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El servicio del agua, con escaso control
La compañía estatal que lo presta, AySA, funciona sin marco regulatorio, conducida por Planificación
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LA NACIONDiego Cabot
El servicio de agua potable de la Capital Federal y de 17 municipios del conurbano bonaerense no tiene bases sólidas. Más aún, hasta febrero por lo menos, seguirá en una suerte de limbo jurídico. Y el Gobierno lo sabe. De hecho hizo una de las jugadas más viejas de la democracia: intentar aprobar una ley entre gallos y medianoche, horas antes de la Navidad, cuando son pocos los que miran qué pasos se dan dentro del Congreso.
Se trata de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que desde el 21 de marzo funciona legalmente apenas con el decreto que la creó y que le ordenó cumplir con la tarea que hasta ese momento hacía Aguas Argentinas, del grupo francés Suez. Nada más.
No hay plan de obras aprobado, tampoco presupuestos ni ente regulador y menos aún un marco regulatorio que le otorgue legitimidad.
Justamente eso es lo que envió de apuro el Poder Ejecutivo al Congreso para tratar de iniciar el año con algo más de prolijidad. Pero fracasó.
El miércoles pasado, un error de cálculo del kirchnerismo provocó que la Cámara de Diputados se quedara sin quórum en la última sesión del año, cuando pretendía convertir en ley el marco regulatorio de AySA. La obediente tropa kirchnerista no pudo sacar la ley.
La importancia es tal que el proyecto que dormirá la mayor parte del verano en el Congreso reconoce que luego de la "creación de una sociedad anónima de propiedad mayoritaria estatal denominada AySA para asumir la prestación de los servicios [que antes daba Aguas Argentinas], se impone la necesidad de readecuar el modelo regulatorio del servicio, lo cual exige, en primer término, consagrar un nuevo diagrama institucional, en el cual el Ente Regulador tiene un papel clave".
Hay algunos abogados especialistas en derecho administrativo que sostienen que AySA -que si bien es una sociedad anónima tiene al Estado como accionista mayoritario- no tendría legitimidad ni siquiera para cobrar las facturas del servicio.
Precariedad jurídica
¿Cómo es eso? "El problema radica en la precariedad de la empresa en términos legales -razonó un abogado que dedica sus días a tratar con empresas de servicios públicos-. El Estado rescindió una concesión y se la entregó a una sociedad anónima (SA). Pero cuidado, no volvió a la esfera del Estado. En ese caso no habría problemas. Pero es una SA, por lo tanto debería tener algún marco regulatorio o un título."
Según su visión, si cualquiera de los usuarios de AySA se presentara en la empresa y le exigiera que demostrara dónde están sus facultades para recaudar, la compañía estaría en serios problemas para demostrar que puede cobrar. "Ese decreto no alcanza", razonó un consultor. En octubre, el Gobierno se comprometió a enviar al Congreso el marco regulatorio de AySA. Pero finalmente la norma llegó al Parlamento casi con la Navidad, aunque sucumbió ante un Congreso que estaba con ganas de cerrar el año.
Ahora bien, ¿qué era lo que los diputados kirchneristas iban a aprobar? El nuevo régimen establece que el Estado entregará a AySA el servicio de agua potable y cloacas en concesión. "Los servicios a cargo de la concesionaria [como llama el proyecto de ley a AySA] son otorgados en concesión", afirma el artículo 18 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Será, sin dudas, esta cuestión una discusión jurídica sobre si el Estado puede dar una concesión a un sociedad anónima como adjudicación directa. "El Estado debería haber llamado a una licitación o haberse quedado con el servicio", dijo un profesor de derecho administrativo que prefirió no dar su nombre porque trabaja con varias privatizadas.
Sucede que por tratarse de una sociedad anónima, los controles, algunos reglamentos y, por sobre todas las cosas, las contrataciones no se rigen por las normas del derecho público como sí lo hace el resto de la administración pública.
Apenas el artículo 118 de la ley -a cuatro del final- se refiere a las contrataciones. Lo primero que establece es que deberán ser de origen nacional y luego que deberán ser realizadas "previa licitación u otro procedimiento competitivo comparable de precios de conformidad con el reglamento que apruebe el directorio". Con está fórmula la empresa deberá canalizar los 17.600 millones de pesos hasta 2020 que anunció el Gobierno como inversión proyectada.
Por Diego Cabot
