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El Gobierno otorgará un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados en abril
La medida tiene el objetivo de, según indica el texto oficial, “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales”
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LA NACION
El Gobierno otorgará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a jubilados, pensionados y otros beneficiarios del sistema de seguridad social, que se pagará en abril de 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto 213/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y está dirigida principalmente a quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema previsional.
La normativa establece que el beneficio será liquidado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y alcanzará a titulares de jubilaciones y pensiones contributivas, a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas, como las otorgadas por invalidez o a madres de siete hijos o más.
El decreto precisa que el monto máximo del bono será de $70.000 para quienes cobren haberes iguales o inferiores al haber mínimo previsional. En cambio, quienes perciban ingresos superiores recibirán un monto proporcional, que se calculará como la diferencia necesaria para alcanzar el tope equivalente a un haber mínimo más el valor máximo del bono.
El bono extraordinario tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuentos y no se computará para otros conceptos. Además, para acceder al beneficio, los haberes deberán encontrarse vigentes en el mes en que se realice la liquidación. En el caso de pensiones con copartícipes, se considerará como correspondiente a un único titular.
El texto del decreto fundamenta la medida en la necesidad de sostener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales, en particular en los segmentos de menores ingresos. En los considerandos se señala que, en los últimos años, se implementaron bonos extraordinarios de manera mensual como mecanismo de refuerzo para los haberes, una práctica que se llevó a cabo desde enero de 2024.
En ese marco, la norma vincula esta política con los efectos que atribuye a la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, del 2021. Según se detalla, ese esquema no contemplaba la variación de los precios y generaba un desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su impacto en los haberes, lo que afectó especialmente a los beneficiarios de menores ingresos. A partir de ese diagnóstico, el decreto plantea la necesidad de medidas complementarias para sostener los ingresos previsionales.
El decreto también recuerda que se modificó el mecanismo de actualización de los haberes mediante el Decreto 274/2024, que dispuso ajustes mensuales en función de la variación del índice de precios al consumidor. Esa modificación comenzó a aplicarse desde julio de 2024.
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