El Gobierno cambia la forma en la que medirá su principal logro económico
Luego de las polémicas en el año electoral, el Indec actualizará su índice de precios; los detalles de los cambios que se vienen
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LA NACIONFrancisco Jueguen
Luego de diez años durante los que el kirchnerismo falsificó los números oficiales –apagón que debió revertirse desde 2015 en adelante- y tras un año electoral en el que la oposición buscó poner en duda los avances de la gestión de Javier Milei en materia económica cuestionando las estadísticas públicas, desde este mes, el Gobierno cambiará la forma de medir sus logros sobre lo que fue su principal bandera en la primera mitad del mandato libertario: la baja de la inflación.
A partir del arranque de este año, el Indec aplicará una actualización de la metodología, cálculos, ponderadores y relevamientos del índice de precios al consumidor (IPC). En el organismo que conduce Marco Lavagna ratificaron la decisión anunciada en un documento publicado en septiembre del año pasado y adelantaron algunos cambios que tendrá el nuevo IPC. Antes, claro está, publicarán el último informe sobre precios de 2025: será el 13 de enero.
Sobre las pruebas que se vienen realizando desde abril, quienes conocen el detalle contaron que las variaciones de precios que refleja el nuevo IPC son similares a las que se verifican en los índices que se vienen publicando.
“Dan muy parecidos”, aseguraron sobre los datos que se fueron testeando desde el primer trimestre del año pasado al compararlos con los números oficiales publicados desde entonces oficialmente. De hecho, creen que la publicación del IPC de enero terminará desmitificando las controversias que se generaron este año con el supuesto atraso que sufrió la actualización del índice, que tuvo asesoramiento técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta 2024.
El nuevo índice de precios oficial del Indec, contaron fuentes del Instituto a LA NACION, incluye cuatro cambios significativos. Un primer punto, por caso, será la adopción de la clasificación Coicop 2018 (ONU, 2023) conforme a las recomendaciones internacionales. Esto implicará que, con ese clasificador, el índice de precios utiliza 13 divisiones -se agrega “Seguros y servicios financieros”, que estaban comprendidos en la división “Bienes y servicios varios”-, en lugar de las 12 divisiones del vigente. Además, se aplicará el uso de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para la elaboración de los ponderadores, y la selección de bienes y servicios. Se trata de un avance importante para representar de la manera más fiel posible el impacto de los aumentos de los precios en los principales consumos que hacen los hogares de los argentinos.
En tercer lugar, se aplicará una actualización de los períodos de referencia de ponderadores, de índices y de precios, y la modificación del cálculo de los índices, tanto en la fórmula como en la forma de agregación, contaron las fuentes del organismo ante la consulta de este medio.
El relevamiento de precios se realizará, en su mayoría, de forma digital, en tablets, que contienen los cuestionarios adaptados a cada tipo de negocio de venta. La cobertura geográfica del relevamiento abarca la observación de los precios en 39 aglomerados y localidades, lo que implica que se amplía la muestra de recolección a unos 500.000 precios mensuales distribuidos en más de 24.500 puntos de venta.
El organismo ya había anticipado la decisión de renovar el índice de precios cuando publicó el IPC de septiembre pasado, que mostró un avance de 2,1% de la inflación. Entonces, ya había hecho un descargo sobre por qué se había elegido el primer mes del nuevo año para encarar los cambios. “La fecha establecida responde a la recomendación efectuada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios sobre algunos de los beneficios que aportará la implementación del nuevo IPC el primer mes del año calendario”, se escribió entonces.
Según la dirección técnica que se encarga del IPC, este momento “ayuda a la interpretación y el análisis, tanto para las comparaciones interanuales –que estarán empalmadas con el IPC vigente– como para la variación anual acumulada, que permiten una lectura continua de la evolución de precios durante el año”, además, agregaron, “garantiza la coherencia clasificatoria internacional a lo largo del año calendario, con la adopción del Coicop 2018, vigente desde 2023, que introduce una canasta ampliada a 13 divisiones y mejoras en su estructura interna”.
“Permite contar con precios medios coherentes y consistentes para las operaciones estadísticas que lo requieran; y asegura la consistencia para las cuentas nacionales, al evitar ajustes posteriores del índice cuando se lo utiliza como deflactor anual para el año calendario”, indicaron y cerraron: “En síntesis, constituye la opción más robusta en términos de comparabilidad, claridad interpretativa y comunicacional durante el primer año de implementación. Durante los meses próximos, el Indec convocará a los usuarios externos y a los representantes de los medios de comunicación interesados en la materia a las reuniones técnicas requeridas para el conocimiento preciso de la actualización metodológica”.
Tanto en la oposición como algunos economistas que siguen los números del Indec cuestionaron el atraso en la actualización del IPC y lo asimilaron al año electoral, y al temor que los resultados del cambio minimizaron los logros en materia de desinflación que tuvo la gestión de Milei.
Fuentes del instituto contaron a LA NACION algunas cosas que dejó el proceso que llevó la actualización del IPC. El Fondo, por caso, dejó recomendaciones públicas y su asesoramiento técnico terminó en 2024. Los trabajos del nuevo IPC se terminaron entre marzo y abril de 2025, se empezaron a hacer pruebas, y según contaron, hubo que hacer algunos ajustes en las canastas de algunas provincias. “Había productos con pocos precios, lo que podía generar volatilidades [de precios]”, detallaron los autores, aunque aclararon que el impacto era menor. Los atrasos tuvieron que ver además con la firma de los convenios con las 24 jurisdicciones, que son las que relevan los precios, y con el trabajo que se hizo para “provincializar” las canastas regionales (seguirán siendo regionales, pero mejoran la captación, precisaron en el organismo estadístico).
Las diferencias
Con relación a la diferencia en la variación que puede existir entre el actual IPC y el nuevo luego de la aplicación de la nueva encuesta de gasto, entre otros cambios, en el Indec creen que el impacto será menor y recomiendan ver la diferencia entre el IPC y el índice de precios de CABA, donde los bienes y los servicios tienen distintos pesos –en el índice de CABA, los servicios pesan más-. “Va a dar muy parecido; los impactos se ven cuando hay grandes saltos en precios relativos. Por eso, la recomendación que habitualmente se hace es cambiar cuando hay estabilidad”, explicaron.
“Es un reclamo que hicimos en 2025”, dijo Raúl Llaneza, delegado de ATE Indec. “Como dijimos en su momento, no hay lugar para especulaciones políticas para implementar cualquier actualización, como las que trae la EnGho 2017/18, que aunque no se hizo oportunamente, recalcamos que no hubo manipulación ni maquillaje. Solo hay que comparar la evolución del IPC Ciudad con el dato de GBA que brinda el Indec”, dijo y cerró: “Seguimos exigiendo un organismo estadístico nacional independiente del gobierno de turno, con salarios dignos, carrera administrativa y convenio propio que jerarquice nuestro trabajo. Todo el personal en planta permanente. Que todos los cargos de conducción sean concursados”.
No es un pedido menor. Dentro del organismo, directores de áreas importantes, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), adelantan sus jubilaciones por los bajos sueldos, situación que sufre hasta la dirección técnica del organismo, lo que llevó a que sus mejores hombres y mujeres busquen trabajos afuera. Vale recordar: la irregularidad laboral en el instituto técnico fue uno de los motivos que, según el informe que hicieron varias universidades públicas sobre la intervención kirchnerista en el instituto, garantizó la posibilidad de que Guillermo Moreno –con aval de Néstor y Cristina Kirchner- desmantelara el organismo y truchara las estadísticas públicas durante casi una década.
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