El Gobierno busca negociar con las telcos fuera de Tribunales

Finalmente, después de una impasse de tres meses, autoridades del Poder Ejecutivo y de las principales empresas de telecomunicaciones se volvieron a reunir la semana pasada para seguir buscándole una salida a la situación en que quedó el sector tras el decreto de necesidad y urgencia 690/2020, que declaró servicio público las prestaciones de internet, telefonía y TV por cable o satelital y determinó que los precios serían fijados por el Gobierno.

Según fuentes oficiales, en la reunión, de la que participaron el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme; el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, y los representantes de las tres empresas que proveen los tres servicios (Telecom, Movistar y Claro), el Gobierno les volvió a plantear a las compañías que presenten una “propuesta integral para desjudicializar el DNU 690″. En la actualidad, varias empresas tienen medidas cautelares otorgadas por la Justicia que les permiten ajustar sus precios más allá de las autorizaciones oficiales.

“En ese encuentro se señaló que el 690 de ninguna manera se va a derogar, que el Gobierno va a sostener el concepto fundamental de servicio público y que hay que buscar una forma de superar las diferencias. Las telcos tienen que hacer una propuesta en línea con la definición de una política precisa y aceptar el criterio de que debe existir el servicio público para el conjunto de la sociedad”, explicaron a LA NACION fuentes del Gobierno.

La idea oficial es que, una vez que las compañías presenten su propuesta, tanto las autoridades del Enacom como las de la Jefatura de Gabinete se reunirán con el presidente Alberto Fernández para considerarla en forma pormenorizada y extensa, porque se trata de un tema que el Gobierno considera “absolutamente esencial”.

Sin embargo, fuentes del sector señalaron que ya realizaron una propuesta en diciembre pasado, tras la primera reunión que tuvieron con las autoridades, de la cual no obtuvieron respuesta.

“Lo que planteamos es que la agenda del país es más amplia y tiene que ver más con la conectividad que con los precios. Tenemos que pensar en ir ampliando la conectividad lo más que se pueda, en un contexto en que los ingresos de la población en dólares son bajos. Eso es lo que dijimos y es en lo que estamos trabajando”, explicaron.

En este sentido, adelantaron que, para la próxima reunión, que podría tener lugar esta semana o la próxima, concurrirán con una propuesta ampliada sobre la base de lo que ya presentaron y con más información.

Pero en las conversaciones hay un escollo que parece insalvable, que es la vigencia del decreto. En el Gobierno insisten en que no lo van a derogar y la contrapropuesta sería establecer una fórmula para los aumentos, que la industria califica de antinatural, ya que ningún otro país se maneja así.

“A fin de cuentas, las normas son herramientas. No te podés enamorar de ningún texto. Esa es la primera cuestión a desandar. No es cuestión de quién tiene razón, sino de la supervivencia de la industria. Todo el ecosistema en el país invierte unos US$1500 millones al año, pero con la red actual. En el caso de la quinta generación de telefonía móvil a eso hay que sumarle una red nueva, que cuesta miles de millones de dólares. Faltan un montón de cosas para llegar al 5G, como la licitación de espectro, pero lo más importante es el marco. Esta industria tiene el desafío de la rentabilidad en todo el mundo. No hay gente haciendo cola en Ezeiza para venir a invertir”, señalan en la industria.

Más allá de este punto, destacaron que existen instancias de diálogo y dijeron que parece haber buenas intenciones para llegar a un punto de acuerdo.

A principios de mes, en la apertura de sesiones legislativas, Fernández se refirió en duros términos a la judicialización del DNU y dijo que los fallos judiciales en favor de las empresas eran “un acto de complicidad judicial con el poder económico real”. “A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares, no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema, que añeja la cuestión en algún armario”, afirmó.

Por María Julieta Rumi

• Comunidad de Negocios

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