El Gobierno presiona por una ley de ART
Cristina Kirchner dijo que el Estado podría "intervenir" si no se llega a un acuerdo entre aseguradoras, empresarios y empleados
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LA NACIONOliver Galak
La presidenta Cristina Kirchner advirtió ayer que el Estado podría "intervenir" si no se llegara a un acuerdo con las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART) para sancionar una nueva ley que regule la actividad del sector.
La Presidenta se ocupó de destacar que solucionar este tema es "clave" para la competitividad de la economía. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo luego a LA NACION que esa "intervención" se refería al decreto que emitirá el Gobierno para triplicar el monto de las indemnizaciones vigentes, aunque distintos actores del sector interpretaron que la advertencia presidencial apuntaba a la reglamentación de "mutuas" empresariales y gremiales que funcionen como aseguradoras.
"Si no hay posibilidades de acordar con las empresas que se dedican a asegurar, vamos también a tomar intervención desde el Estado para que, en acuerdo entre trabajadores y empresarios, podamos hacer mutuas asociaciones que permitan contemplar los intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores", dijo la jefa del Estado al encabezar el acto por el Día de la Industria organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Agregó que ya habían comenzado a explorar esta posibilidad en conversaciones con el ministro de Economía, Amado Boudou, y con representantes de la construcción, el sector "que más problemas tiene en materia de accidentes de trabajo". Sin embargo, Boudou, que acompañó a la Presidenta en el acto, dijo a LA NACION que desconocía a qué se había referido al hablar de intervención.
Tomada dijo que "de lo que se está hablando es de la intervención que debe tomar el Estado en esa negociación, porque finalmente no se terminan de poner de acuerdo" empresarios y sindicalistas. En ese sentido, confirmó que su intención es "aumentar las indemnizaciones para que el trabajador cobre esa suma y no tenga necesidad de ir a la Justicia", y señaló que el decreto para actualizar el monto de los resarcimientos -sería un aumento del 200%- va a salir "lo antes posible".
Desde que en 2004 la Corte dictaminó la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley 24.557, de ART, las partes involucradas buscan fijar un nuevo marco legal para la actividad. En particular, se discute la llamada "doble vía", por la cual el trabajador accidentado puede reclamar la indemnización ante la ART y accionar por la vía judicial contra la empresa. La CGT quiere que el trabajador pueda acumular ambas indemnizaciones, mientras que la UIA, en representación de las empresas, aspira a que el demandante deba optar por una u otra vía.
"Industria del juicio"
Al abrir el encuentro, del que participaron cerca de 1400 empresarios pyme, el presidente de CAME, Osvaldo Cornide, consideró que es "indispensable" la sanción de una nueva ley de accidentes de trabajo "que proteja al trabajador, pero que al mismo tiempo evite la industria del juicio y a las empresas pyme les quite la amenaza de permanentes embargos millonarios". La Presidenta coincidió en que existe una "industria del juicio" ("y eso que soy abogada", ironizó), al tiempo que rechazó que los seguros de trabajo sean "un negocio donde únicamente ganan los que aseguran y finalmente terminan perdiendo empresarios y trabajadores".
Jorge Aimaretti, presidente de la Unión de ART (UART), señaló que comparte la "preocupación de la Presidenta respecto de la litigiosidad". Las ART cubren a más de 7 millones de trabajadores y más de 600.000 empresas. "Respecto de la idea de formar mutuas -agregó Aimaretti-, siempre hemos dicho que ello ya hoy es posible y que deben someterse a iguales reglas que las que cumplimos las ART, a los fines de no afectar la calidad del servicio brindado."
Los sistemas español y chileno, en los cuales se basó la ley original de ART, funcionan con base en las mutuas de empresarios y sindicatos. Según Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA, la intervención que mencionó la Presidenta se refería a "la reglamentación de las mutuas", previstas en la ley de ART, pero que nunca fueron instrumentadas.
En una reunión que mantuvieron con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, días atrás, los dirigentes de la UIA le hicieron saber su preocupación por la falta de una reforma legal de fondo, que vaya a los puntos cuestionados por la Justicia. Ayer, con las declaraciones de Cristina Kirchner, el empresariado creyó ver una conexión con lo charlado con Fernández. En ese sentido, confían en que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que lleva ya cinco años de demora.
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