El quebranto es mayor de lo que se supone

Alberto Enrique Devoto
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29 de julio de 2014  

Dado que ha habido cambios en la conducción de la Secretaría de Energía, tal vez resulte oportuno recordar algunos de los graves problemas que enfrenta el sector. En este caso, ver qué pasa en Cammesa, la empresa administradora del mercado eléctrico, porque está económicamente quebrada y sobrevive gracias a los aportes financieros que hace el Tesoro para sostener un sistema que los dilapida para mantener una política energética equivocada.

Esta realidad puede observarse a partir de sus resultados: baja calidad del suministro eléctrico; la brecha creciente desde 2003 a hoy entre disponibilidad de nueva capacidad de generación y demanda, y los elevados niveles de indisponibilidad de la capacidad de generación. Resulta insostenible en 2014 la insistencia en mantener la distorsión tarifaria entre las distintas regiones del país, que tiene como consecuencia la crónica cesación de pagos de las empresas distribuidoras, en especial Edenor y Edesur, necesitadas de aportes del erario para evitar su colapso definitivo. Eso conducirá a reconocer una tarifa muy superior a la que habría resultado si las obras necesarias se hubieran encarado en forma eficiente.

Son estos sobrecostos en las nuevas obras que graciosamente reconoce el actual gobierno y derivan en precios irrazonables que se reconocen al generador eléctrico, una de las causas de los enormes subsidios. Como hemos expuesto los ex secretarios, si bien es un hecho destacable que la central Atucha II pueda entrar en operación, el excesivo gasto de US$ 3200 millones (en lugar de los US$ 700 millones presupuestados en 2004) se traducirá en aumentar el quebranto de Cammesa, debiendo reconocer, una tarifa al generador 400% superior a la resultante de haberse ejecutado la obra de acuerdo con el presupuesto previsto originalmente.

En el futuro, los compromisos que asumiría el actual gobierno con China a través de su Banco de Desarrollo para viabilizar la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa (por la misma empresa constructora que tuvo a cargo la conclusión de Atucha II) sin tener en consideración el costo no incluido de las líneas de transmisión eléctricas, necesarias para llevar la energía hasta un centro de consumo.

También preocupa el caso de las centrales térmicas cuyas tarifas reflejan parcialmente los costos reales. Por ejemplo, la elevada tarifa reconocida a la electricidad producida por las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López (cuyo costo real superó 300% el presupuesto en dólares previsto al momento de la contratación) refleja los sobrecostos facturados por las obras, pero no la totalidad de los costos derivados de su operación. Es la misma Cammesa la proveedora del combustible que se aplica a su funcionamiento. Un tema de particular relevancia dado el impacto negativo sobre el conjunto de la economía que ha producido la política energética de este gobierno.

Desde 2007 la Argentina importa gas natural líquido en cantidades cada vez mayores sin una planificación adecuada y a precios muy por encima de los habituales en el mercado internacional, producto de la pésima gestión en materia de hidrocarburos, que incluso llevó al país a perder el autoabastecimiento.

En 2013 el total de la producción local de gas natural equivalía prácticamente al total de la demanda de usuarios residenciales e industriales, de modo que la demanda de las generadoras eléctricas podría computarse como satisfecha con gas importado a precios entre tres y cinco veces mayores al del gas nacional. Pese a eso, en momentos de pico de demanda, este combustible tampoco está disponible para alimentar las usinas térmicas, que deben ser alimentadas con combustible líquido, también importado. Desde aquel 2007 al 2012, el período de sustitución de gas por combustibles líquidos se amplió hasta alcanzar los siete meses acumulados promedio por año, cuando durante los cincos años previos este período no presentaba mayor relevancia. De modo que el quebranto de Cammesa es mayor al reconocido en libros, debiendo sumarse a los números en rojo los costos derivados del uso de combustibles irracionalmente caros.

En esta misma dirección está orientada la contratación propuesta por Enarsa de alrededor de 500 MW de capacidad, mediante pequeñas turbinas diseñadas para utilizar gas, pero que también pueden emplear gasoil con muy bajos niveles de eficiencia, cuyo costo oculto será de casi 1250 millones de dólares anuales más, por importaciones de combustibles, y ello sin considerar los costos de arrendamiento.

Consideración aparte merecería la forma en que se adjudican licitaciones de transformadores, privilegiando una producción local de baja capacidad y calidad y con precios elevados respecto de otros proveedores internacionales.

El Gobierno ha asumido una conducta constante desde su intervención en el sector energético, declamando la defensa del usuario como parte del relato, pero con resultados concretos que muestran lo contrario. Los cortes de fines de 2013 representan la punta del iceberg de las erradas decisiones de esta administración en materia eléctrica; el quebranto de Cammesa es la gran masa de hielo sumergida.

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