Fuertes dificultades y trabas para conocer el costo de la obra pública en las provincias

RIO GALLEGOS.- Conocer el costo de una obra pública en las provincias es hoy una misión muy difícil en la mayoría de ellas, pero comparar los costos de obra en cada distrito o bien intentar determinar si lo pagado por cada obra es un precio justo o descomunal, es una misión imposible. Así lo determinó una investigación publicada ayer por la Red Ruido, que relevó datos públicos sobre tres obras significativas en cada una de las 23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires.

¿Cualquier argentino puede saber cuánto costó una obra pública realizada por el gobierno de la provincia en la que vive? La respuesta es no en el 67% de los casos. La cifra surge como la opuesta a la de las obras que sí tienen costo conocido: viales (37,5%), de salud (41%) y obras polémicas (20,8%), lo que arroja un promedio del 33%. Pero además, en los casos en que se pueda conocer el gasto, no se hallará la información completa sobre dicha ejecución. Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado online hoy y que se basó en datos públicos, pedidos de acceso a la información y en la elaboración de una base de datos para convertir los montos a valores constantes según la inflación.

Ruido es una red nacional de comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles que produce investigaciones, informes y contenidos relacionados con corrupción, transparencia y acceso a la información de manera colectiva a través de una amplia cobertura de miembros y colaboradores con presencia en todo el país. El año pasado publicaron el primer informe donde analizaron los gastos de los gobiernos durante la pandemia.

Para la realización del informe, Ruido presentó hace seis meses pedidos de acceso a la información en dependencias gubernamentales y Tribunales de Cuenta de cada distrito en forma simultánea, en tanto que con los mismos criterios se seleccionaron tres obras por provincia para ser analizadas: una obra vial, una obra sanitaria y una obra que haya causado disputa pública por escrito (con denuncias mediáticas o judiciales) que hayan sido terminadas o estuvieran en ejecución durante 2020 y 2021.

“Si bien el objetivo inicial de Ruido era comparar entre las provincias el costo de un kilómetro de autovía o de metro cuadrado de centro de salud construido, el relevamiento demostró esa imposibilidad ante la falta de información pública que, en muchas ocasiones, se debió a un esfuerzo sostenido de las administraciones oficiales por mantenerla oculta”, explica el informe, que cuenta con los datos abiertos en su web.

En los pedidos de acceso a la información se solicitaron fechas de obras, licitaciones, redeterminaciones de precios e inspecciones, sin embargo, en la mayoría de los casos la solicitud no encontró eco: “el 83% de las provincias no respondieron los pedidos de acceso a la información y en ninguna se halló el 100% de los datos solicitados”, es otra de las conclusiones del trabajo, donde se detalla el estado de las obras públicas en las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires.

El resultado del informe explica que en casi el 70% de los casos no se pudo relevar el costo de las obras, en tanto aclaran que muchas de las cifras que sí están en el relevamiento no fueron aportadas por los estados provinciales, sino que fueron sistematizadas por Ruido a partir de información periodística, o por declaraciones públicas de funcionarios.

Los resultados del informe van en línea con el trabajo elaborado con las actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas de la Nación durante el primer año de su gestión (2020), que marcan la ausencia de datos abiertos sobre obra pública argentina, fallas de transparencia y falta de coordinación normativa y legal con las provincias.

“La dispersión y la falta de datos, y la imposibilidad de conocer fechas certeras de adjudicaciones o de pagos impiden, por ejemplo, que se pueda realizar una conversión confiable a precios constantes y, por ende, comparar costos entre las provincias”, asegura el informe e incluso aclara que esa situación “imposibilita establecer cuánto se gastó en una obra, en base a diferentes desembolsos, respecto de lo inicialmente presupuestado controlando el efecto de la inflación”.

A partir de la base de datos, los autores de Ruido, considerando que la inflación impide comparar montos en pesos de años diferentes, realizaron una actualización al equivalente de su valor en febrero de 2022. Para realizar la conversión se utilizó una base de precios construida para resolver los problemas de los datos oficiales entre 2007 y 2015. Así, se echó mano al IPC del Indec hasta 2006; IPC San Luis desde 2007 hasta 2012, un promedio de IPC San Luis e IPC CABA para 2013-2016 y desde entonces los datos del IPC del Indec. La base de precios fue confeccionada por la socióloga Sol Minoldo a partir de otra base realizada previamente por su colega Diego Born.

Obras polémicas

En la investigación se puede acceder a las obras en los 24 distritos del país. Entre los principales hallazgos remarcan el costo del estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. La obra tenía un presupuesto inicial de casi 900 millones de pesos que, teniendo en cuenta la inflación, equivalen a más de 4000 millones de pesos actuales (febrero de 2022).

Pero a través de decretos obtenidos, los investigadores detectaron que esa suma -del estadio y de sus obras complementarias- en realidad acumulaba 3.031.373.635 pesos, en tanto que el gasto realizado suma más de 9500 millones de pesos actuales, es decir, más del doble de lo inicialmente presupuestado.

En Tierra del Fuego sucedió algo también muy particular: el pedido de información no sólo está denunciado ante la Fiscalía de Estado ante la negativa y obstrucción oficial a entregar datos, sino que una de las respuestas iniciales a la requisitoria fue que era necesario abonar la cifra correspondiente a 9887 copias (74.152 pesos si costaran $7,5 cada una), referenciando la Ley Fiscal Provincial para fijar el valor por copia, a pesar de lo establecido por la Ley de Acceso a la Información que indica que no puede cobrarse tasa o impuesto por las copias solicitadas.

A su vez, se ofreció digitalizar los expedientes solicitados recién dos meses después de la solicitud. Esto, violentando los plazos de ley y en los que se elaboró el presente informe. En este caso, Ruido accionó ante los organismos de control provincial para tratar de obtener alguna información sobre los expedientes pedidos.

Por Mariela Arias

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