El Gobierno cede a un reclamo para facilitar la contabilidad de 1300 empresas

El Gobierno subestimó la inflación muchas veces. La tendencia provoca que las medidas que dispone para las empresas contemplen aumentos menores a los reales y compliquen la operatoria del comercio. Las facturas de crédito electrónicas son un ejemplo. Las Pymes que venden servicios y productos a grandes empresas dentro del marco de “MiPymes”, están obligadas a producir un tipo especial de factura que requiere de más trámites, cuando sus montos superan -actualmente- los $195.698.

Esta clase de facturas crecieron en el último año por la suba sostenida de precios. Provoca que las Pymes superen rápidamente el valor mínimo a la hora de facturar. Se debe a que el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, incrementa el piso anualmente, pero el año pasado solo lo subió 31% frente a una inflación cercana al 50%. Esto generó un aumento de la emisión de facturas de crédito electrónicas del 25%, de acuerdo con los reportes de la AFIP.

Mil trescientas grandes empresas están obligadas por la AFIP a dar respuesta sobre la aceptación o rechazo de estas facturas en menos de 30 días, un plazo que muchas consideran corto. Si no lo hacen en ese tiempo, la factura se da por aceptada y deben pagarla, a pesar de que haya tenido un error o no hayan recibido los servicios o productos.

La AFIP, por su parte, continúa reduciendo el plazo para que las empresas se expidan, lo que, para ellas, complica la operatoria interna. En julio, el plazo pasará a ser de 25 días y se anticipa una reducción hasta 15. Sin embargo, el organismo oficial cree que sus departamentos contables son lo suficientemente grandes como para soportar los plazos acortados.

Por estos dos problemas, se genera un cuello de botella en la gestión interna de las empresas.

“Esta cuestión refiere a la ´aceptación tácita´. Si, por ejemplo, a los 25 días de recibida una factura la empresa ´no hizo nada´ (algo frecuente), la ley convierte automáticamente esa factura en un título ejecutivo y valor escritural. Es decir, ya no hay discusión sobre esa factura; deja de ser una simple deuda comercial y se convierte en un valor negociable, a pagar en la fecha de vencimiento”, explicó Lucas De Renzo, líder de Producto de Planexware, una empresa que creó una plataforma de intercambio de documentación comercial.

Ayer, el Ministerio de Desarrollo Productivo debió actualizar los valores. Esta vez, admitió una inflación más alta y subió el piso un 53,8% (a $299.555) a partir del 12 de abril.

Además, la cartera ministerial aplicará otro cambio. “A partir del 1 de abril se reportarán en la CenFIV las facturas que no sean pagadas en el plazo acordado entre una MiPyME proveedora y una de las 1.300 empresas grandes receptoras de FCEM, ya sea por falta de fondos o porque no se haya informado una cuenta de pago, lo que busca generar mayor certeza de cobro. De ese modo, tendrá un funcionamiento similar a lo que sucede hoy con los cheques a través de la Central de Deudores”, comunicaron.

“Este tipo de facturas, que comenzaron en 2019, buscaron que las Pymes puedan negociar y obtener dinero de antemano negociando sus facturas con algún descuento”, explicó De Renzo. Sin embargo, explica que el instrumento no tuvo tanto éxito el año pasado, cuando solo se negociaron 1000 facturas.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo aseguró: “El régimen de FCEM ofrece algunas ventajas para las empresas de menor tamaño, ya que el titular de la deuda es la gran empresa: no necesita garantía, disminuye el costo del financiamiento y no le consume el cupo de crédito disponible a la MiPyME con instituciones financieras. La herramienta brinda oportunidad de financiamiento a las más de 230 mil MiPyMEs que son proveedoras de grandes firmas en distintas cadenas de valor”.

LA NACION

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