Retenciones: presentan un proyecto para eliminarlas en forma gradual y devolver al Congreso la potestad de fijarlas
El diputado Martín Ardohain impulsó una iniciativa que prevé una baja progresiva de los derechos de exportación hasta llevarlos a cero; el texto también limita las facultades del Poder Ejecutivo para subirlos
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LA NACION Belkis Martínez
El diputado nacional y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Martín Ardohain, (PRO-La Pampa) presentó un proyecto de ley para eliminar de manera gradual los derechos de exportación al agro y devolver al Congreso la potestad exclusiva para crear o aumentar retenciones. La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores del PRO y buscará llegar al recinto en las próximas semanas.
El proyecto plantea un cronograma de reducción automática de alícuotas con el objetivo de “brindar previsibilidad”, mejorar la competitividad exportadora y alinear el esquema tributario argentino con el nuevo escenario comercial abierto tras la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Según se desprende del documento, se propone que desde el 1° de mayo pasado comience a regir una baja gradual y mensual de las retenciones para las mercaderías comprendidas en las Secciones I, II, III y IV de la Nomenclatura Común del Mercosur, incluyendo granos, manufacturas agroindustriales, economías regionales, productos forestales, cuero, textiles de origen natural y biocombustibles. Para los productos industriales y regionales, el esquema prevé alcanzar una alícuota del 0% en un plazo de 36 meses.
En el caso del complejo sojero, la iniciativa establece un tratamiento diferencial: la reducción sería automática y mensual, a razón de 0,5 puntos porcentuales por mes, hasta llegar también a retenciones cero. Según el texto, el objetivo es permitir una “convergencia total” que contemple la transición fiscal sin perder competitividad.
“Determinación de la Alícuota: el Derecho de Exportación aplicable será el vigente a la fecha de registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), conforme al régimen de la Ley № 21.453. Para las mercaderías no alcanzadas por dicho régimen, la alícuota se determinará al momento del registro de la destinación de exportación definitiva para consumo. El presente cronograma no altera los plazos de liquidación de divisas ni las obligaciones de embarque vigentes“, destaca el proyecto.
En los fundamentos, plantea que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es devolverle al Congreso el control sobre los derechos de exportación. “La presente ley restituye la potestad tributaria al Congreso, reservando para este cuerpo la facultad exclusiva de crear y aumentar gravámenes a la exportación”, sostiene el texto.
En ese sentido, agrega que la derogación de los apartados a) y c) del artículo 755 del Código Aduanero busca “fortalecer la calidad institucional al reintegrar al Congreso la potestad exclusiva sobre la carga tributaria, garantizando que el nivel de presión fiscal no sea modificado al alza por decisiones administrativas unilaterales”.
El proyecto también remarca que la medida apunta a darle previsibilidad al sector productivo y establecer reglas de largo plazo. “De este modo, se dota al sector de la seguridad jurídica esencial para proyectar inversiones de largo plazo, estableciendo el cronograma de reducción como un compromiso firme de estabilidad de reglas”, señala el documento.
A su vez, aclara que el Poder Ejecutivo conservaría la posibilidad de reducir o eliminar retenciones, pero no de incrementarlas: “El Poder Ejecutivo Nacional mantendrá la facultad de desgravar o eximir de manera total o parcial los Derechos de Exportación, siempre que ello represente una mejora en las condiciones de competitividad o una aceleración en los plazos de reducción previstos en la presente ley”.
“La presente ley restituye la potestad tributaria al Congreso”, sostiene Ardohain en los fundamentos del proyecto, donde además afirma que la iniciativa busca “fortalecer la calidad institucional” y garantizar “seguridad jurídica esencial para proyectar inversiones de largo plazo”.
El texto también pone el foco en el impacto económico que tendría una reducción de la presión fiscal sobre el agro. Según el diputado pampeano, liberar recursos en manos de los productores permitiría acelerar inversiones en riego, fertilización, maquinaria agrícola e infraestructura predial.
“La reducción de la presión fiscal permitirá a la Argentina cerrar la brecha de productividad con sus competidores regionales”, argumenta, que además plantea que el crecimiento productivo terminaría impulsando la recaudación vía impuestos directos y mayor actividad económica en el interior del país.
En los fundamentos, Ardohain vincula además la propuesta con la nueva etapa comercial derivada del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Allí sostiene que la Argentina necesita “reglas de juego estables y soberanas” para insertarse definitivamente en los mercados globales y mejorar su competitividad exportadora.
“El cronograma de adecuación gradual propuesto se caracteriza por su gradualidad y automaticidad. Mediante una reducción mensual y lineal, se asegura que la totalidad del complejo agroindustrial alcance niveles de tributación competitivos. El alcance definido garantiza una política de incentivos federal, abarcando no solo los granos, sino también las manufacturas y economías regionales que son el motor del empleo y el desarrollo en el interior del país”, destacaron.
La iniciativa lleva además las firmas de los diputados del PRO Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Emmanuel Bianchetti, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, Alejandro Finocchiaro, Fernando de Andreis y Florencia De Sensi, quienes acompañan el proyecto que buscará instalar nuevamente el debate sobre las retenciones en el Congreso.
En diálogo con LA NACION, Ardohain defendió la necesidad de avanzar con una baja de retenciones por vía legislativa para evitar que futuras administraciones puedan revertirla. “La baja de retenciones tiene que ser por ley para que después cualquier gobierno de turno no las pueda volver a subir”, sostuvo.
El legislador también vinculó la propuesta con el contexto macroeconómico actual. “Entendemos la postura [del Gobierno] de ser muy responsables para mantener el equilibrio fiscal por la situación económica que recibió el presidente Milei“, afirmó.
No obstante, remarcó que considera necesario comenzar a discutir un esquema de eliminación definitiva de las retenciones. “Ya llevamos más de medio mandato y estamos convencidos de que este proyecto tiene que salir. Si no sale en el plazo que proponemos, que sea un poco más, pero el próximo gobierno tiene que eliminarlas”, expresó.
El objetivo es generar previsibilidad e incentivar nuevas inversiones en el agro y remarcó que la eliminación tiene que ser por ley.
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