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El mercado del calzado se enfrenta a una dura batalla
El Ministerio de Economía dispondría medidas de protección para el sector, apoyadas por los productores nacionales y criticadas por los importadores.
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En la industria del calzado, los productores locales y los importadores afilan sus armas para otra batalla. La Comisión Nacional de Comercio Exterior ya determinó que el sector resultó gravemente dañado por las importaciones y todos apuestan a que el Ministerio de Economía resolverá en pocas semanas, la aplicación de un período de salvaguardia para el sector.
La medida, que podría tener una duración de tres años, significará la protección de la industria local mediante aranceles altos sobre las importaciones. Mientras tanto, los fabricantes locales deberán encarar procesos de reconversión para tornarse más competitivos.
Con la apertura de la economía, la industria local del calzado vio tambalear su estructura. El debate sobre la protección llegó a provocar la división de la tradicional Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la entidad que representó desde principios de siglo los intereses del sector.
Los importadores, liderados por las norteamericanas Reebok y Nike, formaron la Cámara de Producción y Comercio Internacional de Calzado y Afines (Capcica). En las filas de la CIC quedaron los pesos pesados locales: Alpargatas, Gatic y Grimoldi.
La torta que está en juego no es chica. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el último año el sector de calzado movió más de 1000 millones de dólares.
Argumentos
El punto más ácido del debate pasa por las zapatillas, el nicho que más creció en los últimos años. Según los fabricantes locales, la apertura de la economía permitió la importación de calzado desde el sudeste asiático con márgenes astronómicos de ganancias.
"Hemos llegado a detectar importaciones de 14 centavos por par de zapatos, y hasta de 9 centavos", denunció Carlos Bueno, presidente de la CIC. Para el dirigente, estas cifras tienen una sola explicación: los bajísimos salarios que se pagan en las fábricas del sudeste asiático.
"En Malasia, una planta que producía para Nike pagaba a sus obreros 83 centavos de dólar por día. Esos salarios destruyen cualquier sistema de costos." Según Bueno, la apertura "indiscriminada" del sector provocó, entre 1991 y 1995, la desaparición de 997 fábricas de calzado y de 14.400 puestos de trabajo.
Hace algunas semanas, el CEO de Reebok, Bob Meers, aprovechó su visita a Buenos Aires para avivar el fuego de la polémica. "¿Cómo podemos traer al mercado argentino productos de calidad si tenemos que enfrentarnos con aranceles tan elevados?", se preguntó. Para Juan Dumas, presidente de Capcica, el fondo del debate pasa en realidad por el Régimen de Especialización Industrial (Respin), que permite a las compañías adheridas al sistema importar con aranceles preferenciales.
"En 1996, las importaciones de calzado sobre el consumo llegaron sólo al 11 por ciento. Además, nunca había visto un caso en el que los propios denunciantes de dumping fueran importadores", disparó.
"Pero todo tiene una explicación -agregó-. Lo que sucede es que las empresas adheridas al Respin, como Alpargatas, pueden importar con aranceles de sólo el 2%, mientras que nosotros tenemos que hacerlo con aranceles que, en algunos casos, llegan al 200 por ciento."
La industria nacional
El vicepresidente y director general de Alpargatas, Guillermo Gotelli, desechó el argumento. "El Respin sólo nos permite importar el 70% del excedente de las exportaciones", explicó.
Gotelli volvió a cambiar el eje del debate. Para el empresario, no pasa por la apertura, sino por la forma en que la economía argentina se inserta en el mercado mundial.
"¿Queremos que la Argentina sea simplemente un productor de commodities o un productor de bienes de alto valor agregado?-, se preguntó-. En esta época de alto desempleo, es fundamental que nos hagamos este planteo."
Eduardo Bakchellian, presidente de Gatic, también salió a defender la protección del sector. "Estoy de acuerdo con que había que abrir el escenario para que todo el mundo aprendiera a competir -comentó-. Pero la importación es como la lluvia: en su medida justa beneficia, y en forma exagerada destruye."
Según el empresario, en 1994 ingresó en el país el 50% del consumo interno de calzado deportivo. "Eso significa 9 millones de pares, el 150% de la producción de Gatic", destacó.
Esta semana podría haber más novedades. En mayo último, los importadores pidieron ante la Justicia la nulidad de los derechos preventivos. Obtuvieron un fallo favorable y el Ministerio de Economía apeló la medida. Esta semana, la Cámara de Apelaciones podría decidir si da lugar o no al pedido oficial.
El largo camino de la protección
El debate sobre la protección de la industria del calzado desencadenó una verdadera guerra entre los productores locales y los importadores. En el medio quedó el Ministerio de Economía, que debe decidir en pocas semanas sobre la conveniencia o no de la medida.
Hasta 1993, la Argentina aplicó aranceles ad valorem sobre el calzado importado. Un arancel ad valorem es un porcentaje sobre sobre el valor FOB (sin impuestos) de un producto.
En diciembre de ese año, y ante el reclamo de la industria local por la "agresión" de la importación, el Ministerio de Economía fijó derechos específicos para el calzado deportivo. Un derecho específico es un valor fijo por unidad o por kilo a pagar cuando el precio de importación más el arancel normal correspondiente está por debajo de un valor "piso".
En enero de 1996, los derechos específicos se extendieron al conjunto de los calzados. La protesta de los importadores no se hizo esperar: denunciaron que la medida significaba sobrearanceles superiores al 35%, máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las que patalearon más fuerte fueron las compañías norteamericanas, como Nike y Reebok. El gobierno de los EE.UU., siempre atento a los intereses de las compañías de su país, formalizó una denuncia ante la OMC.
En septiembre de 1996, la presión norteamericana rindió sus frutos. Economía decidió aplicar sobre los derechos específicos un cronograma descendente, para que en 1998 llegaran al 35% admitido por el organismo internacional.
Los productores locales -con Alpargatas y Gatic a la cabeza- pidieron entonces la aplicación de cláusulas de salvaguardia, de efecto similar a los derechos específicos pero admitida por la OMC ante la posibilidad de amenaza o daño grave a cualquier sector.
El 14 de febrero último, Economía aplicó un período de salvaguardia provisional (por 200 días, que se cumplen en septiembre) y resolvió que la Comisión Nacional de Comercio Exterior iniciara una investigación para determinar si era cierto que la producción nacional había resultado perjudicada.
Por Laura Suárez Samper
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