Blanqueo de personal y fondo de cese laboral, las prioridades de 2019
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LA NACIONPaula Urien
Como si hubiera sucedido una revolución en lo que fue ministerio y ahora es Secretaría de Trabajo, los cambios se sucedieron tan vertiginosamente que, aun puertas adentro, reinó la confusión después de que la temida palabra "reestructuración" se hiciera presente.
Con el superministro Dante Sica a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo, con las secretarías de Trabajo y Empleo y de Agroindustria bajo su paraguas, la cartera laboral se está acomodando a los cambios, que incluyeron nuevas autoridades.
Jorge Triaca dejó la cartera que ocupó primero como ministro y después como secretario de Trabajo, (lo mismo que su segundo, Horacio Pitrau, que tenía el cargo de secretario de Trabajo hasta que la cartera cambió de estatus). Fue nombrado en esta posición, secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, quien todavía no hizo declaraciones públicas. Tal como publicó LA NACION, en abril de 2018 Fernández Aparicio había desembarcado de la mano de Marcos Peña y Guillermo Dietrich para hacerse cargo de la Secretaría de Atención Ciudadana y Servicios Federales tras la crisis de Triaca por los nombramientos irregulares en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). En septiembre dejó su cargo, para volver finalmente en reemplazo del mismo Triaca.
Por su parte, Miguel Ángel Ponte, que fue secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo y que tuvo una participación muy activa en los proyectos que se presentaron en el Congreso relacionados con capacitación para el trabajo ya desde la secundaria a través de un nuevo régimen de pasantías y propició una muy cercana relación entre la escuela, los institutos de capacitación y las empresas, fue reemplazado por Fernando Premoli.
Ninguno de los proyectos presentados por Trabajo desde la asunción del presidente Mauricio Macri, algunos de los cuales estaban consensuados con empresarios y también con la dirigencia sindical, tuvieron salida en el Congreso.
Ahora, las nuevas autoridades preparan un nuevo round que se niegan a llamar "reforma laboral", y que implica ir solo por dos puntos que consideran esenciales: el blanqueo y el fondo de cese laboral. "Está por verse", confirman en la Secretaría de Trabajo y Empleo, si también van por una suerte de paso en limpio en materia de indemnizaciones, para que empleados y empleadores tengan claro (no como sucede hasta el momento, con el choque entre la legislación y su interpretación a través de fallos) qué entra y qué no en el cálculo a la hora de la finalización de la relación laboral.
¿Qué dice el proyecto que (por ahora) no tendrá modificaciones?
1- Blanqueo: uno de los temas que más preocupan. Según los últimos datos del Indec, un 34,3% de los asalariados no tiene descuento jubilatorio. Se trata de un tercio de quienes trabajan en relación de dependencia.
- Sujetos comprendidos: con excepción del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley.
- Se puede rectificar la remuneración real y/o la fecha de inicio real de la relación laboral.
- No habrá sanciones ni multas.
- Los trabajadores incluidos en la regularización tendrán derecho a computar hasta sesenta (60) meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil vigente. Aquí, un punto conflictivo por el tope.
- El plazo es de un año para adherirse (si se sanciona la ley).
- El empleador que no registre una relación laboral abonará a los Organismos de la Seguridad Social una multa equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVyM) vigente por cada período mensual no registrado o el que proporcionalmente corresponda.
2- Las entidades representativas de los empleadores, junto con las asociaciones sindicales representativas de los trabajadores, signatarias de convenios colectivos de trabajo, podrán establecer a nivel convencional la constitución de un Fondo de Cese Laboral Sectorial para la actividad, con el objeto de asumir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa.
- Será administrado por un ente sin fines de lucro, de conducción bipartita y control por una sindicatura cuyo titular será designado por la autoridad de aplicación.
- El monto del aporte mensual a que se encuentra obligado el empleador deberá establecerse sobre un porcentaje de la remuneración mensual que perciba el trabajador en concepto de salario básico convencional y adicionales remunerativos y no remunerativos previstos en la convención colectiva de trabajo de la actividad. Se incluyen para su cálculo las sumas y los incrementos generales, de carácter remunerativo y no remunerativo, que pueda disponer la autoridad pública.
"Se van a presentar estos dos grandes temas en el Congreso a la brevedad", dicen desde la Secretaría de Trabajo. "En el arranque de las sesiones ordinarias debería debatirse". Ante la pregunta sobre por qué no salió esta ley anteriormente, ya que beneficia a los gremios al lograr mas afiliados, la respuesta fue "creemos que fue por una cuestión política. Un tercio de los trabajadores está en la informalidad. Esta ley beneficia a todas las partes, ya que se les reconocen aportes y tienen por delante cobertura de salud y seguridad social".
Por su parte, el fondo de cese laboral intenta parecerse al sistema que tiene el sector de la construcción, pero "todos los sectores tienen que estar de acuerdo, no es obligatorio. Este fondo intenta darle previsibilidad al empleador".
Queda "en el tintero" qué es lo que va a pasar con las indemnizaciones, un tema que por ahora no está presente en el proyecto que está en la gatera. El año pasado les hizo mucho "ruido" a los gremios que se intente poner un coto a las indemnizaciones, aunque desde el Gobierno se defendieron diciendo que se trataba sobre todo de temas de salarios gerenciales (bono, auto, teléfono etc.). Sí estaba presente el recorte del aguinaldo en el cálculo de las indemnizaciones por despido, a lo que altas fuentes oficiales respondieron a LA NACION que era un punto en el cual estaban dispuestos a negociar.
El director del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, Pablo Dragún, adhiere a la idea del Gobierno y de varios sectores sobre la importancia de que los trabajadores estén debidamente registrados. "En algunos sectores hay más informalidad que en otros. Las grandes empresas, con una alta productividad, es muy difícil que tengan trabajadores sin registrar. Aquellos que tienen mayores costos, una baja escala de producción, establecimientos pequeños, e industrias como la del calzado, aserraderos, indumentaria son más débiles y tienen bajas posibilidades de acceder a un crédito. Allí la informalidad es mucho mayor y más aún con un mercado interno deprimido".
Agrega que el blanqueo "puede ser positivo, sobre todo para cuando los niveles de actividad sean mayores". Por otro lado, advierte que "el alto costo para contratar hace que caiga el nivel de empleo. En estos momentos notamos que es mayor el egreso de personal que su ingreso en las empresas. La gente que se queda sin trabajo queda desempleada o ingresa al mercado informal".
Los costos laborales no salariales siguen siendo demasiado altos, un tema para rever si es que se quiere lograr el ingreso de más personas a la formalidad. "Es muy difícil pensar en contratar gente con estos costos, pero también hay otro problema: el constante cambio en las reglas de juego". Como conclusión, es positivo el blanqueo, pero para que haya una mayor adhesión habrá que apostar a la reactivación, a la baja de tasas y a la revisión de costos laborales.
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