El país no investiga la corrupción corporativa

La comunidad internacional no sólo monitorea la corrupción en los países, sino que también exige que los gobiernos colaboren para que sus empresas no trasladen malas prácticas fuera de sus fronteras. En tal sentido, para la ONG Transparencia Internacional, la Argentina no hace buena letra.

De los 41 países que participan de la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Combatir el Soborno, destaca un informe de la ONG difundido ayer, 20 están haciendo esfuerzos mínimos o nulos para evitar que sus empresas propaguen la corrupción en el extranjero. La Argentina es uno de ellos, y el único en haber retrocedido hasta ubicarse en esta categoría en el último año. De los 41, sólo cuatro mejoraron: Grecia, Noruega, Corea del Sur y los Países Bajos.

Entre otras cosas, la ONG destaca que la Argentina no dispone de una unidad nacional centralizada que se encargue de investigar y enjuiciar los casos de soborno transnacional cometidos por empresas argentinas en el extranjero; que los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley no participan en el enjuiciamiento de delitos de soborno transnacional, y que el nivel de coordinación y supervisión dedicado a estos casos es insatisfactorio, ya que no disponen de bases de datos para centralizar la información ni de estadísticas.

Además, cuestiona que los jueces federales "se valen de criterios políticos cuando conducen investigaciones". En los últimos cuatro años, subraya, el único avance que mostró en la materia fue el inicio en 2012 de una investigación por corrupción.

"No investigar va a hacer que no surjan nuevos casos para analizar", dijo a LA NACION Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, la ONG local que colaboró con la recopilación de datos.

Por su parte, el jefe de la Procelac, Carlos Gonella, declaró que "no es que la Argentina sea corrupta, sino que lo que dice el informe es que el Estado tiene debilidades en cuanto a los estándares de la convención". Según Gonella, la reforma del Código Penal, que no avanzó, contenía mejoras en línea con las exigencias de la OCDE.