El plan económico es pan para hoy y hambre para mañana

Marcos Buscaglia
Marcos Buscaglia PARA LA NACION
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22 de diciembre de 2019  

El plan económico presentado por el Gobierno incluye aspectos positivos y negativos, aunque estos últimos prevalecen ampliamente, ya que ataca una vez más a la creación de empleo, al ahorro, a las exportaciones, a la estabilidad de las reglas de juego y al sentido de justicia.

El aspecto positivo del plan es que los primeros indicios del Gobierno sugieren que buscará cuidar los equilibrios macroeconómicos. Esto no es poco. Aunque no es posible saber el impacto fiscal total del paquete, dado que hay pocas precisiones sobre el lado del gasto, parecería que apunta a reducir el déficit fiscal. Es decir, por más que se lo intente disfrazar, se trata de un ajuste fiscal destinado a generar recursos para pagarles a los bonistas y evitar así un default desordenado de la deuda. A diferencia de otros ajustes, incluye algunas medidas que benefician a la base de la pirámide social.

La suba de impuestos a las exportaciones, a los bienes personales, a la compra de divisas y gastos en dólares en el exterior, a los automóviles nuevos y otros, rendirán algo más de 1% del PBI con respecto a 2019. Además, el Gobierno suspendió las rebajas que estaban planeadas para 2020 en los impuestos al trabajo y a las ganancias. La reducción del IVA a los alimentos implementada por el gobierno anterior caduca a fin de este mes y no sería renovada; aunque el texto de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva autoriza al Gobierno a realizar devoluciones impositivas a los sectores más vulnerables, seguramente los ingresos fiscales del IVA subirán a partir de enero. Los aumentos impositivos no se restringen al orden nacional: las provincias también suspenderán las rebajas previstas en el Pacto Fiscal de 2017 de uno de los impuestos más distorsivos y antiproducción que tiene la Argentina: el que pesa sobre los ingresos brutos.

Del lado del gasto hay menos precisiones. Solo se sabe que el Gobierno lanzará una tarjeta alimentaria para familias de bajos ingresos con hijos menores de 6 años. Tendrá un costo aproximado de $60.000 millones, según cálculos oficiales. El otorgamiento de un bono a jubilados que reciben el haber mínimo (un pago de $5000 en diciembre y otro igual en enero) y a los receptores de la Asignación Universal por Hijo (un bono de $2000) implica unos $40.000 millones anuales. Es decir, en total un poco más de 0,3% del PBI entre ambas medidas. Más allá de esto, hay muy pocas precisiones. No se sabe si el costo del congelamiento de tarifas durante 180 días lo pagarán las empresas proveedoras de servicios públicos, el Gobierno, o una parte cada uno.

La otra gran incógnita es qué sucederá con las jubilaciones, las que a partir de la aprobación de la Ley de Solidaridad quedarán a merced del Poder Ejecutivo durante 180 días. La ley aprobada en medio de una gran conflictividad en diciembre de 2017 estipulaba que los haberes previsionales y los pagos de varios programas sociales como la AUH se ajustaban trimestralmente, de acuerdo con la evolución de la inflación (70%) y los salarios (30%), pero considerando los datos de dos trimestres atrás.

Es decir, el ajuste de marzo de 2020, por ejemplo, se haría utilizando la inflación entre julio y septiembre de 2019, y así sucesivamente. La consecuencia de esta indexación desfasada es que en períodos de aceleración de la inflación las jubilaciones perdían poder adquisitivo, y viceversa. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), cada 10 puntos de reducción de la inflación, el costo fiscal de la fórmula de indexación aprobada en 2017 es de aproximadamente 0,5% del PBI. Es decir, si el objetivo del nuevo gobierno en el marco del pacto social fuese reducir la inflación del 54% en 2019 al 40% en 2020, las jubilaciones y planes sociales aumentarían cerca de 10 puntos por encima de la inflación y el gasto fiscal crecería en 0,7% del PBI.

Esto nos lleva a pensar que la suspensión de dicha formula de indexación tiene el objetivo de licuar las jubilaciones el año que viene (por lo menos, las que estén por encima de la mínima) porque que, si se pretendiera una mejora, solo deberían dejar que funcione la ley de 2017.

