobierno obtenga respaldo a través del clientelismo.
El sistema privado de pensiones se creó en 1994 como una alternativa al sistema estatal. Fue una de las reformas de libre mercado que estuvieron de moda en América Latina en los años 90, cuando muchos países trataron de seguir el ejemplo de Chile, que privatizó su sistema en 1981. Los trabajadores tenían la opción de ingresar al sistema privado, financiado por un impuesto a la nónima, o quedarse en el sistema antiguo, financiado por los aportes del empleador.
Sin embargo, los costos de transición al nuevo sistema, cuando los aportes de los trabajadores fueron transferidos a cuentas privadas en vez de públicas, fueron uno de los muchos factores que llevaron al colapso económico de la Argentina en 2001. El costo de la transición ascendió al 2,7% del producto bruto interno, lo que forzó al gobierno a endeudarse a tasas más altas.
Los argentinos han acumulado mucha experiencia a la hora de lidiar con un gobierno que juega con su dinero. Antes del colapso económico de 2001, cuando las autoridades trataban de mantener la paridad entre el peso y el dólar, el gobierno limitó los retiros de dinero de los bancos. Luego, emitió un decreto que convertía depósitos denominados en dólares en pesos. "Con el anuncio, se ha reiterado la costumbre de violar las reglas de juego, lo que ha profundizado la desconfianza", escribió el analista político Rosendo Fraga en el diario La Nación.
Ayer, muchos argentinos no se despegaron del televisor para seguir de cerca los acontecimientos. "Uno debería ya saber que no puede fiarse de lo que el gobierno dice que va a hacer", dijo Fabio Herrero, un abogado que tenía dinero en una cuenta privada. Dice que duda que pueda llegar a jubilarse algún día. "El gobierno tiene un brazo muy largo y lo atrapa a uno todas las veces."
El economista Abram señaló que la nacionalización del sistema de pensiones ayudaría al gobierno a cerrar aproximadamente la mitad de la brecha que debe financiar para servir su deuda, ya que cerca de US$ 5000 millones en aportes jubilatorios irían a las arcas públicas en lugar de a las del sector privado. El resto podría provenir de un banco estatal o de las reservas de divisas.
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