El Gobierno nombró funcionarios en el Tribunal Fiscal
Logró revocar la medida judicial que lo frenaba; los elegidos están ligados a Boudou y De Vido
1 minuto de lectura'
El Gobierno ya ganó la principal batalla en el Tribunal Fiscal, al poner ayer en funciones a tres nuevos funcionarios del área impositiva y preparar el aterrizaje de otros cuatro aduaneros para los próximos días.
"Póngase a partir del día de la fecha en la posesión del cargo", fue el breve mensaje escrito del presidente del tribunal, Ignacio Buitrago, para convalidar los nombramientos de los vocales Edith Gómez, José Luis Pérez y Armando Magallón.
Magallón -que no respondió a la consulta de LA NACION- era socio del estudio Chicolino, De Luca y Asociados; otro socio de esa firma es asesor de un importante funcionario del Ministerio de Economía, que lidera Amado Boudou. Además, el 27 de junio último presentó tanto un escrito como litigante contra el tribunal en una causa en el área impositiva como otro para "tomar posesión efectiva" de su cargo como vocal en el mismo sector.
Gómez y Pérez, por su parte, ya trabajaban en el tribunal y, a diferencia de otros funcionarios de este organismo autárquico con antecedentes técnicos, fueron elegidos para dos de las siete vocalías designadas por la presidenta Cristina Kirchner.
En tanto, la Justicia dejó sin efecto la medida precautelar presentada por el abogado Daniel Zolezzi, otro de los postulantes que habían sido dejados de lado por el Poder Ejecutivo. La Cámara en lo Contencioso Administrativo indicó que Zolezzi tiene una edad (69) que superaría el tope para presentarse como candidato al tribunal, que se fija en 65. Zolezzi presentó un escrito para aclarar que en el Tribunal Fiscal, como en otros cuerpos colegiados, no hay un tope de edad, tal como lo determinó la Justicia en otro caso (Ethel Gramajo). Zolezzi dijo a LA NACION que la cámara rechazó la postulación "sin darme vista de los antecedentes curriculares de todos los postulantes", pese a su reclamo y el de otros aspirantes. "No es casual que hayan advertido sobre los peligros que corre el Tribunal Fiscal instituciones tan reconocidas como el Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados, el Instituto de Derecho Aduanero del Colegio Público de Abogados y el Centro de Estudios de Derecho Tributario de la UBA", agregó.
Mientras tanto, ya desembarcaron en sus oficinas algunos de los nuevos vocales aduaneros: Claudia Sarquís, ex asesora del ministro de Planificación Julio De Vido y ex funcionaria de la Aduana, y Christian González Palazzo, ex directivo de la agencia de noticias estatal Télam y cercano al jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández.
En los próximos días llegarían los otros dos: Pablo Garbarino (colaborador del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y propuesto por Boudou) y Horacio Segura, ex secretario de juzgado del juez en lo penal económico Jorge Brugo.
A principios de esta semana, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, defendió públicamente los nombramientos en este tribunal que tiene que revisar las decisiones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
"Tienen decisiones pendientes desde hace varios años por unos 8000 millones de pesos", indicó una fuente de Economía para defender la intervención en el tribunal.
Cerca del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, expresaron a LA NACION que no hay quejas con este tribunal y subrayaron su relación con Buitrago. Además, negaron la acusación de "connivencia" entre los miembros del tribunal y "grandes estudios tributarios" formulada desde el Ministerio de Economía.





