“Roban, pero hacen”, una cultura de décadas que va más allá de los desfalcos del Estado
Hay consenso en llevar a la Justicia a los privados que hagan negocios fraudulentos
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La corrupción, se ve, arrasa con el ámbito público y el privado también. En este ataque de frente al desarrollo sostenible nadie parecería ser inocente, ni los mismos ciudadanos. Un caso cercano es el de Odebrecht en Brasil, con su efecto dominó de sobornos y acuerdos que sólo beneficiaron a un puñado, y otro más alejado es el de la ahora ex presidenta de Corea del Sur, que acaba de ser destituida por tráfico de influencias y otros cargos.
No es ninguna novedad que la corrupción en nuestro país es estructural, que el escepticismo respecto de poder disminuirla es grande y que la condena al delito casi no existe.
El propio presidente revió la decisión que beneficiaba al Correo Argentino para sostener la hoja de ruta que él mismo planteó al asumir, e impulsa ahora la sanción en el Congreso de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que apunta a penalizar la corrupción corporativa desde su figura jurídica. El proyecto de ley, elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA) y otros expertos, incluye sanciones para las empresas que van desde multas hasta quite de la personería jurídica.
En el seminario El Impacto de la Corrupción en la Economía y las Empresas, organizado por la Cámara Argentina de Comercio, Zenón Biagosch exigió hacia la corrupción tolerancia cero. “Se era buen tipo si se conseguía trabajo para gente no capacitada, era lo natural y aceptable”, dijo el ex presidente del Banco Central, quien es hoy presidente de Fidesnet-Professional Advisory. Laura Alonso, titular de la OA, reforzó la idea de Biagosch: “Todos tenemos ganas de vivir del Estado; hay una matriz cultural que avala sacarle un contrato, una licencia, lo que se pueda”.
Los testimonios que describen este descontrol sobran, y en todos los escalafones. “En mi despacho encontré fantasmas, gente que cobraba un sueldo sin siquiera aparecer, y otras personas que creían que cumplían su función solamente por venir a trabajar”, cuenta Valeria, funcionaria del Ministerio de Educación que asumió con la nueva administración.
Pequeños grandes pasos
En la Argentina, hasta ahora, las sanciones parecen no funcionar. Bastan el caso IBM-DGI, que recién después de 22 años se elevó a juicio, o el caso Gostanian para demostrarlo. “Decidimos en este marco invertir en hacer modificaciones institucionales profundas, duraderas, que no puedan cambiarse fácilmente”, explica Alonso.
Un ejemplo es el decreto de datos abiertos, que exige documentar electrónicamente todas las decisiones que está tomando el Gobierno porque el papel es un buen amigo de la corrupción justamente porque tiende a apilarse y perderse. Otro es la ventanilla única del comercio exterior, que apunta a evitar la maraña burocrática que genera opacidad y desincentiva la inversión. Alonso insiste en lo difícil que resulta a los funcionarios entender que la información es básicamente de acceso público.
“Cuando la multijurisdicción no tiene explicación sensata a la luz de los negocios que se están haciendo, se necesita saber quién es el accionista, conocer a las personas jurídicas, para saber si atrás del andamiaje hay funcionarios públicos beneficiándose”, precisa María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien agrega que una resolución de la UIF establece que no sólo los funcionarios públicos, sino también sus allegados, requieren un debido escrutinio. Biagosch reconoce que la administración actual tiene buenas iniciativas para combatir la corrupción, como el rechazo a aceptar regalos y viajes por parte de los funcionarios, pero advierte sobre la necesidad de que sea más rigurosa al implementarlas.
Los principales jugadores
“La corrupción envenena la democracia y produce el descreimiento de la población”, opina Gustavo Beliz, director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Beliz explica que según un reciente estudio de campo hecho en 18 países de la región sobre la percepción que se tiene de la corrupción en América latina, los argentinos son quienes menos optimismo muestran en la posibilidad de erradicarla de la política (un 10% por debajo del promedio regional que es del 50 por ciento). “Roban, pero hacen” son palabras frecuentes entre los ciudadanos locales. “Mientras América latina no resuelva el financiamiento de la actividad partidaria y de las campañas, esta pelea no podrá ganarse”, concluye el ex ministro de Justicia.
Biagosch responsabiliza al sector privado por igual. “En la Argentina la corrupción no es un modus operandi exclusivo del gobierno; nuestra clase política es un emergente de nuestra sociedad y el rol privado no es entonces marginal”, afirma. La corrupción permite que se instale el narcotráfico, que no sólo compra voluntades, como puede ser la de un niño para que actúe de dealer, sino que por su lógica imperialista impone sus propias condiciones. El lavado de dinero que trae aparejado busca simular licitud, pero afianza la economía del delito. Biagosch cuenta que hace tiempo que forma parte de la Asociación de Examinadores de Fraude y que, curiosamente, la organización nunca recibió el auspicio permanente de una empresa.
El periodismo, otro brazo clave en la lucha contra la corrupción, también tiene su cuota de responsabilidad según Alonso. “Falta profesionalismo, no se chequean las fuentes, se reproducen informaciones falaces y, además, el periodismo de investigación es mínimo porque la mayoría se dedica al chusmerío”, detalla.
Salida de largo plazo
¿Cómo puede ser que en 2015 en Holanda se hayan cerrado 14 prisiones?, le preguntó su hijo de 13 años a Biagosch. Llegar a una situación así de positiva exige a un país tiempo y esfuerzo, respondió Biagosch. Y para lograrlo hay que atender las coyunturas, pero sobre todo no descuidar el mediano plazo. Es un trabajo que requiere disciplina y ética.
El gobierno de Macri tomó al ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como un atajo para acelerar su agenda de integridad y transparencia, pero todavía falta un camino por recorrer para que esto se haga efectivo.
Para empezar, la OCDE declara como fundamental la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que todavía no se trató en el Congreso.
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