El proyecto para aumentar el subsidio en zonas frías tendrá un costo fiscal de $3000 millones
El oficialismo deberá revisar los números del proyecto de ley que propuso para expandir el subsidio a las tarifas de gas en zonas frías, que ayer tuvo media sanción en Diputados. Ya que si bien el interventor en el Enargas, Federico Bernal, indicó que la iniciativa para ampliar la cantidad de usuarios subsidiados de 780.000 a 4 millones no tendrá costo fiscal, las estimaciones privadas y de parte del Gobierno indican que tendrá un gasto extra de por lo menos $3000 millones al año.
El proyecto diseñado por Máximo Kirchner, titular del bloque Frente de Todos en Diputados, estipula que el dinero para ampliar el subsidio saldrá del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales, más conocido como Fondo Patagónico, que se abastece de un impuesto de 4,46% sobre el precio de compra del gas en boca de pozo. Para ampliar el fondeo, se aumentará este recargo a 5,4%.
En primer lugar, esto implica un costo mayor para aquellos usuarios que compran el gas de manera directa, como las industrias y los proveedores de GNC y de algunas usinas. Pero principalmente es un gasto mayor -de al menos $3000 millones por año- que tendrá que enfrentar Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica.
Desde el año pasado, Cammesa se encarga de comprar todo el gas que necesitan las usinas para generar electricidad. Si no hubiera subsidios en las tarifas de electricidad, el impacto del mayor costo de la compra del gas para la energía térmica implicaría un aumento en las boletas. Pero los usuarios apenas pagan la mitad de lo que cuesta la generación eléctrica, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Por lo tanto, será el Ministerio de Economía el que se hará cargo del mayor costo del gas.
Los clientes mayoristas, por su parte, que representan a los grandes comercios e industrias que adquieren la electricidad al costo de la generación, sin subsidios, verán un incremento. Esto genera una curiosidad: se ampliará un subsidio cruzado, ya que los consumidores de electricidad tendrán que aportar más recursos para financiar a los 4 millones de usuarios residenciales de gas.
“Desde lo fiscal va a tener un costo inicial anual de al menos 3000 millones de pesos, que se incrementará cuando la demanda prioritaria aumente y haya que comprar más GNL o gasoil para sustituir ese gas en generación eléctrica. Pero el principal problema es redistributivo: es un subsidio mal diseñado, con muchos errores de inclusión, ya que se subsidia también a personas de ingresos altos, y con un financiamiento que vendrá, en gran parte, de individuos pobres de otras regiones, de la industria y de impuestos o inflación, que pesan sobre los que menos tienen”, opinó el expresidente del Enargas Mauricio Roitman.
En concreto, la idea del proyecto es que se reduzca entre 30% y 50% el precio de las facturas de gas para usuarios de algunos municipios de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y Buenos Aires, que comenzarían a tener el subsidio que tiene la Patagonia por ser considerada “zona fría”.
Julián Rojo, economista del Instituto Mosconi, opinó: “El nuevo proyecto extiende y amplía el régimen [de subsidios a ‘zona fría’] por 10 años. Esto sucede con el Enargas intervenido, sin política tarifaria determinada (y con pocas expectativas de un sendero gradual de actualización) y con un panorama de bajas inversiones por el congelamiento de tarifas”.
Otra paradoja que genera el proyecto es que se subsidia a la zona del país que menos nivel de incidencia de pobreza crónica tiene, según mostró en un mapa comparativo de la Argentina el economista Julián Folgar, sobre la base de datos del Indec.
Además, genera un precedente para que surja otro proyecto de ley, que el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, ya está diseñando: que los usuarios de electricidad del nordeste argentino paguen un precio subsidiado en verano ya que, por las altas temperaturas, consumen más electricidad para la refrigeración.
Un informe realizado por los economistas Santiago Afonso y Nicolás Gadano, exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, estima que el costo total del proyecto sumaría entre $21.000 y $35.000 millones anuales sin entrar en detalle de cuánto de ese total correspondo a gasto fiscal. Sin embargo, destacan que los mayores subsidios harán que “se incremente fuertemente” el consumo de gas. “Esto hará que aumenten las importaciones de gas e indirectamente los subsidios por el déficit de oferta marginal; y que aumenten los precios (sobre el contrafactual) para el resto de consumidores (residenciales, industriales y Cammesa)”, indicaron.