El Gobierno denunció un faltante millonario en la ART de un gremio

El Gobierno denunció en la Justicia a Interacción SA, la aseguradora de riesgos del trabajo del sindicato de los encargados de edificio (Suterh), que conduce Víctor Santa María, en cuyo balance 2015 encontró 203 millones de pesos sin respaldo técnico contable y, presuntamente, unos 5000 juicios en contra no registrados que quedaron bajo auditoría.

La demanda, que se presentó el 23 de mayo, fue ratificada el 2 del mes pasado y cayó en el juzgado de Claudio Bonadio. Está firmada por Edgardo Podjarny, superintendente de Seguros de la Nación, y su vice, Guillermo Bolado, luego de una inspección de ese organismo sobre la empresa, una de las más comprometidas financieramente en un sector donde operan 14 compañías.

El monto en discusión, $ 203 millones, corresponde a certificados de plazo fijo que figuran registrados en el balance sin que ni los comprobantes ni el dinero estén en la compañía. La medida promete controversias no sólo por las supuestas irregularidades halladas -el documento presentado en la Justicia estima que el faltante supone el 80% del patrimonio de la ART-, sino por la relevancia de uno de los involucrados, Santa María, que preside el PJ porteño y que compró Página 12 a través del grupo Octubre. En el macrismo presumen que los fondos han ido a parar a otros fines que nada tienen que ver con la ART.

La Superintendencia de Seguros tiene a cargo el control financiero de todo este sector, cuyas prestaciones son controladas a su vez por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que conduce Gustavo Darío Morón y donde ratificaron la existencia de la denuncia ante la consulta de este diario. Lo que hizo el Gobierno fue, una vez detectada la inconsistencia, acudir a la Justicia mientras intimaba a la empresa a regularizarla.

Consultados por LA NACION, en el sindicato admitieron el litigio, pero le restaron importancia. "Hubo un error contable en el balance del último trimestre, pero ya se corrigió y se presentó donde corresponde. Está bien que la superintendencia investigue porque es su deber", dijeron. En la CGT acusan, con todo, a Cambiemos de estar aprovechando el tema para socavar el prestigio de un opositor como Santa María.

El texto presentado en la Justicia afirma que la inspección, que define como "de rutina", deja en el caso de Interacción constancia de una "operatoria irregular" que podría ser "un artilugio contable efectuado con el fin de incrementar" los activos registrados al 31 de diciembre. Según la superintendencia, la ART "no suministró documentación de respaldo alguno que pudiera justificar desde la realidad económica esos movimientos contables".

Además de denunciarla, el Gobierno instó a la ART a capitalizar el faltante en efectivo. La compañía pidió una prórroga de dos semanas y presentó, anteayer, una propuesta alternativa que tampoco conformó al Gobierno, pero que se discutirá entre ambas partes durante un nuevo plazo, hasta el 10 de este mes.

Con la pretensión de ordenar y acaso depurar el sector, la superintendencia estaba anoche a punto de emitir una resolución que complica más a las ART económicamente comprometidas: elevó de 80.000 a 137.800 pesos el monto de reservas por juicio que tiene tener cada empresa.

Esta industria está en problemas desde hace tiempo. Por lo pronto, arrastra un déficit general de 40.000 millones de pesos entre los costos de los juicios que tiene que pagar y sus reservas técnicas. Esta dificultad ha contribuido a que el paso del sindicalismo por el rubro no fuera del todo exitoso. Sin ir más lejos, el gremio Camioneros viene de venderle su firma, Caminos Protegidos, a Experta ART, una empresa del grupo Werthein.