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El Gobierno tiene todo preparado para privatizar AySA antes de abril
Espera llamar a licitación en el primer trimestre del año próximo; se vendería el 90% de la empresa, que ya tiene superávit, y el 10% restante seguiría en manos del sindicato
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LA NACIONNéstor O. Scibona
El triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre no sólo aportó un fuerte impulso político a la agenda reformista del Gobierno (presupuesto sin déficit por ley, reformas laboral y tributaria), sino también a la privatización total o parcial de casi una docena de empresas de propiedad mayoritariamente estatal incluidas en la versión reducida de la Ley Bases sancionada a mediados de 2024.
Uno de los procesos más avanzados es el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que desde hace 20 meses preside Alejo Maxit y cuya gestión priorizó –valga la redundancia- el saneamiento económico y financiero de la sociedad. A tal punto que se prevé para el primer trimestre de 2026 el llamado a licitación pública nacional e internacional destinado a transferir a inversores privados el 90% de su paquete accionario, ya que el 10% restante pertenece por propiedad participada a los trabajadores del sindicato que desde hace décadas lidera José Luis Lingieri.
Fuentes de AySA aclaran que la licitación se habría realizado cualquiera hubiera sido el resultado electoral, debido a la convicción oficial de que una empresa estatal es mejor manejada con gestión privada, básicamente por una cuestión de incentivos.
De hecho, ya había sido dispuesta por decreto a fin de julio último. Y hace menos de dos semanas un DNU reactualizó el marco regulatorio para la reprivatizar la empresa, reestatizada en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner y que hasta fines de 2023 registró fenomenales déficits operativos y financieros. Las causas fueron el sobredimensionamiento de su estructura, el descontrol de gastos y el prolongado congelamiento de tarifas en el área de concesión del servicio, que abarca la CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Como anticipó esta columna hace dos meses, el economista Santiago Urbiztondo calculó - en un trabajo publicado por la revista de FIEL-, que las transferencias del Tesoro para cubrir los costos totales de AySA entre 2006 y 2023 sumaron el equivalente de US$ 14.100 millones. Una cifra muy superior a su “beneficio tarifario bruto”, sin descontar inflación, impuestos vigentes y futuros vía deuda.
Previamente, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni (actual jefe de Gabinete) había denunciado que sólo en 2023 la ex titular de la empresa, Malena Galmarini, malgastó el equivalente a US$ 4800 millones para transformarla en plataforma de campaña política de su esposo Sergio Massa y otros funcionarios kirchneristas. Entre otros desvíos de fondos citó patrocinios de torneos deportivos y espectáculos masivos; campañas y auspicios publicitarios; derivación de 25% del presupuesto de obras solo a los municipios de Tigre y Malvinas Argentinas; la compra con sobreprecios de una flota de vehículos, reformas edilicias y adquisiciones de terrenos no imprescindibles.
Tampoco en ese período se avanzó con los planes anuales de instalación de medidores de consumo de agua. De un total de 3,9 millones de usuarios, aproximadamente 730.000 (18%) cuentan con medidor o medición remota, mientras el resto paga el servicio en función de la superficie de su vivienda, comercio o industria cualquiera sea el volumen consumido.
Del déficit al equilibrio
Desde comienzos de 2024, la conducción de AySA puso en marcha un Plan de Optimización y Transformación del modelo de gestión, que en abril de ese año incluyó un ajuste de tarifas de 209%, con actualización mensual automática basada en un cálculo polinómico de índices de precios y salarios, que desde diciembre de 2023 acumula un alza de 350 por ciento.
Como el incremento inicial fue inferior al atraso acumulado respecto del IPC (272%), obligó a una reducción de gastos operativos para converger al equilibrio económico. En este sentido hubo acciones para optimizar inventarios; adecuar procesos de compra para atraer más oferentes; evaluar la prioridad de inversiones y la estructura organizativa para evitar superposición de funciones, que incluyó un amplio plan de retiro voluntario de personal. Actualmente la empresa cuenta con 6200 empleados (20% menos que en 2023), aunque en 2007 la dotación total era de 4200. También se incluyeron mejoras en la facturación, cobranzas e ingresos; campañas y planes de regularización de deudas con facilidades de pago; fortalecimiento y seguimiento de la tarifa social.
