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El Gobierno buscará reprogramar los vencimientos con el FMI entre 2021 y 2023
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LA NACIONFrancisco Jueguen
En el Gobierno es repetido como un karma. En el actual contexto de incertidumbre con la deuda pública, la Argentina no tendrá un perfil de negociación amigable, pero tampoco uno agresivo. El enfoque buscado es el "sustentable". En ese camino, el equipo económico de Alberto Fernández intentará refinanciar los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 2021 y 2023, pero dentro del actual programa Stand-By Agreement (SBA).
Con ese mismo fin, y con el objetivo de ofrecer a todos los acreedores algunos detalles más sobre los senderos que -cree el oficialismo- debe recorrer la economía argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, difundirá precisiones técnicas e información cuantitativa -fiscal, comercial y de la deuda- con un horizonte de mediano plazo. Será entre el 12 y el 17 de febrero en el Congreso.
No es un detalle menor. Para diferenciarse de otras gestiones y ante la actual situación de volatilidad de la economía, el equipo de Guzmán evitó hasta el momento ofrecer números concretos sobre metas fiscales, monetarias, comerciales o cambiarias. Tampoco dio pistas sobre cómo combatirá de manera sustentable la inflación.
En ese mismo lapso, del 12 al 14 de este mes, el FMI llegará con su primera misión técnica al país desde que Fernández es presidente. Sin embargo, unos días antes (el próximo miércoles 5) Guzmán se verá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Roma.
La intención de lograr un roll over de las amortizaciones de capital -cuyos vencimientos más pesados son en 2022 y 2023- no será tarea fácil para el Gobierno. Ese objetivo requeriría de un salto a un nuevo programa, como un acuerdo de facilidades extendidas (EFF, según las siglas en inglés). Tal salto obligaría al Gobierno a comprometerse con un programa de mediano plazo con metas fiscales, monetarias y cambiarias y a aplicar reformas estructurales, típicas obligaciones en esos acuerdos con el organismo internacional. En el Ministerio de Economía no quieren dar ese paso, por ahora.
"La capacidad del propio FMI para reestructurar su deuda está limitada por sus marcos legales y de políticas. Estoy hablando de la deuda del FMI", ya anticipó el vocero del FMI, Gerry Rice, a comienzos de noviembre pasado sobre la deuda que la Argentina tiene con el organismo multilateral y las limitaciones para la creatividad política. Sin embargo, desde ambas veredas siguen manteniendo que hay una relación "constructiva".
Pese a las ansiedades en los mercados, en el Gobierno hablan de una "secuencia", un "proceso" y de "máxima velocidad" en el avance de la reestructuración de la deuda que consideran "insostenible" en las actuales condiciones del mercado. Allí creen que el camino "más ordenado posible" es el que terminará de beneficiar a todas las partes. Pese al diagnóstico, el Ministerio de Economía no auxiliará a Axel Kicillof con el BP21 que tiene en vilo a la provincia de Buenos Aires.
Si ese reperfilamiento coordinado con la Nación se cae, se evaluarán las "externalidades negativas" que pueda acarrear a la negociación nacional. Nadie se anima, en el gobierno nacional, a estimar aún un nuevo porcentaje sobre la adhesión alcanzada entre los acreedores de la provincia para postergar el pago de aquel bono al menos hasta el 1° de mayo. La coordinación entre ambas estrategias hizo que la Nación pagara intereses de sus bonos con reservas y prorrogara hasta agosto el pago de US$9000 millones de Letras del Tesoro. Es por eso que Kicillof busca aplazar el pago de US$250 millones de capital a mayo mientras paga intereses.
El ruido de una mala reestructuración nacional -creen- llevaría a un espiral recesivo por una deuda que consideran una "carga desestabilizante" en el actual contexto de la economía.
"No habrá un power point", escuchan decir a Guzmán quienes lo tienen cerca. Es la primera respuesta ante el pedido de metas, que el economista dice es imposible dar en una economía convulsionada. Solo existe el corto plazo. Así fue pensada la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que buscó generar espacio fiscal -transferir recursos entre privados- con el fin de darle combustible a una demanda agregada que se contrae desde hace meses. En ese mismo camino coordinado avanza el Banco Central (BCRA), empujando una baja de tasas de interés para abaratar el crédito y la negociación sobre la deuda pública.
En el Gobierno afirman que detrás de cada medida para estabilizar la economía hay un plan macroeconómico consistente, que, por ahora, consideran "virtuoso". Pero no hay respuestas oficiales aún sobre qué pasará con el dólar en un contexto de suba de precios, cómo se combatirá la inflación o qué pasará el día 181 con las tarifas de los servicios públicos. Tampoco sobre si habrá reformas estructurales o una baja de la presión tributaria que ahoga al sector privado. Las energías están puestas en estabilizar primero y luego empezar a crecer. Es la única manera -dicen- de pagar la deuda.
"Lo que se pueda pagar debe ser consistente con la recuperación económica y el mantenimiento del crecimiento", afirman en el Gobierno desde el primer día. Hay "buena fe" para negociar. No buscarán ser amigables pero tampoco agresivos con los acreedores. "Agresivos es default y no hubo", dicen.
Pero ¿cómo se explica esa consistencia en números? Lo necesario para crecer y pagar será el misterio que Guzmán develará cuando presente los "lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública" en el Congreso dentro de 10 días. Entonces, el ministro presentará horizontes de resultados fiscales primarios y comerciales que puedan ser factibles; un sendero que no incluirá fuertes ajustes del gasto.
La Argentina terminó el año pasado con un superávit comercial de casi US$16.000 millones y con un déficit fiscal primario de 0,44% del PBI. En el primer caso, la recesión y la suba del tipo de cambio hicieron el trabajo al derrumbar las importaciones. Aunque las exportaciones crecieron apenas 5%. En el segundo, pese a ese esfuerzo de Cambiemos, el aumento de la carga de intereses de la deuda fue de 86,2%.
¿Alcanzan dos semanas para cerrar la reestructuración? La oferta llegará en la segunda semana de marzo y los bonistas tendrán cerca de 15 días para responder. En el medio, Guzmán hará un road show para explicar los detalles. Como la deuda no está en default, los acreedores tienen 10 días de plazo legal para responder ante un cambio contractual. Ahí, como con la provincia, volverán a activarse las negociaciones en base a las cláusulas colectivas. Se requerirá un 75% de adhesión para cada serie de bonos, o un 66% de cada título y un 50% del total.
"No hay razones para castigar a los bonistas que estén bajo ley local", afirman cerca del ministro cuando se lo consulta si habrá trato diferenciado entre legislación local y extranjera. Un detalle quizás menor para la mayoría de los lectores, pero clave para el mercado.
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