Un aspecto negativo del plan económico es que, más allá de la licuación de las jubilaciones, el esfuerzo recae nuevamente sobre los contribuyentes, sin ningún ajuste al gasto público a la vista. Según el Gobierno, esto obedece a la lógica de que "los que más tienen" (los poseedores de activos en el exterior o con capacidad de viajar al exterior o, según presumen, los productores agropecuarios) sean solidarios con quienes menos tienen, en el contexto de una marcada desigualdad del ingreso y una elevada pobreza, en particular entre los más jóvenes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que dice Steven Pinker, el autor del best-seller La ilustración ahora: muchas veces se confunde desigualdad con injusticia. Los estudios más recientes de psicología sugieren que lo que le molesta a la gente en experimentos no es la desigualdad, sino la injusticia. Ciertamente, la existencia de tantos compatriotas con problemas de alimentación, falta de vivienda digna, educación y trabajo es un insulto al sentido de justicia y al proyecto de Nación. Pero también lo es la existencia de tanto despilfarro y corrupción en el gobierno en todos sus niveles.

Que el aumento de impuestos se dé al mismo tiempo que se vuelven a nombrar parientes y amigos en la administración pública, que se haga más evidente que hay jubilados de distintas clases y que se liberen tantos exfuncionarios procesados de un período que se percibe como altamente corrupto, es una afrenta al proyecto común de país, particularmente cuando la lógica sugiere que hay una vinculación clara entre el despilfarro y la corrupción en el sector público y la pobreza de tantos argentinos. Hay que hacer un esfuerzo para terminar con la pobreza, pero tiene que ser compartido. Este impuestazo no lo es.

Esta disquisición no es meramente política, sino que tiene implicancias sobre las chances de que la economía se recupere o no en 2020. La analogía con el impuestazo de José Luis Machinea en 1999 es muy clara. La llegada de Fernando de la Rúa al poder había generado mucha esperanza de que se mantendrían los aspectos positivos del programa de Carlos Menem y se corregirían los negativos. La economía se había empezado a recuperar desde mediados de año. En diciembre de 1999, sin embargo, el flamante ministro de economía aumentó fuertemente el impuesto a las ganancias personales. El shock al ánimo de los consumidores fue muy fuerte, en parte también por una percepción de injusticia sobre la repartija del ajuste. La economía empezó a perder dinamismo nuevamente, y el resultado es conocido. Si bien ahora las condiciones son distintas, porque el peso está más débil, lo que ayuda temporalmente a los exportadores y protege a quienes compiten con importaciones, y porque la política monetaria será más expansiva, la sensación de injusticia es más grande hoy que en 1999.

El otro aspecto negativo del programa es su impacto en el mediano plazo. Por un lado, los impuestos que tendrán aumentos son altamente distorsivos. Las retenciones afectan a los sectores más competitivos de nuestra economía y, en el contexto de la existencia del cepo cambiario, generarán un fuerte impacto en las exportaciones, tal como ocurrió entre 2011 y 2015. El aumento del impuesto a los bienes personales tendrá un impacto negativo en el ahorro, lo cual redundará en una baja de la tasa de inversión. El aumento de las indemnizaciones por despido tendrá un impacto negativo en la creación de trabajo. Es decir, se vuelve a implementar un modelo que está perimido.

Por otro lado, la Argentina se enfrenta a un nuevo vaivén en sus reglas de juego. Las regulaciones cambiarias, impositivas, del mercado energético y muchas otras están siendo modificadas. Este cambio no solo tiene la connivencia del Congreso, sino que este poder del Estado ha decidido hacerle concesiones al Ejecutivo, lo que aumenta más la incertidumbre sobre las regulaciones. La ley no vale nada en la Argentina, el Congreso muchas veces no es un efectivo mecanismo de control y la Justicia, tampoco. En este entorno, es muy difícil atraer inversiones, que son la base del crecimiento y de la creación de empleos de calidad. Podemos decir que el plan traerá, con suerte, pan para hoy pero, seguramente, hambre para mañana.

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