El plan permitió que AySA alcanzara este año, por primera vez desde 2007, una convergencia operativa y dejara de depender de las transferencias corrientes del Tesoro nacional, si bien los resultados financieros muestran un déficit con tendencia declinante.
Según información oficial (expresada en pesos de agosto de 2025 a efectos comparativos), hubo un superávit operativo corriente neto de $109.000 millones, en contraste con el déficit de $ 541.000 millones en igual período de 2023. Los resultados de capital fueron deficitarios en $ 122.000 millones, con una fuerte baja respecto de los $248.000 millones registrados en 2023. Y el resultado financiero neto, que suma ambos conceptos, arroja en 2025 un déficit acumulado de $14.000 millones, con una caída de $770.000 millones comparada con el de 2023 ($ 784.000 millones).
Estos avances en la auto sustentabilidad de la empresa significaron para el Tesoro nacional un ahorro equivalente a $805.000 millones acumulados a agosto de 2025. Otro dato relevante es que la semana pasada, la calificadora FIX SCR asignó al Fondo de Fideicomiso Financiero AySA, la calificación de riesgo AA+sf (arg) con perspectiva estable para emitir valores de deuda fiduciaria por hasta $30.000 millones valor nominal.
Reglas para licitar
Mientras se definen aspectos del pliego de licitación, entre ellos el período de concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales a inversores privados, el decreto dictado en julio (494/25) ya dispuso que al menos 51% del total de las acciones en poder del Estado deberá ser adjudicado a un Operador Estratégico (OE) que asumirá la responsabilidad de la operación diaria y mantendrá el control y dirección de la sociedad.
Esa función requerirá contar con amplia solvencia técnica, financiera y capacidad demostrada en la gestión de servicios públicos, ya que deberá tomar decisiones de inversión y financiamiento para la operación, mantenimiento y expansión de la red, que además aseguren equilibrio económico y financiero, en línea con los estándares internacionales para el sector.
Fuentes oficiales explican que la figura del OE apunta a “desvincular la planificación empresarial de influencias políticas de corto plazo, a fin de permitir decisiones basadas en análisis técnicos y en los intereses de los usuarios”.
El mismo decreto establece además que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) se encargará de la venta en bolsas y mercados del país del remanente de acciones de AySA de titularidad estatal que no hayan sido adquiridas en la licitación.
Hasta completar ese proceso, la empresa viene cumpliendo un Plan de Acción de Transición para el período 2024- 2026, aprobado por el Ministerio de Economía, para profundizar los cambios en el modelo de gestión a fin de despejar el camino hacia la privatización o concesión del servicio en condiciones adecuadas, favorecer la futura planificación de inversiones a mediano y largo plazo y la sustentabilidad de la operación. Las inversiones incluidas en este plan trienal totalizan $ 753.900 millones, en números redondos y orden creciente, distribuidas entre mantenimiento ($ 414.300 millones); mejoras ($ 266.400 millones) y operaciones ($ 73.200 millones).
La última novedad fue el DNU 805/25, que este mes actualizó el marco regulatorio de 2007 con el que AySA prestaba el servicio y lo adaptó para el futuro operador privado.
A cargo de reglamentar el régimen tarifario, precios y revisiones cada 5 años actuará el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que deberá permitir a la concesionaria contar con ingresos para cubrir costos operativos razonables, impuestos e inversiones y obtener una rentabilidad similar a la de otras actividades de riesgo equiparable. También se establece el corte de suministro por facturas con mora mínima de 60 días para usuarios residenciales y de 15 para no residenciales.
A su vez, la Secretaría de Ambiente fiscalizará las actividades de control de contaminación y preservación de los recursos hídricos y la Agencia de Planificación (APLA) elaborará un Plan Director de Mejora Estratégica, de carácter técnico, para definir estrategias y acciones para la expansión y ampliación del servicio en función de las metas previstas en el contrato de concesión.
Mientras tanto, la incógnita es cuántos, quiénes y de qué origen serían los interesados en adquirir la mayoría accionaria de AySA, tomar a cargo un monopolio natural e invertir en la segunda concesión más importante de la región después de Brasil. Un incentivo podrían ser los créditos blandos de organismos multilaterales (BID, CAF, BM) para mejoras en el saneamiento urbano. Otro, una eventual apertura del menú del RIGI, que incluya las grandes inversiones que requiere la expansión del servicio.
